Las crisis migratorias obligan a las personas a huir de sus países devastados por conflictos, como única salida para escapar de la guerra, la opresión, el hambre y la miseria. Esta situación, que hoy es la prioridad de los dirigentes de la UE y del resto de Administraciones a nivel estatal, autonómico y local, no es nueva, pero ha alcanzado cifras históricas y llama a la puerta de cada uno de los países miembros de Europa.

Según datos de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), entre enero y julio de este año, han entrado en la Unión Europea 340.000 personas, de modo que se ha triplicado la cifra registrada en ese mismo período de 2014.

Los solicitantes de asilo durante 2014 y 2015, atendiendo a los datos publicados por Eurostat, han sido: los procedentes de Siria, 199.960 personas; de Kosovo, 101.350; de Afganistán, 80.350; de Eritrea, 63.445, y de Serbia, 48.435. ACNUR (Agencia de Refugiados de Naciones Unidas) cifra el número de muertes en más de 2.500 personas.

Ante este drama humanitario, las autoridades europeas se enfrentan a la que ha sido calificada como la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y, en consecuencia, ante el mayor reto para encontrar soluciones urgentes que implican una política común de asilo y de cooperación internacional.

El Gobierno Central debe seguir instando a la UE a llevar a cabo esa política común por encima de la situación económica de los países miembros, que defina la cuota del número de refugiados para el territorio, siempre en pro de la defensa de los derechos humanos, la libertad y la acogida de las personas, y encajando esta medida en el marco de los acuerdos y acciones que determine la UE.

En esta línea de trabajo, se ha creado la Comisión Interministerial y se ha citado desde el Gobierno Central a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias, al objeto de ordenar el proceso y articular la acogida de refugiado.

Es fundamental enfocar la respuesta a este drama a través del estudio de soluciones estables, no improvisadas, que implican el análisis de los problemas sociales en los países receptores, principalmente en materia de vivienda, salud, educación, empleo y seguridad, tratando de garantizar los recursos para dar cobertura a las necesidades básicas y facilitarles unas condiciones dignas de vida.

El Gobierno Central debe comenzar un diálogo con la Comisión Europea, la FEMP, los Gobiernos autonómicos y las organizaciones especializadas en la protección y ayuda a refugiados para diseñar con urgencia un Plan Estatal de Atención y Ayuda Humanitaria a Refugiados. El Plan debe asegurar medios y recursos económicos a los Gobiernos Locales para la recepción, acogida e integración social de los refugiados.

En atención a lo expuesto, proponemos los siguientes:

ACUERDOS 

      Que corresponde a la Federación Española de Municipios y Provincias la interlocución con el Gobierno de España de la ayuda municipal a los refugiados. A través de su Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado, los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares podrán acceder a la información actualizada que se genere en este proceso y podrán plantear su ofrecimiento de recursos.

Que la Federación Española de Municipios y Provincias realizará un único inventario de todos los recursos que los Gobiernos Locales estén en disposición de proporcionar. Dicho inventario será proporcionado al Gobierno de España en aras de ofrecer una respuesta coordinada y eficaz a la crisis humanitaria planteada.

Que este inventario de recursos que se canalizará a través de la FEMP será puesto a disposición del Gobierno para que en colaboración con las entidades del Tercer Sector se organice adecuadamente la ayuda al refugiado.

Que la Federación Española de Municipios y Provincias participe en la elaboración y ejecución de un Plan Estatal de Atención y Ayuda Humanitaria a Refugiados, en el ámbito de las competencias del régimen local, que permita desarrollar esta política comunitaria en España a largo plazo.