FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Cumbre autonómica sobre violencia de género en Valladolid, con presencia de la FEMP


Representantes de las 17 Comunidades Autónomas participan en Valladolid en la cumbre autonómica sobre violencia de género que dio comienzo ayer, en la que también participa la FEMP. En esta reunión está previsto que se apruebe una posición común sobre esta lacra social que será incorporada a la propuesta de Dictamen que el Presidente del Gobierno castellano y leonés, Juan Vicente Herrera, defenderá ante el Comité de las Regiones.


El Consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, y el Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón Beltrán, presidieron la primera jornada de esta cumbre en la que tanto los representantes autonómicos como locales presentarán sus propuestas de mejora del documento que llegue al Pleno del Comité de las Regiones durante el segundo semestre del año. El objetivo es lograr una posición común que sea fiel reflejo del trabajo que realizan las Comunidades Autónomas sobre el terreno para combatir la violencia contra las mujeres y ofrecer la mejor protección a las víctimas de esta lacra social. La participación de la FEMP también es fundamental para trasladar al ámbito local y provincial los contenidos del Dictamen.

El pasado 9 de abril, tras mantener una entrevista con el presidente del Comité de las Regiones, Luc Van den Brande, el Presidente de Castilla y León anunció la presentación de la propuesta de Dictamen y detalló las principales medidas contempladas en él. Entre ellas, destaca la necesidad de aumentar las medidas de protección y seguridad de las mujeres que padecen violencia de género, así como la de aumentar las acciones de formación y preparación de quienes están involucrados profesionalmente en este problema, ya sea en los sistemas sanitario, educativo, judicial o cualquier otro, con el objetivo fundamental de poder prevenir los posibles casos de violencia doméstica. Asimismo se plantea la posibilidad de formar unidades especiales dentro de los distintos sistemas de seguridad, sanitarios y sociales que atienden a las víctimas.

La propuesta incluye también medidas dirigidas al conjunto de la ciudadanía residente en la Unión Europea para que aumente su sensibilización y se impliquen con mayor intensidad en las posibles soluciones. De hecho se plantea reforzar la educación en la igualdad de oportunidades en las escuelas así como el respeto de las diferencias, la realización de campañas contra los malos tratos o la promoción de programas específicos de carácter terapéutico con los hombres agresores.

AsImismo, se propone la realización de programas de integración sociolaboral de las mujeres víctimas de malos tratos, así como actuaciones que permitan su seguimiento psico-sanitario, instándose también a promover el intercambio de buenas prácticas entre los Estados Miembros.

En este sentido, el Dictamen recomienda la realización de un diagnóstico sobre la situación en Europa mediante investigaciones sobre las causas, consecuencias y costes de la violencia contra la mujer y sobre las medidas de prevención eficaces; recopilación de datos estadísticos homogéneos y comparables entre los países miembros sobre violencia y políticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y la realización de estudios a nivel europeo para conocer la magnitud del problema.

Por otro lado, la propuesta de Dictamen también hace referencia directa al papel que pueden y deben jugar en todo este proceso los entes regionales y locales ya que son los más cercarnos a la ciudadanía y por lo tanto los que tienen una mayor capacidad para trasladar valores y aplicar políticas económicas, educativas y sociales con efectos visibles en la vida diaria. Por este motivo, subraya el documento, tienen “una gran responsabilidad” y cuentan “con mucha experiencia, buenas prácticas y programas destinados tanto a las víctimas como a los autores de los delitos”.

Una vez superado ese trámite sólo quedaría por delante la aprobación definitiva del documento en el Pleno del Comité de las Regiones algo que tendrá lugar previsiblemente en el mes de octubre.