FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

La Comisión de Justicia, tan pronto se constituya, mantendrá interlocución con responsables del Ministerio de Justicia y también con otras Comisiones de la FEMP relacionadas con Desarrollo Rural y con Despoblación. Los costes de adaptación se cubrirán desde el Ministerio y con fondos europeos, según informó el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, a la Junta de Gobierno y al Consejo Territorial el pasado 11 de mayo. 

 

 

La transformación de los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia forma parte del Plan de Justicia 2030 y queda recogida en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia. La FEMP ha conocido estos planes de primera mano en las reuniones de trabajo mantenidas por el Presidente con el Ministro Juan Carlos Campo y su equipo. En ese proceso de transformación en el que los municipios juegan un papel esencial, está previsto contar con la actual estructura de los Juzgados de Paz y con los funcionarios de Justicia que prestan su servicio en ellos. 

 

En la actualidad son los Gobiernos Locales los que proveen de medios a los Juzgados de Paz, desde mobiliario a equipos informáticos y sus consumibles. En las nuevas Oficinas de Justicia se continuaría con el mismo régimen pero se dotará con los necesarios equipos tecnológicos con cargo a los Fondos Next Generation UE, en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El mantenimiento y actualización de estos equipos correrá a cargo del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma con competencias asumidas. 

 

Y en cuanto a los edificios de las nuevas Oficinas, serán los mismos que ahora están albergando los Juzgados de Paz y que pertenecen a los Ayuntamientos. Según se destaca desde Justicia, las necesidades de espacio van a variar, tanto por las características de los nuevos servicios que se van a prestar en estas instalaciones como por la necesidad de ubicar a los nuevos funcionarios que se incorporarán a las oficinas de los municipios más pequeños. Para la adecuación o ampliación de los nuevos espacios se pretende colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del IDAE, también a través de los Fondos Next Generation EU previstos para los municipios con menos de 5.000 habitantes. 

 

En total serán 7.700 los municipios que se verán beneficiados con la medida; ninguno de ellos es cabeza de Partido Judicial, pero todos cuentan con Juzgados de Paz. En sus territorios residen 17,6 millones de personas, de las que casi el 90% lo hace en 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, y casi un tercio -32%- en los 3.800 pueblos con menos de 200 habitantes. 

 

 

Con esta estructura reforzada, nuevas competencias y equipamientos tecnológicos adecuados, las nuevas Oficinas de Justicia estarán preparadas para facilitar dos servicios en dos ámbitos. El primero de ellos es el de Administración de Justicia. Según destaca el Ministerio, el proceso de transformación digital previsto hará que “las Oficinas de Justicia sean ventanas para atender una multitud de servicios vinculados con el Servicio Público de Justicia”. Así, las Oficinas podrán favorecer el principio de inmediación en diferentes actuaciones judiciales con la utilización de herramientas como la videoconferencia, que permitirán conectar a la ciudadanía de cualquier territorio -en especial, de las áreas con mayor despoblación- con cualquier juzgado de España, lo que además reduciría los costes económicos y personales de los desplazamientos, y también el impacto ambiental. Las Oficinas podrán facilitar también los trámites con el Registro Civil, serán puntos de acceso al expediente judicial, apoyar el sistema de cita previa con juzgados y Gerencias Territoriales, conectar con los Colegios de Abogados, practicar actos de comunicación procesal, servicios de soluciones adecuadas de controversias (MSAC) -previstas en la estrategia de Justicia 2030- y conectar con las Oficinas de Atención a las Víctimas del delito. 

 

Más allá de los servicios de Justicia, las Oficinas también ofrecerán un punto de acceso general a otros servicios prestados por el resto de las Adminis traciones (presentación de solicitudes o documentos, transmisión de información, entrega de documentación…), así como la posibilidad de utilizar el sistema de videoconferencias desde otras Administraciones. Convertirse en espacios de trabajo deslocalizados y coworking tanto para los funcionarios de Administración de Justicia como de otras Administraciones, son otras de las posibilidades abiertas. 

 

 

En cuanto a los funcionarios, según recoge el informe realizado desde el Ministerio de Justicia, en la actualidad disponen de funcionarios de Justicia 603 municipios con más de 7.000 habitantes, y 503 agrupaciones, que atienden a 4.648 municipios. Los 2.449 municipios restantes no cuentan con funcionarios de Justicia; la Ley de Eficiencia Organizativa prevé concentrarlos en 250 nuevas agrupaciones a las que se incorporarían 350 funcionarios más. 

 

Estos 350 nuevos funcionarios se sumarán a los 2.700 existentes. Sus retribuciones correrán a cargo de Ministerio de Justicia (o de la Comunidad Autónoma cuando ésta tiene asumidas competencias en la materia, situación en la que se encuentran doce de las 17 CCAA). 

 

Según indica el informe del Ministerio de Justicia, las funciones que este personal viene desempeñando se limitan a las propias de la Administración de Justicia “al constituir cuerpos nacionales cuya regulación se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. No obstante, el Anteproyecto que prevé la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios atribuye a dichos cuerpos “funciones que van a permitir la realización de las nuevas competencias que se pretende residenciar en las mismas”.