Los bosques son clave en primer lugar como infraestructura natural básica de un país al proteger el suelo y regular el ciclo hídrico, compensar el fenómeno del cambio climático o albergar la mayor parte de la diversidad biológica terrestre. Además son claves como suministradores de la principal materia prima renovable: la madera, estratégica en el tránsito hacia economías más sostenibles y crecimiento verde. Finalmente, desde una perspectiva social no solo modelan los paisajes como base de la calidad de vida y del turismo sino que dinamizan las zonas menos pobladas y más desventajadas como son las de montaña contribuyendo como pocas actividades a la cohesión territorial. Cabe recordar que el 55% de la superficie española es forestal y que el 36% del territorio está cubierto por bosques.
La crisis económica que padecemos desde 2008, el fuerte desequilibrio territorial que padece España desde hace 40 años y la paralela crisis energética y climática obligan a reorientar la atención que venimos otorgando a los bosques. Ya no se trata de retener en vida modelos económicos trasnochados sino de entender que los bosques pueden ser claves para abordar estos retos. Del crecimiento total de los bosques españoles únicamente se aprovecha un 40%. Es cierto que es necesario capitalizar los montes después de siglos de degradación, pero tampoco es aconsejable un abandono generalizado que comportará a la larga que esta biomasa acabe pasto de la llamas de unos incendios cada vez más difíciles de extinguir.
Si se incrementase el nivel de aprovechamiento al 60% del crecimiento, algo que puede considerarse prudente y se destinase este volumen a generar energía térmica se podrían ahorrar un 10% de las importaciones de petróleo lo que supondría un ahorro de divisas de 3.000 millones € anuales o un incremento directo de 0,3% del PIB sin considerar el efecto inducido. Aprovechar esta energía, distribuirla y el correspondiente desarrollo tecnológico crearía un número importante de puestos de trabajo, muchos ellos de forma descentralizada en el medio rural, especialmente en zonas de montaña.
Muchos países europeos ya nos muestran el camino a seguir (nórdicos, alpinos). La decisión de basar la totalidad del suministro energético en Austria o Suecia en fuentes renovables en 2050 – tomada antes del accidente de Fukushima – o de abandonar la energía nuclear en Alemania en un plazo relativamente breve de tiempo tiene en todos los casos a la biomasa como uno de los pilares del nuevo suministro. Dada la baja eficiencia energética de su transformación en electricidad y al considerable uso de la propia electricidad en uso térmico aboga por su utilización para uso térmico directo ya sea en instalaciones individuales (pelets) o mejor comunales o grandes instalaciones. Los poderes locales y autonómicos tienen una gran responsabilidad al respecto dado que pueden vincular autorizaciones de grandes instalaciones, especialmente cuando requieren de afectaciones o recalificaciones urbanísticas, o bien la iniciativa pública o subvenciones (centros de salud y hospitales, centros educativos, penitenciarios, administrativos, grandes superficies, etc.) con la obligación de suministrarse la totalidad de la demanda térmica – existen importantes avances también a nivel de refrigeración – de biomasa, preferiblemente en forma de astilla al ser la opción más económica. Ello contribuiría a reforzar los mercados locales descentralizados ahorrando a la larga importantes costos energéticos y fijando empleo directo e indirecto en las propias zonas consumidoras.
Resulta clave asegurar una demanda relativamente cercana a la generación dado que las infraestructuras de los montes no permiten utilizar camones de gran tonelaje y además en el caso contrario el transporte menguaría considerablemente las ventajas ambientales de la biomasa. El mayor uso de la biomasa no va a perjudicar a la industria de la madera, antes al contrario. Si los montes se vuelven a gestionar, se reducirá el riesgo de incendios, se favorecerá la inversión forestal y a la larga al eliminar la competencia por matorral y exceso de arbolado (claras) los árboles restantes serán más vigorosos y de mayor calidad. Con ello además se redunda en menor consumo de agua y mayor valor paisajístico y se prevendrían plagas e incendios y se reforzaría la capacidad de supervivencia en caso de producirse.
Es importante recalcar el importante papel que las entidades locales están llamadas a jugar en relación a los bosques. En primer lugar, al ser las propietarias de una parte destacada del patrimonio forestal en España (30%), especialmente en Navarra, La Rioja, Castilla y León, Cantabria y Aragón y en general en las zonas de montaña. Pero también en tanto que administración más cercana al territorio. Con frecuencia la actuación de los ayuntamientos se ha circunscrito al casco urbano en detrimento del resto de su territorio. Aun cuando existen considerables diferencias entre CC.AA. se puede constatar una clara tendencia hacia un mayor protagonismo de las entidades locales en la gestión de sus montes, su participación en la política forestal y la vertebración de su voz en el debate público a todos los niveles (ASCUD, AMUFOR, ELFOCAT), nacional (FEMP, REMUFOR) o europeo (FECOF).
Este mayor protagonismo de las entidades locales redundará en una mayor consideración de las poblaciones locales y de sus intereses legítimos en las políticas que inciden en los espacios forestales. La evidencia científica en todo el Planeta está confirmando lo que era ya obvio desde una perspectiva local, la mejor forma de preservar los bosques y cualquier otro recurso natural es empoderamiento a las poblaciones locales para que devengan los protagonistas de su futuro.