FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Presidente de la Federación Extremeña de Municipios, Ramón Díaz, trasladó el mensaje de que los Alcaldes y Alcaldesas “debemos acabar con el sambenito de pedigüeños y exigir un nuevo marco nacional que defina competencias y con financiación suficiente”.

El Alcalde de Villanueva del Fresno (Badajoz) destacó los avances normativos que se están produciendo en la Comunidad extremeña en materia local y el pacto suscrito por todos los partidos políticos para impulsar el desarrollo estatutario en esta línea. Ramón Díaz afirmó que el estatuto extremeño es uno de los más municipalistas, porque, entre otras cuestiones, consagra al municipio como entidad básica y porque introduce el mecanismo de la participación de los Ayuntamientos en los  ingresos de la Comunidad Autónoma. Además, comentó, el estatuto tiene en cuenta el equilibrio territorial y la garantía de acceso a los servicios para todos los habitantes de la región.

El texto de Extremadura, que ahora está debatiéndose en las Cortes Generales, incluye un reconocimiento expreso a la FEMP, como único interlocutor de los Gobiernos Locales, y una demanda de que se le reconozca su papel institucional en el Estado. Del mismo modo que consolida el papel de las Diputaciones Provinciales, como “única entidad que puede garantizar la prestación de servicios” en todos los municipios.

Por su parte, la Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios, Elena Bastida, inició su intervención hablando de los gastos impropios que tienen afrontar los municipios, antes de desgranar los aspectos esenciales de la nueva regulación local que se acaba de aprobar en esta Comunidad Autónoma.

La Ley de Régimen Local Valenciano, según señaló, es pionera, en aspectos jurídicos y administrativos y porque crea, por primera vez, la figura del fondo de cooperación local; además de regular, también por vez primera, el funcionamiento de las mancomunidades y los consorcios y, en general, las figuras del asociacionismo municipal, con recursos suficientes.

Elena Bastida añadió que la Ley contempla una minuciosa regulación de la creación y segregación de municipios, pero no de supresión; así como el reforzamiento de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el incremento del control político.

Ya en un plano nacional, la Alcaldesa de Alzira, aludió a la “asignatura pendiente” de la reforma urgente del régimen local y de un nuevo sistema de financiación local. A su juicio, en estos momentos se está produciendo un estancamiento y “seguimos estando en el mismo lugar” que hace muchos años. El objetivo sería –dijo- que con el nuevo Estatuto de Gobierno Local y la nueva financiación la Administración Local llegue a representar el 20 o el 22% del gasto público total del Estado, como ocurre en la mayor parte de Europa.  

La Directora General de Cooperación Local, María de los Llanos Castellanos, desgranó algunos aspectos que contendrá el Proyecto de Ley de Gobierno Local, que será presentado al Parlamento en septiembre, según anunció ayer el Secretario de Estado, Gaspar Zarrías, en este mismo foro. Sobre esta Ley, la Directora General señaló que será un “texto digno para empezar a trabajar” y que el resultado final dependerá de la “generosidad y de la visión de Estado” de todos los grupos políticos, porque de lo que se trata es que sea una Ley que dure mucho tiempo.  

Rafael Jiménez Asencio, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, afirmó que hay una necesidad real y urgente de reformar la legislación sobre el Gobierno Local , aunque el escenario actual es incierto y poco favorable. En su opinión hace falta un liderazgo en el mundo local que empuje esta reforma y haga entrar en la agenda política.

El profesor, refiriéndose a los procesos estatutarios que se están produciendo en las Comunidades Autónomas, considera que, aunque se ha avanzado, es poco operativo que esta reforma se lleve a cabo desde las autonomías, porque los modelos son diferentes en cada territorio y no son trasladables, en todos los casos, a la esfera nacional, por ello tendría que acometerse por un legislador básico.