Y por eso hemos mantenido nuestra demanda al Ejecutivo, porque las necesidades de nuestros municipios son reales, del día a día. No existen necesidades en funciones y hay materias de la gestión y los servicios municipales que no pueden esperar la aprobación de los Presupuestos Generales de un Estado. Nosotros, los responsables de la Administración a pie de calle, lo sabemos. Por eso hemos mantenido viva esta demanda, y la hemos reforzado con la legitimidad que dan los acuerdos de nuestro XII Pleno. Y me honra decir que lo estamos consiguiendo.
El Consejo de Ministros daba su aprobación el 11 de octubre al Real Decreto-Ley por el que se autorizaban las entregas a cuenta de más de 820 millones de euros a los Gobiernos Locales. Y, además, lo hacía el mismo día y en el mismo texto normativo que autorizaba las transferencias a las Comunidades Autónomas. El Ejecutivo respondió a nuestra demanda, la más urgente, y la Diputación Permanente del Congreso refrendó esta decisión pocos días después. Lo conseguimos. Otro Consejo de Ministros, una semana después, atendió otra de nuestras reivindicaciones relacionada con la terrible lacra de la violencia de género: destinar 4,5 millones de euros a la protección y seguridad de las mujeres maltratadas a través del Programa Atenpro: más de 14.000 mujeres equipadas con dispositivos móviles podrán seguir sintiéndose más seguras en su vida diaria. El compromiso de la FEMP con ellas y contra el machismo criminal también ha recibido así respuesta favorable, lo que consolida nuestro papel y nuestra labor: somos la primera línea en la lucha contra la violencia de género.
Quedan aún otras respuestas pendientes, demandas que mantenemos desde hace mucho y otras nuevas que surgen con los tiempos, con la realidad de nuestros municipios. Una de esas realidades, la demográfica, viene acompañada de la necesidad de replantearnos cuestiones como el envejecimiento de la población y la adaptación de entornos y servicios que hagan más sencilla su vida diaria y que aseguren que, en la medida de lo posible, las personas mayores puedan vivir en el lugar que elijan sin estar limitados por la falta de servicios o de atención, y participar en las decisiones que allí se tomen. Los Gobiernos Locales ya trabajamos en ello, porque sabemos que sólo las sociedades abiertas, integradoras y participativas pueden garantizar la felicidad de sus miembros desde el principio y hasta el final de sus vidas.