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Los Gobiernos Locales aumentan su gasto en Políticas Activas de Empleo
Los Gobiernos Locales destinaron 572,5 millones de euros de sus propios presupuestos, un 0,8% de éstos, a políticas activas de empleo en 2009; la cifra, que aumentó en más de setenta millones la correspondiente al año anterior, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el gasto local total se redujo de un punto porcentual y que las competencias de empleo no corresponden a la Administración Local.
La implantación de Políticas Activas de Empleo (PAE) se ha extendido y consolidado de manera significativa entre los Gobiernos Locales con más de 500 habitantes; de hecho, el 83% de éstos cuenta con servicios estabilizados de empleo y un 90% realizó algún tipo de gasto en este tipo de política. Así se extrae del Informe “Gasto Local en Políticas Activas de Empleo”, realizado por la FEMP en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, de cara a conocer la participación local en medidas orientadas a un mejor funcionamiento del mercado de trabajo.
Los resultados obtenidos muestran también el compromiso local en un momento en el que la crisis económica se hace sentir de una manera más virulenta, así como la eficacia de su gestión, basada sobre todo en su proximidad al ciudadano.
Cada vez más fondos para PAE
En 2008, los Gobiernos Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares) con población igual o superior a los 500 habitantes, gastaron en Políticas Activas de Empleo un total de 1.589 millones de euros procedentes de sus propias aportaciones y de las recibidas de otros organismos. Los Ayuntamientos realizaron un 86% de ese gasto, las Diputaciones un 12,2 %, y las Administraciones Insulares el 1,7% restante. Al año siguiente, el gasto se incrementó de manera considerable (ver cuadro), ante el crecimiento, también muy elevado, de las cifras de paro; así, en 2009, la Administración Local gastó en PAE 1.884 millones de euros, un 18,6% más que en 2008; y nuevamente, fueron los Ayuntamientos los que asumieron la mayor parte de ese gasto.
Las aportaciones propias de los Gobiernos Locales a la financiación de las PAE en 2008 representaron el 31,4% de los fondos totales destinados a estas políticas; en 2009, la participación de los fondos propios al total se redujo hasta el 30,4%. Según queda recogido en el Informe, las cifras representan “un esfuerzo muy considerable, teniendo en cuenta que se trata de un ámbito competencial cuya titularidad corresponde a otras Administraciones, es decir, que se trata de un gasto no obligatorio para las Corporaciones Locales”. E incide en que “este esfuerzo en aun más importante en cuanto que “a partir de 2008, la crisis de la construcción tiene un impacto negativo creciente sobre las arcas municipales”.
En cuanto al peso de los gastos de la PAE en los presupuestos locales (sin aportaciones de otros organismos), el estudio indica, de forma más clarificadora, que en 2008 era del 0,74% sobre el conjunto presupuestario, mientras que en 2009 ascendió a 0,80%. El mayor incremento se ha registrado en las Corporaciones Intermunicipales y en los Ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes (ver cuadro 2)
Otro parámetro señalado en el informe, que aporta una idea aun más precisa del esfuerzo realizado por el conjunto de las Administraciones Públicas, es el gasto por habitante: mientras en 2008 fue de 46,1 euros, en 2009 llegó a 54 euros. Si se tiene en cuenta que las aportaciones de los demás organismos se canalizan frecuentemente a través de los Ayuntamientos “buscando, sin duda, una mayor eficacia en la gestión más próxima al ciudadano”, realizando los cálculos oportunos se concluye que los Gobiernos Locales aportaron de sus propio recursos 9,29 euros por habitante –sobre un total de 22,31 euros canalizados desde los Ayuntamientos-, y en 2009 aumentaron a 10,16 euros –sobre los 26,6 euros totales canalizados-.
Hacer “mucho más” con “algo más”
El importante incremento del gasto destinado por los Ayuntamientos a las PAE no fue proporcional al número de personas y participantes en los servicios y actividades municipales en materia de empleo; de hecho, éstos crecieron un 52,4 % hasta alcanzar una cifra total de 2.954.074 personas, una cuestión que los redactores del informe resumen en “con más, ha habido que hacer mucho más”.
De hecho, el incremento de usuarios se percibió en el ámbito de “administración y servicios públicos de empleo”, y de forma aun más espectacular en el de “servicios a clientes”, donde se contemplan cuestiones como la orientación al proceso de inserción del usuario en el mercado de trabajo (intermediación, inserción y orientación laboral).
Al traducir estas cuestiones a estructura del gasto en PAE se observan también ciertas modificaciones: así, mientras el gasto en “administración y servicios públicos de empleo” desciende, el destinado a Formación profesional, a creación directa de empleos y ayudas a la creación de empresas, aumenta de manera muy llamativa (ver gráfico).
Implantación de las PAE en la Administración Local
De la 4.368 Gobiernos Locales con 500 habitantes o más, que existían en España en 2009, 3.912 efectuaron algún gasto en PAE, y tan sólo 456 (el 11,6% del total) no llevaron a cabo gasto alguno. Según destaca el informe, “desde esta definición de mínimos, las PAE alcanzan una difusión territorial muy importante”.
E insiste en que “una definición más exigente del gasto podría ser el de efectuar al menos un gasto anual de 30.000 euros. En tal supuesto, el número y proporción de Corporaciones con PAE disminuiría naturalmente: las PAE se habrían extendido a 3.678 Corporaciones de más de 499 habitantes en 2009, el 84,3% considerado en el universo del estudio, casi un 10% más que el año anterior. Al mismo tiempo, un 15,7% de las entidades no habrían realizado gastos significativos, casi un 10% menos que en 2008”.
Si se extrapolan los datos, en el total de los Gobiernos Locales existentes en España, incluidos los Ayuntamientos menores de 500 habitantes, la implantación de las PAE es relativamente menor.
Otra de las cuestiones analizadas en el informe es el personal –recursos humanos- que la organización dedica a la gestión de estas Políticas Activas de Empleo. Así, de las 4.368 Corporaciones consultadas, hay 3.630 –más del 80%- que tienen servicios relativamente estabilizados y desarrollan actividades de PAE, mientras que 738, el 16,9%, no tienen esa capacidad. En valores medios, más de la cuarta parte de los municipios consultados tienen entre 5 y 15 personas destinadas a este efecto, y otra cuarta parte, tan sólo una persona; algo más del 21% tienen entre 2 y 4 personas.
Desde otro punto de vista, el conjunto de los Gobiernos Locales investigados ha tenido, a lo largo de 2009, 34.072 trabajadores a tiempo completo en los servicios y actividades de la PAE, una dotación que supera, por término medio, el 5% del conjunto de trabajadores de la Administración Local.
El incremento entre 2008 y 2009 en este capítulo fue de un 15.8%. El mayor aumento de personal entre 2008 y 2009 se constata entre las Diputaciones Provinciales y los Consejos y Cabildos Insulares. La mayor dotación de personal se encuentra en los Ayuntamientos grandes.
Los desafíos para las PAE
Para los responsables locales consultados, los desafíos en lo que respecta a definición y gestión de las PAE “parecen bastante claros en la coyuntura actual”, según precisa el texto del Informe. Así, señalan un reto principal, que es el número global de parados; éste venía siendo ya el problema principal en el ámbito local y parece que lo seguirá siendo en los próximos dos años.
Asociado a éste se presenta la falta de oportunidades de empleo que, con menos intensidad, preocupaba y preocupa a los responsables; el tercero de los señalados varía según el momento; hace algún tiempo, el paro femenino era el tercer problema más destacado; ahora ha pasado a cuarto lugar; también han descendido en importancia el paro de larga duración y la falta de empleos de calidad.
Problemas como el paro juvenil y la falta de formación entre los que buscan empleo parecen mantener e incrementar su importancia en los últimos años: el paro de mayores de 45 años y la inserción laboral de inmigrantes mantiene un rango relativamente bajo. Finalmente, la inadecuación entre la oferta y la demanda, se mantiene constante.
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