FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El primer testimonio de la existencia de un lugar denominado “Ponte Veteri”, alusión directa al viejo puente romano, lo encontramos en una escritura del Monasterio de Lérez, datada en 1141.

Un momento importante en la historia de Pontevedra se corresponde con el reinado de Fernando II, en el último tercio del siglo XII. La reactivación económica ocasiona la restauración de caminos y puentes. En 1169, Fernando II otorga el Foro a los habitantes de la Villa. Es también en este instante cuando el ruinoso puente romano va a ser sustituido por otro medieval.

En la actualidad, no se conserva el foro original de Fernando II, sino una confirmación de Alfonso X del año 1264. Los privilegios y exenciones que se fueron concediendo a la ciudad actuaron como importantes dinamizadores de su actividad económica, que alcanza su mayor esplendor bajo el reinado de Enrique IV, al concederle en 1467 el privilegio de una Feria Franca de treinta días de duración.

En el siglo XVI, Pontevedra se convierte en la más populosa de las ciudades gallegas con un gran puerto pesquero ligado al comercio internacional, en el que destaca la exportación de pescado y vino de Ribadavia. Testimonio de esta época es la construcción de la magnífica Iglesia de Santa María La Mayor, levantada con las aportaciones del Gremio de Mareantes.

Pero esta actividad entra en decadencia en los siguientes siglos y la ciudad se sume en una profunda crisis acentuada por una serie de adversidades económicas, políticas, sanitarias y climáticas. Por ello, la población de la ciudad se reduce.

A comienzos del XIX, la principal actividad económica era la artesanía. En 1833, y debido a la reforma administrativa y territorial de Javier de Burgos, se convierte en capital de provincia, transformándose en urbe administrativa que atrae a burócratas, burgueses, profesionales y artesanos de todo tipo.

En esta época la ciudad cambia su fisonomía, se realiza la demolición de las murallas para abrir nuevas calles, se desarrollan obras de infraestructura y saneamiento, se construyen escuelas y hospitales, se crean espacios de uso público como la Alameda y se produce la llegada del ferrocarril. Todo ello posibilita el desarrollo urbanístico, comercial e industrial de Pontevedra.

En las primeras décadas del siglo XX, Pontevedra vive un momento de especial efervescencia cultural y política, que se ve frenada con la Guerra Civil y sus posteriores dificultades económicas. El cambio se produce en los 60, con un desarrollo sostenido, y sobre todo a principios de los 70 y el extraordinario auge de la construcción.

En la actualidad, Pontevedra ha dejado de ser un espacio invadido por los coches para convertirse en una ecociudad al servicio de las personas. Una ciudad que es referente internacional de calidad urbana y de sostenibilidad.

El origen de nuestro municipio podemos situarlo en la Edad Media, a raíz de la concesión del fuero a Pontevedra por parte del rey Fernando II en 1169, que viene a representar el acta de fundación de la ciudad. A pesar de carecer de documentación que lo atestigüe, es normal suponer que se nombrarían ciertos cargos que dirigiesen el destino de la nueva villa, lo que sería el embrión de una pequeña administración.

Este fuero se enmarca dentro del crecimiento económico, del siglo XII, que se traduce en la instalación de unos excedentes (creación de las ferias y mercados) y en el desarrollo de las ciudades (la ciudad hace libre), a lo que hay que añadir aquí la creación de un puerto de carga y descarga de mercancías con carácter de realengo, así como la explotación pesquera de la ría, que se plasmará más adelante en la creación del poderoso Gremio de Mareantes.

Así pues el municipio era una entidad de derecho público, con jurisdicción y autonomía, constituida por el Concejo local, regida y administrada por sus propios magistrados y oficiales. La necesidad de asegurar sus derechos, privilegios y términos fue el motor que impulsó a los pueblos a conservar los documentos enviados por las autoridades civiles y religiosas, formando con ellos el núcleo fundacional del Archivo. En 1180, debido a las presiones de los Arzobispos compostelanos, Fernando II se ve obligado a donar a Pedro Compostelano la Villa de Pontevedra con todos sus términos y pertenencias. Así, desde este momento, será el Arzobispo el que nombre los cargos de jueces y Alcaldes, previa presentación de una lista de “cobrados” por parte del Concejo y de los linajes nobles de la Villa.

Por ello, tenemos una constancia de Pontevedra en la documentación generada por la sede santiaguesa y que alcanza hasta el primer tercio del siglo XIX, puesto que en este momento se produce la supresión de los señoríos y la instalación de los nuevos Ayuntamientos.

Ya en las Partidas se señala al Escribano de Villa como el encargado de la custodia de los fondos guardados en los municipios y se le imponía la obligatoriedad de elaborar un registro de documentos.

Reyes Católicos

La época de los Reyes Católicos es fundamental en la consolidación de los archivos municipales, ya que se promulgan dos Pragmáticas vitales para el desarrollo de los mismos. La primera, de 1500, establece la “obligación de los Corregidores a hacer casas de Concejo y arca donde se custodien los privilegios y escrituras y los libros de la Leyes del Reino” frente a la costumbre medieval de encomendar la custodia de los documentos a los cargos concejiles. La segunda, de 1501, ordena a los escribanos la formación de un “libro en que se asienten todas las cartas, ordenanzas, cédulas que enviasen a cada Concejo” y “otro libro en que se escriban todos los privilegios, todas las sentencias que a su favor se hayan dado, así sobre razón de términos como sobre otras cosas tocantes al bien común”.

Ambas Pragmáticas se plasman en nuestra Villa mediante la construcción de un arca de tres llaves para la guarda de los papeles y la posterior construcción de las Casas Consistoriales, puesto que éstas no existían en este momento y los regidores se reunían para tratar los asuntos ya en la antigua y derribada iglesia de San Bartolomé ya en la conventual de San Francisco.

En los siglos XVI y XVII se produce una legislación en el sentido de no permitir la salida de los documentos fuera de los archivos, debiendo solicitarse copia autorizada del escribano, con el fin de evitar pérdidas y depredaciones. No podemos olvidar que las Casas Consistoriales se construyen en su actual emplazamiento a fines del siglo XVI, y es de suponer que una pequeña habitación estuviese dedicada a archivo.

Durante el siglo XVIII surge un importante empuje en el campo de la investigación (es la época de la creación de las Reales Academias, creación del Archivo del Reino de Galicia, siglo de la Ilustración, etc.) que supone una mayor preocupación por los archivos. Esto se traduce a nivel pontevedrés en la presentación, a mediados de siglo, de una moción para la ampliación del local destinado a Archivo Municipal, aunque no podemos olvidar que la entrada de los ingleses en la villa supuso un traslado del archivo a Santa María de Fragas, que ocasionó, como revela el cotejo de recuentos de papeles realizados uno en 1676 y otro en 1784, una importante pérdida de documentación.

Las Cortes de Cádiz inauguran una nueva etapa con de una reorganización administrativa, los cambios que deberían producirse en los archivos no se dan, siendo lo más destacado la aparición de la figura del Secretario que será el responsable del archivo. La legislación posterior (1877, 1924, 1935) aporta prácticamente nada para el desarrollo de los archivos, si bien una Real Orden del Ministerio de Gobernación dispone que los Ayuntamientos provisten las plazas de archiveros municipales. En Pontevedra tardará en cumplirse, ya que hasta 1918 no se produce el nombramiento.

La Guerra Civil supuso la destrucción o mutilación de archivos municipales. Al finalizar la misma y ante la escasez de papel el Ayuntamiento, debido a una Orden Ministerial, entrega al Servicio de Recogida de Papel 500 kilos procedentes del archivo. Este expolio, así como los producidos en época anterior y en nuestro pasado no tan lejano, propició que irremediablemente mucha documentación se haya perdido.

Los fondos documentales ocupan en la actualidad más de 2 km, y sus fechas límites abarcan desde el siglo XV hasta estos momentos (hay que señalar que parte de la documentación histórica se encuentra depositada en el AHPPo), y se atienden más de tres mil consultas anuales.

Un nuevo futuro se plantea a los archivos municipales debido a la entrada en vigor de la reciente legislación.

Sección coordinada por ANABAD