FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El acuerdo sobre reducción de retribuciones de cargos electos y altos cargos, que también se aplicará a los Presidentes, Vicepresidentes y Directivos de empresas públicas municipales, fue adoptado por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos políticos que integran la Ejecutiva de la Federación, PSOE, PP, IU, CiU, UPN y PAR.

Los criterios establecidos por la FEMP son concordantes con los que  aplicará el Gobierno para la Administración General del Estado y en ellos se contempla que las reducciones salariales se establecerán de forma individual y con criterios de progresividad. Para calcularlos se toma como base la cuantía de la retribución percibida,  conforme a los siguientes porcentajes: una reducción del 15% para salarios similares a los de Ministros o Presidente del Gobierno; del 10% para los equiparables a Secretarios de Estado; del 9% en el caso de Subsecretarios y del 8% para los que correspondan a Directores Generales.

A partir de de estos tramos de ingresos, la reducción estaría situada entre el 0,56% y el 7% para aquellas retribuciones que coincidan con los salarios de los empleados públicos de la AGE que se establezcan en el Real Decreto-Ley. (Ver cuadros que se adjuntan)

Los cargos electos y cargos públicos comenzarán a aplicar esta rebaja en la nómina del mes de junio, y los salarios quedarán congelados para el año 2011. Quedarán exentas de reducción las retribuciones que se correspondan con las exenciones establecidas en el mismo para los funcionarios.

Limitación de créditos a largo plazo

La Ejecutiva de la FEMP, presidida por Pedro Castro, abordó además el conjunto de medidas económico financieras contenidas en el Real Decreto y que afectan a las Entidades Locales, en concreto lo establecido en el Capítulo VI del texto que, entre otras cuestiones, incluye los recursos afectados en materia de personal y las limitaciones de las Entidades Locales y sus Entidades dependientes para acudir al crédito público o privado a largo plazo.

El texto original, publicado con fecha 24 de mayo señalaba que, desde la entrada en vigor del Real Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2010, las Entidades Locales no podrían acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones. Al día siguiente, el BOE publicaba una corrección de errores que cambiaba sustancialmente este escenario, trasladando la restricción al crédito al ejercicio 2011.

Este hecho, según el Presidente de la FEMP, “permite que en 2010 los Ayuntamientos puedan desarrollar sus presupuestos, obras y políticas sociales con normalidad”. No obstante, la medida acarreará muchos inconvenientes a la hora de planificar los presupuestos y las inversiones municipales de cara al 2011, sobre todo aquellas que tienen carácter plurianual o están cofinanciadas por otras administraciones o programas comunitarios.

Por ello, Pedro Castro, anunció al finalizar la reunión de la Ejecutiva su intención de seguir dialogando y negociando con el Gobierno en los próximos meses para que los efectos de estas restricciones no supongan un grave perjuicio para el normal funcionamiento de los Gobiernos Locales.

El Presidente de la FEMP quiso también dejar claro que entendía que el Gobierno tuviera que tomar medidas para reducir el déficit público, son "decisiones duras que se hacen para sacar adelante el país", dijo, aludiendo al Real Decreto, con las que se trata de animar la economía y generar empleo, “con la solidaridad de los que tienen trabajo”.

Entidades Locales: 200 millones de ahorro

El paquete de medidas del Gobierno incluye, asimismo, una propuesta que modifica los acuerdos marco sobre estabilidad, formalizados recientemente con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, con el objetivo de lograr un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en los gastos de las administraciones territoriales en 2011. De esta cuantía, 200 millones quedan asignados a las Entidades Locales, cuya distribución deberá ser tratada en el marco de la Comisión Nacional de Administración Local.

Salarios públicos y pensiones

El contenido del Real Decreto Ley concreta las medidas de ajuste que se adoptarán en las próximas semanas para conseguir una reducción adicional de 1,6 puntos del PIB del déficit público en 2011. El ahorro previsto en el gasto público es de 5.250 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 millones en 2011.

La reducción media del 5% en términos anuales de los salarios de los empleados públicos se aplicará con criterios de progresividad para minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos. La escala oscilará entre el 0,56 por 100 y el 7 por 100 en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de todas las Administraciones Públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas, como sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por 100 y un 15 por 100. El ahorro que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035 millones en 2011. Para las Administraciones Territoriales supondrá un ahorro de 1.765 millones este año y 3.465 millones, el próximo.

Además de la disminución de los salarios públicos, las medidas de ajuste afectan a la revalorización de las pensiones en 2011, salvo en el caso de las más bajas del sistema, y la suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial. A partir de ahora, para acceder a esta jubilación habrá tener 61 años, con un mínimo de treinta cotizados y los últimos seis años en la misma empresa.

Prestaciones por dependencia

El Gobierno establece un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir; una medida que permitirá eliminar retrasos en la recepción de los servicios y prestaciones por parte de los beneficiarios y aportará una mayor eficacia en el gasto público, ya que eliminará la cuenta por pagos derivados de la aplicación del principio de retroactividad cuando este reconocimiento se retrasaba. El Real Decreto Ley establece, asimismo, la posibilidad de aplazar hasta un máximo de cinco años el pago de los derechos de retroactividad generados hasta ahora. Con todo ello, habrá un ahorro de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales.

Las medidas del Gobierno incluyen, como es sabido, la eliminación de la deducción de 2.500 euros por nacimiento y adopción en el IRPF, conocida como “cheque-bebé”, así como la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción que se estableció simultáneamente. El ahorro estimado en este caso será de 1.250 millones de euros.

Además, contempla un recorte del gasto farmacéutico que se concreta en un descuento obligatorio del 7,5% al Sistema Nacional de Salud en las ventas de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, una rebaja en los precios de los productos sanitarios y la adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como la dispensación de medicamentos en unidosis.