FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Las dos provincias extremeñas, ocho de las nueve de Castilla y León, cuatro de las cinco que componen Castilla-La Mancha, dos de las provincias aragonesas, otras dos gallegas y dos más en Andalucía, se despueblan. De hecho, se vienen despoblando desde los años cincuenta, y en algunos casos de manera tan alarmante, que los porcentajes de disminución superan el 40% -como Teruel o Soria- o se aproximan dramáticamente al mismo –en Cuenca y Zamora-.

Es la tónica general en la España interior, una línea que sólo rompen las grandes concentraciones urbanas, como la Comunidad de Madrid, o las provincias que acogen las capitales autonómicas de las dos Castillas y en Aragón, provincias en las que, pese a todo, también existen áreas y comarcas que sufren despoblación.

El envejecimiento paulatino de los habitantes, el abandono de las actividades tradicionales y la salida en busca de nuevas opciones económicas de jóvenes y mujeres siguen siendo las principales causas de un problema creciente para los responsables locales y también para las Administraciones provinciales. Estas últimas se ven obligadas a acometer planes de infraestructuras y equipamientos locales que mantengan el valor social y económico del territorio y que, además, garanticen a los residentes del espacio rural buenas condiciones de vida. Sobre sus actividades y las iniciativas desplegadas ante la despoblación en nuestro país se hablará los próximos días 20 y 21 de octubre en Teruel, en el marco del encuentro “La Despoblación en España: evolución, situación actual y propuestas de futuro” (ver cuadro).

Apoyar desde la PIE

La evolución actual del proceso despoblador hace precisa la toma de decisiones y la puesta en marcha de medidas correctoras de diversa índole. Un Estudio elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Despoblación, de la FEMP, cuyos contenidos también se analizarán en el encuentro de Teruel, propone el establecimiento de un índice corrector sobre la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) para trabajar en iniciativas contra la despoblación.

Según subraya el estudio, a la hora de impulsar el desarrollo de un territorio, los servicios a la población del mismo “constituyen un factor ineludible y básico en cualquier estrategia de desarrollo rural”. Viabilidad económica y accesibilidad social, unidos la existencia de una red viaria que dé cobertura a las necesidades de la población, son elementos previos y fundamentales para cualquier planteamiento de desarrollo rural.

Por otro lado, las tecnologías de la información, confirmadas ya como motor de cambio social, ayudan en el impulso del crecimiento económico y el empleo. Las oportunidades que las redes de comunicaciones representan para las áreas rurales son evidentes: la disponiblidad de numerosos servicios a través de la red o las oportunidades vinculadas al teletrabajo suponen una herramienta para favorecer la cohesión económica y social de los territorios, siempre que vayan acompañadas de mejoras en las infraestructuras.

Tal y como recuerda el estudio, el ejemplo de los países nórdicos demuestra claramente que la baja densidad de población no es un obstáculo para la puesta en marcha de servicios eficientes; pero para llevar a cabo actuaciones de este tipo sería necesario concretar políticas y actuaciones en la línea que ya impulsa la Estrategia Territorial Europea, que viene a reforzar las tendencias de contraurbanización (sustitución de las grandes urbes por espacios rurales como lugar de residencia) mediante promoción conjunta de lo rural y lo urbano y planificación policéntrica del territorio.

Sobre esta base, y de cara a dar solución a los problemas de despoblamiento que existen en nuestro país, es donde el estudio de la FEMP formula la incorporación de un índice corrector aplicable sobre la PIE para la lucha contra la despoblación; dicho índice se determinaría en función de la población perdida por la provincia entre los años 1950 y 2000, y al aplicarlo supondría un aumento del importe de la Participación. El aumento resultante de los ingresos estaría destinado a cinco ejes de actuación en el medio rural: políticas de impulso empresarial, políticas sociales y de creación de empleo en colectivos de riesgo, políticas de mejora de infraestructuras, políticas medioambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos y, finalmente, políticas de apoyo a los Ayuntamientos para la promoción de la vivienda destinada a nuevos pobladores.

Medidas concretas

En este marco, y como propuestas para asentar población o atraer nuevos residentes al medio rural, desde la FEMP se habla de medidas de fomento de la inversión, creación de empleo y calidad de vida tales como anticipos reembolsables o facilidades económicas para iniciativas generadoras de empleo, impulso de los viveros de empresas y polígonos industriales, ofertas de empleo público generadas por Ayuntamientos o formación y contratación de la población rural para la gestión integral de montes (cuya falta de mantenimiento representa un riesgo elevado tanto de incendios como de mejora del patrimonio natural).

Otras medidas son la promoción de bienes y productos (alimentos naturales o gastronomía de la zona, patrimonio natural y arquitectónico, proyectos de I+D+i), la puesta en marcha de alternativas energéticas –producción de energía a partir de biomasa y otras actividades relacionadas con el desarrollo energético-, iniciativas de acción social y empleo femenino –construcción de viviendas tuteladas, residencias de mayores y casas canguro, apoyo económico a las familias para gastos de estancia en esos centros, o gestión compartida de centros de la tercera edad y casas canguro- o las ayudas para rehabilitación y adquisición de viviendas.

En lo referente a movilidad, accesibilidad y nuevas tecnologías, la mejora de la red viaria y el acercamiento de los municipios en peligro de despoblación a la red principal de carreteras mediante una buena red secundaria o adecuados servicios de transporte mancomunado, así como el despliegue de banda ancha en el medio rural, son algunas de las propuestas formuladas. El informe de la FEMP también apuesta por la recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico.

Otras medidas para favorecer la sostenibilidad rural

En el marco de la jornada de Teruel también se analizará el papel de las mujeres como eje para sostener el medio rural; la falta de oportunidades económicas en las actividades tradicionales y la ausencia de alternativas adecuadas de empleo y futuro son la base de que el éxodo femenino haya sido, si cabe, más acusado que el masculino; a ello hay que sumar el papel de vertebrador social y familiar de las mujeres, y las consecuencias más graves que su falta ocasiona en el medio rural.

Además de este tema, está previsto analizar medidas destinadas a favorecer la sostenibilidad en este medio y conocer las experiencias y buenas prácticas en la lucha contra la despoblación emprendidas en diferentes municipios de zonas afectadas. También se contempla acercar a los asistentes las medidas y apoyos de la Unión Europea en esta cuestión. Con sus aportaciones y otras se elaborará una serie de conclusiones destinadas a formular propuestas de futuro para reducir la despoblación.