FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Los resultados de este informe, que han sido presentados en Madrid por el Presidente de la FEMP, Pedro Castro, y el titular de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, ponen de manifiesto que una cuarta parte del presupuesto liquidado de Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se destina a servicios y actuaciones que no son de su competencia o que llevan a cabo supliendo a otras administraciones. Un gasto por el que no reciben financiación alguna.

 

Mediante el gasto no obligatorio los ayuntamientos consiguen garantizar la calidad, la equidad y la eficiencia en los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, garantizando el derecho a acceder a servicios similares con independencia del territorio de residencia. El gasto no obligatorio no quiere decir que no sea imprescindible para los ciudadanos. Se denomina así a las inversiones en ciertos servicios según los tramos de población.

Según el estudio, el gasto no obligatorio financia servicios esenciales de políticas y de funciones públicas de alto interés público y social. La proporción del gasto que los Ayuntamientos destinan a servicios no obligatorios se ha mantenido estable en el tiempo y es similar en municipios grandes y pequeños. Los ámbitos en que más se invierte son seguridad y protección civil, cultura, promoción social y otros servicios comunitarios y sociales.

El principal destino de este gasto, según los autores del informe, se concentra en cuatro áreas: seguridad y protección civil, queabsorbe el 29,6% del gasto no obligatorio, cultura, que absorbe el 25,7%, promoción social, que supone el 11,9%, y otros servicios comunitarios y sociales, un 8%.

 

Los resultados de este estudio reflejan con claridad el problema estructural que tienen los Ayuntamientos españoles, según ha expresado el Presidente de la FEMP, Pedro Castro, durante la presentación de este trabajo. “No sólo no recibimos un euro de forma incondicionada de las Comunidades Autónomas, sino que, además, tenemos que suplir sus carencias”, afirmó.

 

Pedro Castro también señaló que “así no se puede seguir” y que es urgente reformar tanto el sistema de financiación como definir, con claridad, el marco competencial de los Gobiernos Locales. Para ello, añadió, hay una condición “imprescindible e ineludible”: “las Comunidades Autónomas tienen que desarrollar el mandato constitucional de contribuir a la financiación incondicionada mediante la regulación de las PICAS”. De otro modo, finalizó, “el modelo institucional español quedaría cojo y sería injusto para una de sus partes”.

 

Para la realización del estudio, el Instituto de Economía de Barcelona ha utilizado la base de datos disponible sobre la clasificación funcional y económica del presupuesto de gastos de una muestra de 6.664 municipios de toda España, el 82% del total, proporcionada por el Ministerio de Economía y Hacienda, correspondiente a la liquidación de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007.

 

Esta misma entidad universitaria ya realizó un informe anterior similar referido a la liquidación del ejercicio 2003 y, ahora, con este precedente, los autores han trabajado con la media del periodo comprendido entre ese año y el 2007.

 

Las conclusiones del nuevo informe señalan también que el gasto no obligatorio de los municipios españoles es un gasto fundamentalmente corriente (el 79,6%), y dentro de éste el destinado al pago de remuneraciones de personal (41,0%).  No obstante, cabe destacar que un 18,3% del gasto no obligatorio fue destinado a inversiones reales.