FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Parece claro, por tanto, que resulta necesario avanzar en el desarrollo de políticas institucionales que puedan marcar un punto de inflexión. Aunque la postura negacionista de algunos países -con Estados Unidos a la cabeza- ha socavado el consenso global que se había cimentado sobre los acuerdos de París, la vigencia de sus conclusiones se mantiene invariable.

Además de las medidas tendentes a actuar sobre el plano energético, los acuerdos alcanzados en París para frenar el cambio climático se sustentaban también sobre la urgencia de incorporar un modelo de economía circular que pueda sustituir al sistema de producción y consumo lineal actual que resulta tan dañino para el medio ambiente. Para lograrlo, se indicaba la necesidad de involucrar a todos los agentes sociales en los ciclos productivos y comerciales: ciudadanía, Administraciones Públicas y empresas coordinados a través de una estrategia común. Este último punto resulta fundamental, ya que el cambio de paradigma desde un modelo de economía lineal a otro circular, requiere de un compromiso firme por parte de todos los implicados.

Para hacer realidad el paradigma de la economía circular existen múltiples vías de actuación. Una de las que presenta mayor efectividad y capacidad de desarrollo desde el ámbito público –y que empieza a tenerlo también en el privado-, es la aplicación de Políticas de Compras Verdes y Socialmente Responsables (CVSR), que se han revelado como una herramienta imprescindible para alcanzar un modelo de consumo y producción sostenible. Una política de compras es responsable cuando la cadena de suministro y la relación con los proveedores de una empresa u organización está basada en la sostenibilidad, tanto social como ambiental.

La introducción de criterios ambientales y socialmente respetuosos en los procesos de adquisición de Administraciones puede tener un efecto catalítico sobre la demanda de bienes y servicios más justos y sostenibles. El sector público es el mayor comprador y contratante de bienes y servicios. Se calcula que el gasto en compras públicas en la Unión Europea asciende alrededor del 14% del PIB (1,8 billones de euros anuales), mientras que en el Estado español alcanza la cifra del 18% del PIB.

Esto convierte al sector público en el principal agente económico, generando con ello un amplio impacto sobre el mercado, el medio ambiente y la sociedad. Además, teniendo en cuenta que la Administración Pública es un agente ejemplarizante e impulsor del sector privado, su papel resulta esencial para la implantación de las políticas CVSR.

Al igual que la Administración Pública debe velar por la promoción de compras y adjudicación de contratos a em presas que favorezcan la protección ambiental, la inserción socio-laboral, el comercio justo y el empleo de calidad, resultaría deseable que esta práctica se extendiera también entre compañías del sector privado. De este modo, las organizaciones privadas deberían adoptar un compromiso ambiental y social dentro de su política de gestión de compras, trasladándolo a sus proveedores y suministradores mediante la elaboración de un conjunto de requisitos de obligado cumplimiento y un sistema de evaluación para garantizar la ejecución de los mismos.

A fin de ayudar a las Administraciones y empresas a poner en práctica la integración de políticas ambientales y sociales en sus modelos de gestión de compras, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) ha desarrollado, en colaboración con Ecoembes, la ‘Guía de Compras Verdes y Socialmente Responsables’. Este documento, además de señalar los criterios a tener en cuenta para incorporar las políticas CVSR tanto en el ámbito público como privado, recoge una serie de buenas prácticas puestas en marcha en las políticas de aprovisionamiento de empresas e instituciones públicas.

En cuanto a los criterios a tener en cuenta para incorporar las CVSR tanto en el ámbito público como privado, se debe distinguir entre los de tipo ambiental y aquéllos que atienden a cuestiones sociales y éticas. Con respecto a los ambientales, estos hacen referencia al consumo de recursos y materias primas, la producción y gestión de residuos, las emisiones y vertidos residuales, el transporte y logística sostenible y por último, la certificación y formación en gestión ambiental. Por su parte, en el ámbito de los sociales, destacan los centrados en la garantía de la calidad del empleo, igualdad, perspectiva de género y los relativos a la promoción del desarrollo local, comercio justo y criterios de responsabilidad empresarial.

Para incorporar las políticas de CVSR las Administraciones Públicas y las empresas deben aplicar una serie de criterios.

Primeramente, analizando el entorno en el que operan, a fin de identificar aquellos aspectos internos y externos que pueden tener relevancia en el funcionamiento del proceso de compras responsables o en la gestión de la cadena de suministro. Asimismo, para asegurar el éxito del nuevo modelo sostenible de compras, los responsables de la institución deberán ser capaces de trasladar la nueva estrategia tanto al resto de empleados como a sus grupos de interés.

De igual forma, deben realizar un diagnóstico sobre el modelo de compras en la institución, su impacto ambiental, social, laboral y ético, así como una identificación de los riesgos asociados. Con ello, se considera todo el ciclo de vida del producto y servicios sobre los que incidir de manera prioritaria así como las acciones a implementar en su cadena de suministro.

Una vez implantados los criterios CSVR y con la finalidad de corregir posibles desviaciones, se realiza una evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos marcados y se audita el correcto funcionamiento de la política de compras responsables, tanto internamente como a los proveedores.

El establecimiento de políticas de Compras Verdes y Socialmente Responsables requiere de un proceso de transición que permita superar el paradigma de la economía lineal para entrar de lleno en el de la economía circular. Sin embargo, el reconocimiento de esta necesidad de transitoriedad no puede suponer un freno a la hora de tomar decisiones. El planeta está sufriendo las consecuencias climatológicas y sociales derivadas del cambio climático y tal y como apuntan las previsiones de los expertos, la situación parece no mejorar en los próximos años.

El compromiso ambiental, la cohesión social, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, los ahorros económicos asociados a la mayor eficiencia de los procesos productivos, la mejora de la imagen corporativa y la oportunidad para entrar en nuevos mercados más exigentes, son solo algunos de los beneficios que tienen las CVSR, tanto a nivel institucional como para las organizaciones que las desarrollan.

En este sentido, la implantación de medidas como las políticas de Compras Verdes y Socialmente Responsables, que favorezcan el desarrollo de la economía circular, son claves para el futuro del planeta.