Las administraciones públicas, de manera similar a las organizaciones privadas, necesitan periódicamente replantearse y adaptar sus fines, sus estrategias y sus métodos a las cambiantes demandas y necesidades sociales. Dicho de otra manera, necesitan en definitiva, actualizar su propio proyecto para adaptarse a los cambios de la sociedad, y ser capaces de cumplir los fines que la sociedad y los ciudadanos les atribuyen.

Así lo han entendido una parte significativa de los entes locales españoles, especialmente aquellos más dinámicos y preocupados por dar respuesta a las exigencias ciudadanas. En torno al 70% de las ciudades españolas mayores de 75.000 habitantes han acometido ya planes estratégicos o de desarrollo en diferentes modalidades. También algunas Diputaciones y Cabildos, y no pocas Mancomunidades rurales, han acometido planes de desarrollo estratégico municipal o Comarcal. La planificación estratégica es hoy ya una herramienta habitual para buena parte de nuestras organizaciones públicas locales.

La propia Federación Española de Municipios y Provincias, como representante del conjunto de los entes locales españoles, no podía ser ajena a esta necesidad y a nuestro devenir histórico. Han pasado casi 30 años desde la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas y de la propia fundación de la Federación, y sin duda es un buen momento para reflexionar y actualizar nuestra misión, visión y valores -si fuera necesario-, y sobre todo para adaptar las formas de actuación de la FEMP a las necesidades de nuestros socios y a los retos que la sociedad plantea a los entes locales. Así lo ha entendido nuestra Comisión Ejecutiva al aprobar la elaboración de un Plan Estratégico.

Este plan tiene necesariamente que incorporar la trayectoria y reflexión histórica del municipalismo español. De las primeras elecciones democráticas surgieron unas Entidades Locales representativas a las que la Constitución atribuía la autonomía local y la suficiencia financiera. Los primeros años fueron de transformación radical de nuestros pueblos y ciudades a la vez que se sentaban las bases de su régimen jurídico y financiero. Dos hitos legislativos marcaron la primera década del nuevo status local: la Ley de Bases del Régimen Local (1985) y la Ley de Haciendas Locales (1988), todo ello en un contexto en el que ya estaban aprobados los primeros Estatutos de Autonomía.

En estos años se ha desarrollado el mayor proceso descentralizador producido en la historia de España. Este proceso, dilatado en el tiempo, ha hecho posible la época más prolongada y sostenida de progreso económico, social y democrático en nuestro país, pero a la vez ha generado algunas notables disfunciones en nuestras instituciones: bajo la inercia de las demandas ciudadanas, los entes locales han ido asumiendo no pocas competencias atribuidas a otras administraciones territoriales (las denominadas impropias) a la vez que su participación en el porcentaje del gasto de las administraciones públicas no ha variado sustancialmente. Por otra parte, hasta el momento actual el legislador estatal ha ido introduciendo sucesivamente nuevas competencias (las más recientes las relacionadas, por ejemplo, con la ley de dependencia) sin acompañarlas de la financiación correspondiente, produciéndose un desajuste cada vez mayor entre lo legal y lo real.

Estudios recientes cifran estos "gastos impropios" en torno al 30% del gasto total local. Asimismo, si tomamos como referencia los gastos comparativos con nuestros socios europeos, el último dato disponible del gasto local por habitante para la UE era de 2.550 €, mientras que en España el dato en la misma fecha era de 950 €. En la misma línea, investigaciones más recientes sobre el peso relativo del sector público local, respecto al total de las Administraciones, lo colocan en porcentajes que oscilan entre el 12,15 y el 16% según las fuentes, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa entre el 22,9 y el 24,4%, y de países de nuestro entorno como Reino Unido o Italia, que oscilan entre el 27 y el 31%.

Es por todo ello que la FEMP, desde la ya lejana asamblea extraordinaria de La Coruña (1993), viene reclamando un ajuste y clarificación de competencias para los Gobiernos Locales, y a la vez, que se incremente su financiación por parte del resto de las Administraciones Públicas.

Más recientemente, con ocasión del 25 aniversario de la FEMP en el año 2004, se formularon una serie de retos para el municipalismo del siglo XXI resumidos en la llamada Carta o Decálogo de Vitoria: competencias, modelo de financiación, modernización y calidad en la función pública local, gobernanza y relaciones intergubernamentales, posición institucional de la FEMP, etc.

Llevamos varios años desarrollando una reflexión estratégica de calado y profundidad, apoyada en datos, estudios y posicionamientos logrados con un amplio consenso entre las fuerzas políticas, lo que constituye sin duda uno de los valores y señas de identidad de esta Institución.

Por tanto, una vez celebrada la 9ª Asamblea General e iniciado a buen ritmo todo el trabajo político y técnico para poner en marcha sus resoluciones y acuerdos, parece llegado el momento de adecuar y ajustar aún más nuestra propia organización, y escuchar con nitidez lo que la sociedad nos demanda y lo que nos piden nuestros socios.

Flaco favor haríamos a la sociedad si nos limitáramos sólo a nuestra históricas y justas reivindicaciones, pero no adaptáramos nuestros mecanismos de trabajo y nuestras formas de actuación a una situación ciertamente nueva y compleja, y especialmente, si no fuéramos sensibles a las expectativas de nuestros socios y grupos de interés. El Plan Estratégico debe poner a nuestra organización en mejor situación para dar respuesta a los retos que se plantea el municipalismo español.

Estamos ante una etapa crítica de importantes cambios en el ordenamiento institucional español, europeo y mundial: en España con la aprobación de los estatutos de autonomía de segunda generación, el debate en profundidad sobre la financiación territorial, y la necesidad imperiosa de un nuevo estatuto de gobierno local. Simultáneamente irrumpen también normativas europeas -como la nueva directiva de servicios-, con un alcance e impacto significativo para la modernización y agilización de la prestación de servicios a los ciudadanos y a las empresas, que obligará a todas las administraciones a un notable esfuerzo de adaptación. Por otra parte, desde el Consejo de Europa se ha lanzado recientemente, entre otras, la "estrategia para la buena gobernanza local", con el objetivo claro de mejorar la calidad democrática local. En todos estos frentes está trabajando la FEMP.

Nunca lo local y lo global han estado tan relacionados. Nos enfrentamos en el día a día con la crisis económica y financiera mundial y sus repercusiones en la actividad cotidiana de nuestros pueblos y ciudades. Recientemente el Presidente de la FEMP "ofrecía" públicamente el suelo disponible en los municipios españoles, como propuesta y contribución a la reactivación de la vivienda social, y por ende, de la actividad económica en un sector como la construcción, que pasa por dificultades.

La complejidad de los desafíos actuales, requieren sin duda de la interacción y colaboración entre los diferentes gobiernos. Estamos ante un nuevo modelo de estado descentralizado y en red, donde es vital la cooperación de las tres esferas que constituyen el entramado de nuestro sistema público de gobierno y de gestión: la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Entes locales. Como bien dice nuestro Presidente Pedro Castro "todos somos Estado, y los entes locales contribuimos decisivamente a la vertebración territorial".

A partir de estas consideraciones, y de un posicionamiento claro desde los entes locales de más gobierno (competencias y financiación) y más gobernanza (articular y dinamizar desde la proximidad a los ciudadanos, las enormes potencialidades de las redes locales), el plan estratégico deberá "orientar la actividad de la FEMP para los próximos años, y apoyar la modernización de sus estructuras y formas de actuación", como indica el documento metodológico aprobado por nuestra Comisión Ejecutiva.

Para ello se ha diseñado un plan y una agenda de trabajo, se ha nombrado una Comisión política, en el marco de la Comisión Ejecutiva, que liderará todo el proceso, y se acaba de iniciar una amplia consulta a todos los entes locales, a la que desde aquí invitamos a todos a participar.

El plan estratégico supone una gran oportunidad que no podemos desaprovechar, para entre todos lograr dotar a la FEMP de esa nueva funcionalidad que el municipalismo del Siglo XXI le reclama.

Secretaría General FEMP