El ámbito de aplicación del Reglamento abarca los supuestos de reparcelaciones, expropiaciones, ventas y sustituciones forzosas, así como en los casos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
El texto incorpora metodologías concretas aplicables a cada situación y las fórmulas matemáticas específicas, con el propósito de superar la complejidad técnica que acompaña a la valoración inmobiliaria, y se propone introducir el mayor rigor en las valoraciones.
Por primera vez en la historia del urbanismo español se le dota de un desarrollo reglamentario de los criterios de valoración de inmuebles con el objetivo de obtener el valor más justo en cada supuesto de aplicación e incorporar mayor transparencia en el conocimiento de las técnicas valorativas y mayor seguridad jurídica, derivada de esa transparencia.
Entre los aspectos más destacados del texto cabe señalar el desarrollo de los métodos de valoración, de acuerdo con el criterio de estimar cuantitativamente el valor de sustitución de los inmuebles por otros similares en la misma situación, sin consideración, por tanto, de las posibles expectativas urbanísticas.