El proyecto “Catastro y Seguridad Jurídica en el Territorio Rural” surge de la necesidad de ayudar a los territorios de la España rural que sufren el efecto de la despoblación demográfica y como consecuencia de ella la pérdida de bienes y servicios y el abandono de las propiedades.
Es muy frecuente que el agricultor o el emprendedor en el medio rural de la España Vaciada no puedan hacer frente, por ejemplo, a la regularización de la situación jurídica de un inmueble debido a los cuantiosos gastos que debe afrontar, como la Identificación del inmueble, medición, desplazamientos, gastos de notaría, inscripción en el Registro de la Propiedad e impuestos. Teniendo en cuenta que cada titular consta en el catastro con una media de cinco parcelas, los costes previstos hacen inasumible dicha regularización.
Los tres pilares que sustentan la seguridad jurídica inmobiliaria son la identificación, ubicación y delimitación en el territorio; los títulos de propiedad; y la inscripción en el Registro de la Propiedad. El proyecto busca, por tanto, dotar de seguridad jurídica suficiente para facilitar la inversión en territorio rural, para cohesionar los territorios y ofrecerles las mismas oportunidades económicas.
Por todo ello, el objetivo del proyecto, dotado con un presupuesto 100 millones de euros de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está orientado a cubrir los gastos del ciudadano para regularizar su patrimonio inmobiliario, reduciendo prácticamente en su totalidad los costes de gestión. Está dirigido a quienes dispongan de menos recursos, es decir, municipios con problemas de despoblación, inmuebles cuyo valor sea reducido, y ciudadanos que cuenten con un número de inmuebles cuyo valor acumulado no supere una cuantía prefijada.
La Dirección General de Catastro, que gestiona 7.608 municipios en todo el territorio nacional, ha analizado sus datos de densidad por provincias y Comunidades Autónomas concluyendo que existen 2.950 municipios muy escasamente poblados y otros 818 escasamente poblados, lo que hace un total de 3.768 municipios objeto del proyecto.
El presupuesto del proyecto estará destinado a trabajos previos de incorporación del dominio público; atención al ciudadano para identificación y corrección de la descripción de sus inmuebles; notificación a todos los titulares; estudio de bonificaciones de aranceles en la generación de escrituras; y estudio de bonificaciones de aranceles en la Inscripción en el Registro de la Propiedad.
