FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Planes Integrales para gestionar los flujos de trabajadores agrícolas de temporada
Realizar la adecuada planificación de necesidades de mano de obra y de la disponibilidad de alojamientos para los trabajadores agrícolas de temporada, de cara a la organización de los flujos migratorios en cada campaña, es una de las principales recomendaciones formuladas por la FEMP a los Gobiernos Locales tras el análisis de los datos recogidos en el estudio sobre esta cuestión. Pese a que la provisión de alojamientos para este colectivo no es una competencia municipal, los Ayuntamientos son, frecuente, los organismos que aportan solución a estas necesidades
El estudio, realizado por la FEMP en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con la Dirección General de Inmigración, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y financiado por el Fondo Social Europeo, a través de su Programa Operativo 2007-2013 “Lucha contra la Discriminación”, ha venido a constatar varias cuestiones de interés: por ejemplo, que los municipios en cuyo ámbito territorial se realizan campañas agrícolas de temporada, con independencia de la zona geográfica en la que se asienten, suelen ser municipios pequeños que, frecuentemente, no disponen de la infraestructura necesaria para dar cobertura a las necesidades de servicios derivadas de la afluencia de trabajadores. Esta falta de recursos, que en pasado se tradujo en la aparición de asentamientos ilegales, se ha ido resolviendo con el tiempo mediante soluciones eficaces aportadas, frecuentemente, desde los Ayuntamientos.
Por otro lado, el informe también muestra el aumento en el número de trabajadores temporeros de nacionalidad española o de inmigrantes ya asentados en nuestro país, frente a trabajadores extranjeros contratados en origen; se trata de una tendencia que empezó a hacerse visible en las campañas agrícolas de 2009 y que en 2010 se ha venido a confirmar.
Punto clave: planificar adecuadamente
El alojamiento de los trabajadores temporeros es, según señala en estudio en su capítulo de conclusiones, un “factor crítico” en la adecuada gestión de las campañas agrícolas, “ya que su carencia comporta una serie de dificultades que afectan a la convivencia de los municipios, tanto desde el punto de vista de condiciones de habitabilidad, integración, condiciones sociales y la producción de asentamientos de trabajadores en malas condiciones”.
Dado que el factor alojamiento está unido a la planificación de la mano de obra, el estudio subraya que una adecuada planificación de ésta reduce el impacto que podría provocar una dotación insuficiente de plazas y ayuda a disponer los servicios adecuados a las necesidades de los trabajadores.
Recomienda, además, reforzar la concatenación de campañas agrícolas y mejorar la coordinación de los Servicios Públicos de Empleo con las empresas del sector a la hora de canalizar las ofertas de contratación; esta circunstancia, unida la mencionada planificación por parte de los empresarios agrícolas reducirá la necesidad de realizar contrataciones en origen y también hará descender “el flujo de trabajadores que se desplazan de unas provincias a otras sin garantías de encontrar trabajo”.
También es aconsejable llevar a cabo actuaciones de información y asesoramiento a los trabajadores que constituyen un flujo de búsqueda de trabajo en otras provincias; se trataría de impulsar mecanismos de detección de estos flujos así como de aquellos elementos informativos que ayuden a generar “una adecuada canalización formal por parte de las organizaciones e instituciones implicadas en el sector y, por ende, la conveniencia de realizar actuaciones preventivas”.
El informe precisa que las actuaciones que se vienen realizando en los ámbitos anteriores “podrían estar siendo dispersas y requieren, para un mayor impacto, de un proceso de integración en el que tiene cabida la implementación de un Plan Integral de Gestión de Campañas que aglutine factores críticos, como el alojamiento y las modalidades de contratación, desde una perspectiva más ambiciosa, conectando las actuaciones locales y provinciales con las estatales, y en la medida de lo posible, con el uso intensivo de la tecnología”.
Municipios pequeños con asentamientos diversos
Los municipios en los que se realizan campañas agrícolas de temporada que requieren de la mano de obra de trabajadores externos y que, en consecuencia, se ven afectados por estos flujos migratorios, suelen ser pequeños y se concentran de forma mayoritaria en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha; y en menor medida, en Aragón, Extremadura y Castilla y León.
Por provincias, las más afectadas son Jaén, Huelva, Lleida, Córdoba, Ciudad Real, Zaragoza, Albacete, Cuenca, y también Logroño, Cáceres, Toledo y Valencia. En estas provincias se combinan diferentes modalidades de contratación de trabajadores, desde la contratación en países de origen, mediante el sistema de contingente, hasta la llegada de trabajadores a través de canales regulados, pasando por aquéllos que, por su cuenta, buscan ocupación en diversas campañas.
En la última década, en virtud del desarrollo económico, la mano de obra local disminuyó y la realización de trabajos agrícolas acabó recayendo en mano de obra inmigrante, la crisis económica ha invertido esta tendencia y tanto la mano de obra local como la de inmigrantes regularizados, procedentes todos ellos del sector de la construcción, ha vuelto para ocuparse de las tareas del campo.
Ya en su momento, la falta de recursos de los municipios para acoger a los temporeros que llegaban de forma masiva durante las campañas se manifestó en numerosos asentamientos ilegales de inmigrantes en zonas rurales. Esta situación exigió dar respuestas, tales como requerir a los empleadores la disponibilidad de alojamientos, la intensificación de la vigilancia o los desalojos; algunas veces, desde los propios Ayuntamientos, y otras por iniciativa de los empresarios agrícolas, la creación de Albergues para Temporeros ha supuesto la iniciativa más habitual orientada a facilitar un alojamiento digno.
Según destaca el estudio, entre 1990 y 2000 se pusieron en funcionamiento hasta ocho instalaciones en la provincia de Jaén, y otras más en Álava; desde ese año se han seguido abriendo instalaciones similares buena parte de las provincias; los más recientes que recoge el estudio son los de Cartaya y Córdoba y son más de una veintena las que se prevén abrir.
En términos generales, y según los datos recogidos en el estudio (ver gráfico) con respuestas múltiples, de los municipios que reciben trabajadores temporeros, el 47% indican que los trabajadores se alojan en instalaciones dispuestas por los empresarios agrícolas (o cooperativas agrarias y organizaciones de productores); alrededor de una quinta parte de estos alojamientos está en condiciones mejorables.
El 53% restante informan que los trabajadores se alojan por su cuenta (un 30% en condiciones de habitabilidad razonables y un 23% en condiciones de hacinamiento). Ese 30% de Municipios con alojamientos habitables se reparte en un 12% de los mismos que disponen de instalaciones y equipamientos municipales, otro 11% de Municipios en asentamientos incontrolados, detectándose 26 asentamientos y un 8% de otras formas o modalidades.
En lo que respecta a la Administración Local, subraya el estudio, dado que “dotar de un alojamiento a los trabajadores temporeros durante una campaña agrícola no es una competencia municipal, las actuaciones que vienen desarrollando las Corporaciones Locales son importantes y un plus añadido al proceso productivo agrícola”. La información recogida destaca que las instalaciones municipales destinadas a este fin se emplean también como mecanismo de apoyo a la búsqueda de trabajo para aquellos trabajadores que se acercan a las campañas sin contrato previo.
Más de la mitad de los Ayuntamientos consultados aseguraron no tener dificultades para atender a los trabajadores de temporada; los problemas con los que tropezó el resto de los Ayuntamientos tuvieron que ver con el desajuste –frecuentemente excedente- entre oferta y demanda de mano de obra externa y con la variación de las formas de contratación.
Iniciativas municipales
De cara a favorecer el alojamiento de temporeros, los Ayuntamientos han venido poniendo en marcha iniciativas de interés, especialmente valorables al considerar que no son su competencia administrativa. Las iniciativas son de dos tipos: las orientadas al desarrollo de equipamientos municipales (alojamiento) y las de carácter general de soporte (ver gráfico).
En el primer capítulo, más de la mitad de los Ayuntamientos han puesto en marcha alguna actuación, entre las que destacan las tareas de coordinación con los diversos agentes implicados, la vigilancia de la salubridad y la seguridad, la coordinación con diversas Administraciones, la creación de alojamientos para temporeros o la contratación de personal para la gestión y mantenimiento de los alojamientos.
En cuanto a las iniciativas de carácter general, la más frecuente ha sido la de facilitar información, tramitación o asesoramiento especializado; otro porcentaje importante habilitó partidas presupuestarias para proveer de ayudas sociales y sanitarias; y otros realizaron actuaciones de sensibilización sobre el tema entre la población del municipio.
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