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Aprobado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a la espera de financiación
Las Comunidades Autónomas y la FEMP aprobaron el pasado 27 de diciembre la adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, basado en el documento que redactó el Congreso de los Diputados. Ahora todo queda a la espera de que el Gobierno libere la financiación comprometida, un total de 1.000 millones de euros repartidos en cinco años. Los primeros 200 para este ejercicio, de los cuales 20 millones irán destinados a Entidades Locales, que serán elementos clave y agentes imprescindibles para que las medidas que se adopten resulten efectivas. La FEMP espera “verle la cara” a este Pacto, con financiación y competencias para ellas.
La Conferencia Sectorial de Igualdad acordó en la reunión de diciembre llevar a cabo en 2018 un total de 26 medidas pactadas en la Comisión Técnica celebrada el 30 de noviembre en las que se incluyen, entre otras, la prevención de la violencia de género y sexual en todas las etapas educativas, la formación del pro fesorado, la detección precoz en el ámbito sanitario o la ampliación de la formación especializada en el ámbito de actuación de la justicia y de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, se incorporan como prioritarias seis medidas para la asistencia y protección de los menores, como la realización de estudios sobre su situación, la suspensión del régimen de visitas, la prohibición de que el padre maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de los menores, el refuerzo del apoyo y asistencia a estos niños y la formación especializada para quienes trabajan con ellos.
Para llevarlas a cabo, el Gobierno tiene previsto librar una partida de 200 millones que, según anunció la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, estarían disponibles en primer trimestre o cuatrimestre de 2018. El plan prevé que 100 millones sean ejecutados por las Comunidades Autónomas, en función de “criterios objetivos de reparto”, 80 millones por el Gobierno Central y 20 millones para los Ayuntamientos.
Sobre los plazos para la puesta en marcha de las medidas, la Ministra explicó que las que conllevan reformas legislativas serán “más lentas” por los plazos legislativos que conllevan, pero que otras que serán más inmediatas. Por ejemplo, aseguró, el Gobierno está trabajando ya en “homogeneizar protocolos de protección de las víctimas” y “agilizarlos”, así como en “la evolución de competencias de los Ayuntamientos”.
“Verle la cara al Pacto”
En este momento la responsabilidad y al coherencia nos obliga a buscar un mensaje de esperanza. Nadie debe intentar abortar el Pacto ahora que empieza a ver la luz. Pero necesitamos “verle la cara”. Tenemos que pasar de una vez por todas del papel a la acción”. Así se manifestó la Alcaldesa de Salobreña y Presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP, Mª Eugenia Rufino.
A su juicio, en la “teoría” del Pacto se encuentra aquello por lo que la FEMP ha luchado y solicitado, es decir, recuperación de competencias y financiación. Pero “requiere de un paso más que debe dar el Gobierno contemplando la financiación en presupuestos y modificando la ley para devolver las competencias a las Administraciones Locales”.
En opinión de la Alcaldesa, las actuaciones serán eficaces en la medida en que lleven aparejada financiación y “a día de hoy nos preocupa que no se ha contemplado aún ni presupuestaria ni extrapresupuestariamente”. Sobre las cifras contempladas, aunque “mejor que nada”, cree que al final resultarán “escasas” para los Ayuntamientos.
Lo que resulta evidente para Mª Eugenia Rufino es que se trata de medidas cuya puesta en funcionamiento es más que urgente. “Vamos tarde ya”, subraya. Además, son cuestiones cuyo esfuerzo de partida recae casi en su totalidad en el Gobierno, “pues exigen tanto un respaldo económico como una modificación legislativa”.
En relación con las 26 medidas acordadas para 2018 por la Conferencia Sectorial de Igualdad, Rufino lamenta que “en este primer impulso, las Administraciones Locales vuelven a quedarse en el furgón de cola”, al no aparecer como agentes ejecutores de las mismas. Lo que califica de “incomprensible” si lo que se quiere es garantizar su eficacia.
Ayuntamientos, primera línea de lucha contra la violencia
Las Entidades Locales españolas desarrollan desde hace años numerosas acciones contra la violencia de género y desde la FEMP se vienen impulsando, con carácter permanente, distintas actuaciones para contribuir a luchar contra esta inaceptable lacra social. Campañas de prevención y sensibilización, un aula virtual, concursos de buenas prácticas locales, y la participación en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), son algunas de ellas.
En tal sentido, la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el pasado mes de noviembre una Declaración Institucional que, convertida en hoja de ruta, destaca que los Ayuntamientos, las Entidades Locales, están en la primera línea de la lucha contra la violencia de género. En esa Declaración se destaca que “la superación de la violencia de género se inicia atajando la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, abordándola desde un compromiso real, con la implementación de medidas integrales eficaces que se traducen en políticas preventivas y de intervención desde las edades más tempranas”.
A partir de ahí, la FEMP enfatiza que “la experiencia confirma que cuanto más cercanas están Administración y ciudadanía, más eficaces son las medidas de sensibilización, de educación, o de detección precoz, y más eficaz es la respuesta de urgencia o el seguimiento de los servicios. En suma, mejores resultados se obtienen en la lucha contra la violencia de género. Y, conscientes de ello, las Administraciones Locales han ido implementando normas y planes con medidas específicas que favorecen la igualdad de oportunidades, introduciendo, en la mayoría de los casos, la igualdad de género como paradigma de progreso”.
El Pacto de Estado y la FEMP
Dentro de las 200 medidas que se recogen en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para los próximos cinco años, pero aún no incluidas en la medidas de carácter urgentes aprobadas para 2018, se recoge que la FEMP realice un estudio sobre las consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago, cuando víctima y agresor figuren como responsables de crédito hipotecario a efectos de identificar qué problemática se está produciendo y adecuar la legislación para evitar situaciones de violencia económica.
Asimismo, incluye que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos acuerden el fomento y la dotación de más recursos a los Puntos de Información de la Mujer (PIM) y a los Centros de Información Municipal (CIM). También la implantación de Mesas Locales de Coordinación contra la Violencia de Género. Instrumento éste de trabajo y coordinación que sería impulsado por las CCAA y liderado por cada Ayuntamiento, en las que estén representados todos los agentes y organismos especializados: cuerpos de seguridad, profesionales del ámbito sanitario local, de servicios sociales y ámbito de la administración de justicia; con el objetivo de unificar criterios y coordinar procedimientos.
Sin embargo, a lo largo de todo el proceso de discusión y elaboración de las medidas del Pacto, la FEMP ha expuesto muchas más consideraciones y propuestas, basadas en las necesidades detectadas por los Ayuntamientos en materia de lucha contra la violencia de género. Por ejemplo, una formación especializada y común en todos los Ayuntamientos para todos aquellos profesionales que trabajen en servicios municipales, así como la implementación de servicios de información, formación, sensibilización e intervención en todos los municipios, porque los maltratadores agreden a sus víctimas en cualquier aldea, pueblo o ciudad.
Desde la FEMP también se ha pedido la revisión del criterio de la existencia de denuncia previa para que las mujeres puedan acceder a los recursos y servicios asistenciales, como el caso de ATENPRO. De igual forma que los programas de recogida de datos de las mujeres víctimas, así como los soportes documentales, sean comunes en todos los Ayuntamientos, con el fin evitar que las mujeres víctimas tengan que explicar una y otra vez su caso en las diferentes instancias administrativas o de intervención. A nivel municipal, según la propuesta de la FEMP, deberían existir criterios de excepcionalidad en los baremos de atención, eliminando la necesidad de empadronamiento que permita a las mujeres movilidad territorial si ésta fuera necesaria.
Otra de las propuestas presentadas durante el proceso de elaboración del Pacto es la recomendación de la incorporación del sistema judicial a todas las coordinaciones territoriales y la estandarización de petición de informes desde el sistema judicial a los servicios municipales. También la necesidad de que se elabore un protocolo que unifique la gestión de los recursos de emergencia y las casas de acogida, es necesario que se trabaje en un protocolo que unifique su gestión.
Desde la premisa de que los menores hijos e hijas de mujeres maltratadas son también víctimas, la FEMP considera necesario garantizarles atención psicológica individual a nivel municipal. Su recuperación, en gran parte, depende de ello.
Asimismo, se incorporan como prioritarias seis medidas para la asistencia y protección de los menores, como la realización de estudios sobre su situación, la suspensión del régimen de visitas, la prohibición de que el padre maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de los menores, el refuerzo del apoyo y asistencia a estos niños y la formación especializada para quienes trabajan con ellos.
Para llevarlas a cabo, el Gobierno tiene previsto librar una partida de 200 millones que, según anunció la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, estarían disponibles en primer trimestre o cuatrimestre de 2018. El plan prevé que 100 millones sean ejecutados por las Comunidades Autónomas, en función de “criterios objetivos de reparto”, 80 millones por el Gobierno Central y 20 millones para los Ayuntamientos.
Sobre los plazos para la puesta en marcha de las medidas, la Ministra explicó que las que conllevan reformas legislativas serán “más lentas” por los plazos legislativos que conllevan, pero que otras que serán más inmediatas. Por ejemplo, aseguró, el Gobierno está trabajando ya en “homogeneizar protocolos de protección de las víctimas” y “agilizarlos”, así como en “la evolución de competencias de los Ayuntamientos”.
“Verle la cara al Pacto”
En este momento la responsabilidad y al coherencia nos obliga a buscar un mensaje de esperanza. Nadie debe intentar abortar el Pacto ahora que empieza a ver la luz. Pero necesitamos “verle la cara”. Tenemos que pasar de una vez por todas del papel a la acción”. Así se manifestó la Alcaldesa de Salobreña y Presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP, Mª Eugenia Rufino.
A su juicio, en la “teoría” del Pacto se encuentra aquello por lo que la FEMP ha luchado y solicitado, es decir, recuperación de competencias y financiación. Pero “requiere de un paso más que debe dar el Gobierno contemplando la financiación en presupuestos y modificando la ley para devolver las competencias a las Administraciones Locales”.
En opinión de la Alcaldesa, las actuaciones serán eficaces en la medida en que lleven aparejada financiación y “a día de hoy nos preocupa que no se ha contemplado aún ni presupuestaria ni extrapresupuestariamente”. Sobre las cifras contempladas, aunque “mejor que nada”, cree que al final resultarán “escasas” para los Ayuntamientos.
Lo que resulta evidente para Mª Eugenia Rufino es que se trata de medidas cuya puesta en funcionamiento es más que urgente. “Vamos tarde ya”, subraya. Además, son cuestiones cuyo esfuerzo de partida recae casi en su totalidad en el Gobierno, “pues exigen tanto un respaldo económico como una modificación legislativa”.
En relación con las 26 medidas acordadas para 2018 por la Conferencia Sectorial de Igualdad, Rufino lamenta que “en este primer impulso, las Administraciones Locales vuelven a quedarse en el furgón de cola”, al no aparecer como agentes ejecutores de las mismas. Lo que califica de “incomprensible” si lo que se quiere es garantizar su eficacia.
Ayuntamientos, primera línea de lucha contra la violencia
Las Entidades Locales españolas desarrollan desde hace años numerosas acciones contra la violencia de género y desde la FEMP se vienen impulsando, con carácter permanente, distintas actuaciones para contribuir a luchar contra esta inaceptable lacra social. Campañas de prevención y sensibilización, un aula virtual, concursos de buenas prácticas locales, y la participación en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), son algunas de ellas.
En tal sentido, la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el pasado mes de noviembre una Declaración Institucional que, convertida en hoja de ruta, destaca que los Ayuntamientos, las Entidades Locales, están en la primera línea de la lucha contra la violencia de género. En esa Declaración se destaca que “la superación de la violencia de género se inicia atajando la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, abordándola desde un compromiso real, con la implementación de medidas integrales eficaces que se traducen en políticas preventivas y de intervención desde las edades más tempranas”.
A partir de ahí, la FEMP enfatiza que “la experiencia confirma que cuanto más cercanas están Administración y ciudadanía, más eficaces son las medidas de sensibilización, de educación, o de detección precoz, y más eficaz es la respuesta de urgencia o el seguimiento de los servicios. En suma, mejores resultados se obtienen en la lucha contra la violencia de género. Y, conscientes de ello, las Administraciones Locales han ido implementando normas y planes con medidas específicas que favorecen la igualdad de oportunidades, introduciendo, en la mayoría de los casos, la igualdad de género como paradigma de progreso”.
El Pacto de Estado y la FEMP
Dentro de las 200 medidas que se recogen en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para los próximos cinco años, pero aún no incluidas en la medidas de carácter urgentes aprobadas para 2018, se recoge que la FEMP realice un estudio sobre las consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago, cuando víctima y agresor figuren como responsables de crédito hipotecario a efectos de identificar qué problemática se está produciendo y adecuar la legislación para evitar situaciones de violencia económica.
Asimismo, incluye que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos acuerden el fomento y la dotación de más recursos a los Puntos de Información de la Mujer (PIM) y a los Centros de Información Municipal (CIM). También la implantación de Mesas Locales de Coordinación contra la Violencia de Género. Instrumento éste de trabajo y coordinación que sería impulsado por las CCAA y liderado por cada Ayuntamiento, en las que estén representados todos los agentes y organismos especializados: cuerpos de seguridad, profesionales del ámbito sanitario local, de servicios sociales y ámbito de la administración de justicia; con el objetivo de unificar criterios y coordinar procedimientos.
Sin embargo, a lo largo de todo el proceso de discusión y elaboración de las medidas del Pacto, la FEMP ha expuesto muchas más consideraciones y propuestas, basadas en las necesidades detectadas por los Ayuntamientos en materia de lucha contra la violencia de género. Por ejemplo, una formación especializada y común en todos los Ayuntamientos para todos aquellos profesionales que trabajen en servicios municipales, así como la implementación de servicios de información, formación, sensibilización e intervención en todos los municipios, porque los maltratadores agreden a sus víctimas en cualquier aldea, pueblo o ciudad.
Desde la FEMP también se ha pedido la revisión del criterio de la existencia de denuncia previa para que las mujeres puedan acceder a los recursos y servicios asistenciales, como el caso de ATENPRO. De igual forma que los programas de recogida de datos de las mujeres víctimas, así como los soportes documentales, sean comunes en todos los Ayuntamientos, con el fin evitar que las mujeres víctimas tengan que explicar una y otra vez su caso en las diferentes instancias administrativas o de intervención. A nivel municipal, según la propuesta de la FEMP, deberían existir criterios de excepcionalidad en los baremos de atención, eliminando la necesidad de empadronamiento que permita a las mujeres movilidad territorial si ésta fuera necesaria.
Otra de las propuestas presentadas durante el proceso de elaboración del Pacto es la recomendación de la incorporación del sistema judicial a todas las coordinaciones territoriales y la estandarización de petición de informes desde el sistema judicial a los servicios municipales. También la necesidad de que se elabore un protocolo que unifique la gestión de los recursos de emergencia y las casas de acogida, es necesario que se trabaje en un protocolo que unifique su gestión.
Desde la premisa de que los menores hijos e hijas de mujeres maltratadas son también víctimas, la FEMP considera necesario garantizarles atención psicológica individual a nivel municipal. Su recuperación, en gran parte, depende de ello.
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Foto de familia
