FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El principal objetivo de estos cambios es mejorar el gobierno corporativo de las cajas y la calidad de sus recursos propios en el actual contexto financiero.

La reforma contemplada, que preserva la función social y los intereses generales de las cajas y de su obra fundacional, supone la modificación de dos Leyes: la Ley de coeficientes de inversión, recursos, propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, de 25 de mayo de 1985, y la Ley de regulación de las normas básicas sobre Órganos rectores de las Cajas de Ahorro, de 2 de agosto de 1985. El Real Decreto-ley fue aprobado por el Consejo de ministros el pasado julio.

Gobierno corporativo de las Cajas

Los órganos de gobierno de las Cajas serán la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control. Así lo contempla el nuevo texto que prevé, adicionalmente, la creación de dos nuevas figuras, la Comisión de Obra Social y la de Nombramientos y Retribuciones.

La modificación más destacada en este ámbito afecta a la representación de las Administraciones Públicas y entidades y corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las Cajas: a partir de ahora, esa representación no podrá superar en su conjunto el 40% del total de los derechos de voto, frente al 50 por 100 vigente hasta ahora. Otros cambios que afectan al gobierno corporativo son la incompatibilidad de los cargos políticos electos y de los altos cargos para ser miembros de los órganos de gobierno; el refuerzo de los requisitos de profesionalidad y experiencia para formar parte de los órganos de gobierno, pues al menos la mitad de los miembros del Consejo de Administración deberán reunir especial cualificación; la extensión de la obligación de informe anual de gobierno corporativo a todas las Cajas de Ahorro; finalmente, se establecen mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la Caja: necesidad de mayorías de dos tercios para aprobar cambios en la naturaleza jurídica de la entidad.

Régimen de cuotas participativas

En materia de cuotas participativas, la modificación del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro persigue un objetivo fundamental: transformar éstas en herramientas eficaces para la capitalización de estas entidades, facilitando el acceso de las Cajas a capital privado. Para ello se requiere, de un lado, hacerlas atractivas a potenciales inversores y, de otro, garantizar el cumplimiento de los requisitos para su consideración como capital de la máxima calidad regulatoria. Las principales novedades son la incorporación de derechos políticos de los cuota-partícipes en el gobierno de la Caja proporcional al porcentaje de su participación en el patrimonio (similares a las acciones en las sociedades anónimas); y la liberalización de su régimen, suprimiendo los límites hoy vigentes a la tenencia de cuotas por un único cuota-partícipe y a su retribución. Se mantiene un límite del 50 por 100 a la emisión de cuotas y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de las cuotas.

El Real Decreto Ley introduce, además, nuevos modelos de ejercicio de la actividad por parte de las entidades. Cualquier entidad podrá optar por mantener su condición de Caja de Ahorro, con el nuevo régimen de cuotas participativas y adaptando sus estatutos; integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP); ceder todo su negocio financiero a un banco manteniendo su condición de Caja (la obra social y la cartera industrial permanecen en la Caja); y transformarse en fundación cediendo todo su negocio como entidad de crédito a un banco en el que participa.