FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El mecanismo de financiación que ultima la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y que permitirá a los Gobiernos Locales saldar sus deudas con proveedores recoge los tres principios básicos reclamados por la FEMP: en primer lugar un periodo de carencia amplio (dos años); en segundo, un plazo de amortización que sea lo suficientemente extenso como para que las economías locales no se vean estranguladas (diez años) y, finalmente, un tipo de interés adecuado.

Estas tres condiciones son imprescindibles para que el futuro plan de pago resulte eficaz, y así lo constató la Junta de Gobierno de la FEMP que, días antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, había acordado que acordó que el Presidente de la Federación, Juan Ignacio Zoido, instará al Ejecutivo para la incorporación de estas pautas al futuro sistema.

 

Para la Junta de Gobierno, el pago a proveedores puede sentar las bases de la reactivación económica al impulsar la actividad de autónomos y pymes, en la medida que “otorga liquidez al estancamiento económico y financiero que padecen muchos emprendedores como consecuencia de las facturas pendientes de cobrar”, según señaló el Presidente de la FEMP.

 

Según el Vicepresidente Primero de la FEMP y Alcalde de Vigo, Abel Caballero, el mecanismo de financiación tiene “el gran mérito de permitir pagar deudas en un momento de crisis”, aunque añadió que “no debería ocurrir que resolver el problema de las deudas a proveedores acabe convirtiéndose en un problema para los municipios”. Para Caballero, el impago a proveedores es en buena parte consecuencia de que “las Comunidades Autónomas no pagan a las Entidades Locales”, y por ello abogó por resolver cuanto antes el sistema de financiación local.

 

Precisamente será el propio Presidente Zoido el que, en breve, abrirá una ronda de contactos con los Presidentes de las diferentes Comunidades Autónomas al objeto de establecer vías que permitan a los Consistorios el cobro de las cantidades que les adeudan los Gobiernos regionales. La extinción “total o parcial” de las deudas que las Administraciones Central y Autonómica tienen con la Local, así como el abono “con la mayor celeridad posible, de las obligaciones pendientes de pago de la Administración Autonómica a las Corporaciones Locales” son dos reivindicaciones que aparecen formuladas en las Resoluciones de la pasada Asamblea General.

 

El Vicepresidente Segundo, Fernando Martínez Maíllo, indicó que los contenidos del Real Decreto-Ley y el mecanismo de financiación “suponen dar liquidez a los proveedores, y eso servirá para generar empleo”. Señaló también que para “hacer una valoración real de la medida será preciso conocer las condiciones” de una forma más detallada ya que, según recordó, la línea ICO anterior fracasó, entre otras cuestiones, por los plazos de amortización fijados.

 

Por su parte, José Masa, Vocal de la Junta de Gobierno, insistió en que “la Administración Local no es tan onerosa como dicen” y afirmó que, por encima de otras consideraciones, es necesario mantener la prestación de servicios. A su juicio, la negociación directa de los bancos con las empresas, la fijación de quitas y otras cuestiones pueden acabar en “la paradoja de que los Ayuntamientos se queden sin dinero por devolver los créditos y no tengan recursos para prestar servicios”.

 

Los más cumplidores con el déficit

 

Dentro del capítulo económico, los miembros de la Junta de Gobierno hicieron un reconocimiento del logro de los municipios a la hora de contener su déficit, a pesar de estar destinando un 26% de su presupuesto a la cobertura económica de competencias impropias. Según los últimos datos emitidos, el conjunto de las Administraciones Públicas se desvió en un 2,51% de los objetivos de déficit fijados para 2011; sin embargo, los datos correspondientes a cada Administración indican que el desvío experimentado por la Administración Local fue tan sólo de un 0,08% sobre el objetivo (el déficit total local fue de un 0,38% en 2011).

 

Y en línea de austeridad, la propia Federación reducirá sus gastos en más de un 30% este año. La Junta aprobó un Plan de Ajuste y Eficiencia, elaborado en consonancia con las medidas de ahorro implementadas por los Gobiernos Locales, con el que ha venido a completar la reducción ya recogida en el Presupuesto 2012 de la FEMP. Así, al 19,05% de ahorro de los Presupuestos 2012 sobre los de 2011, se suma ahora otro nuevo 15,79% del Plan de Ajuste, que permite un ahorro total de 31,83%. Bajo la máxima de obtener el mismo servicio a menor coste, el Plan aprobado contempla la reducción de cuatro partidas presupuestarias: arrendamiento de local anexo de oficinas de la FEMP, telefonía móvil, proceso de elaboración de nóminas o difusión postal internacional de la publicación mensual.

 

Estudios en marcha

 

En la reunión también se informó de la puesta en marcha de un estudio sobre sueldos y salarios de cargos públicos locales. En la actual situación económica, parece necesario establecer un marco regulador de estas retribuciones y, por ello, la FEMP ya ha comenzado a trabajar en el informe que pondrá en conocimiento de la Junta de Gobierno una vez terminado.

 

En esta misma línea, la Junta fue informada de las nuevas adhesiones al Código de Buen Gobierno Local, que la Ejecutiva de la FEMP aprobó por unanimidad en diciembre de 2009. Este Código contribuye a la mejora de los modelos de gestión y asegura a los ciudadanos un buen gobierno local “como garantía de igualdad y solidaridad, adquiriendo un compromiso con la ética pública y la calidad democrática en el ámbito de gestión más próxima al ciudadano”. Durante la Junta de Gobierno, y en relación con esta materia, se anunció la próxima creación del Observatorio de evaluación de la calidad democrática, encargado de valorar la aplicación del Código.

 

También se está elaborando un estudio sobre competencias municipales en el que se abordarán, por un lado, las competencias que, por ley, tienen asignadas los Ayuntamiento en la actualidad y, por otro, las que en realidad están ejerciendo. Con la información recogida se pretende ofrecer una “fotografía” real que sirva de base para establecer un nuevo marco legislativo donde se contemple una adecuada delimitación competencial de las diferentes Administraciones. Tanto la FEMP como el Gobierno ya manifestaron en la pasada CNAL su intención de trabajar en esta línea.

 

 

Otras cuestiones

 

En la Junta de Gobierno también se informó sobre las novedades contenidas en la reforma laboral y los criterios de aplicación del artículo 8 (tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles) del Real Decreto-Ley 20/2011, remitidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en respuesta al documento de dudas interpretativas que la FEMP envío a ese Ministerio (ver más información en páginas siguientes de esta edición de Carta Local).

 

Asimismo, la Junta de Gobierno también dio su visto bueno a la propuesta de Declaración Institucional de la FEMP con motivo de la celebración, el 8 de este mes, del Día Internacional de la Mujer. La Declaración es un llamamiento de la Federación a los Gobiernos Locales interesados para que se sumen a la celebración de la jornada conmemorativa mediante la organización de actos de sensibilización u otros que muestren su compromiso con la igualdad.

 

El lema propuesto este año por Naciones Unidas para el 8 de marzo es “Habilitar a la mujer campesina - Acabar con el hambre y la pobreza”.Según señala la ONU, la desigualdad entre géneros y el acceso limitado al crédito, la salud y la educación son las principales dificultades que afrontan las mujeres rurales y añade que “si las mujeres tuvieran un acceso equitativo a los fertilizantes, semillas y herramientas, la cantidad de personas hambrientas en el mundo se reduciría entre 100 y 150 millones”.

 

En materia de Igualdad, también se presentó la Propuesta Metodológica para el Trabajo contra la Discriminación en el ámbito local, un documento elaborado en el ámbito del convenio suscrito entre la FEMP y el antiguo Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que se desarrollan cuestiones como el marco legislativo sobre la igualdad y no discriminación, el marco conceptual sobre la discriminación, criterios generales de actuación, diagnósticos y auditorías como instrumentos para conocer la discriminación y combatirla, estrategias metodológicas o criterios de organización de proyectos y planes contra la discriminación.