Nosotros ya lo sabíamos. Hace muchos años que decimos que alcanzar los retos globales empieza por llegar a ellos desde los espacios locales y ahora, más que nunca, es el momento de que los Gobiernos Nacionales tomen conciencia de que cumplir con sus compromisos a escala mundial exige también comprometerse con los ámbitos locales, recabar su participación, contar con ellos y permitirles impulsar políticas que ahora, por limitaciones competenciales, les están vetadas.
El horizonte 2030 fijado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible está más cerca de lo que pensamos, y no podemos permitirnos fallar. Los Gobiernos Locales estamos comprometidos y queremos marcos nacionales e internacionales que nos den margen para actuar porque cualquier paso que se dé sin contar con nosotros no será un paso firme ni un avance consolidado.
El día a día de la política local es un aprendizaje permanente y una evaluación constante. Y queremos que sea así, porque de esta forma somos más eficaces a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos. Pero, insisto, necesitamos herramientas, necesitamos competencias y financiación, y un marco legal estable que lo respalde.
Y si el horizonte 2030 es urgente, aún lo son más las pautas que den seguridad jurídica a cuestiones tan relevantes como las plusvalías. Trabajamos mano a mano con el Ejecutivo en este tema, pero necesitamos una respuesta rápida y eficaz, seguridad para nosotros y para los vecinos en un tributo tan importante como éste. Y, sobre todo, precisamos un marco financiero y fiscal adaptado a la modernidad. Queremos, cuanto antes, una nueva normativa de financiación local que aclare y defina todo aquello que ahora limita nuestra gestión. Y ésta seguirá siendo nuestra demanda.