El Tribunal Constitucional, en su primera Sentencia sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la tan traída y llevada LRSAL, nos ha dado la razón a todos cuantos pensábamos en lo antimunicipalista de su contenido, a los que veníamos insistiendo sobre lo descabellado de quitar a los Ayuntamientos la prestación de los servicios sociales a los ciudadanos y la restricción de otros en materia de sanidad y educación. Y ha sido tajante: el Estado se excede en sus atribuciones e invade el “territorio” legislativo y competencial de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, no es quién para prohibir al nivel local el desarrollo de estas responsabilidades.
Para nosotros es una buena noticia por dos motivos: en primer lugar, porque despeja las dudas que a principios de este año se nos plantearon en algunos territorios sobre continuar o no prestando estos servicios; y en segundo, porque se trata de un golpe tan severo a la norma que, a nuestro juicio, podría ser suficiente para acabar derogándola. No olvidemos que esta Sentencia responde a uno de los numerosos recursos planteados a la ley -uno de los cuales, en nombre de más de 3.000 Alcaldes, tuve el honor de presentar- y que después de ésta vendrán otras, probablemente en la misma línea.
Las políticas sociales forman parte indisociable de la estructura municipal de servicios, y privar a los Ayuntamientos de una parte de sus responsabilidades no hace sino debilitarlos. Y no queremos eso. A la vista de la Sentencia, que tanto en ésta materia como en el resto de sus apreciaciones sobre la Ley, es categórica, tenemos razones para pensar que el futuro de la LRSAL es muy corto. Nuestra aspiración municipalista pasa por una Administración Local fuerte, consolidada y con competencias; el Constitucional acaba de darnos su apoyo en este primer paso.