FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El objetivo general del convenio es el diseño y desarrollo de políticas de interés común en los ámbitos local y estatal en el área de la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Una de las principales aportaciones de este acuerdo es que las Corporaciones Locales podrán plantear iniciativas de política de consumo a la Administración del Estado a través de un órgano permanente de cooperación institucional.

La colaboración entre ambos entidades  ha quedado reflejada en el Convenio firmado el pasado mes de diciembre, entre cuyas actuaciones destacan las destinadas a la formación e información de los profesionales que trabajan en el campo del consumo y la que se destine a los ciudadanos, en general.  También comprende objetivos de formación e información de los consumidores, de resolución de conflictos (Sistema Arbitral de Consumo), de seguridad de productos, de seguimiento de las consultas y reclamaciones recibidas por las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y de ordenación del consumo.

Funciones del nuevo órgano

A través del nuevo órgano de colaboración previsto en este convenio se institucionalizarán las relaciones y la cooperación interadministrativa, se planificarán actuaciones conjuntas de la Administración del Estado y las Administraciones Locales dentro de sus ámbitos de competencia y se evaluarán informes sobre las normas en elaboración que afecten al ámbito municipal en materia de consumo.

Asimismo, este órgano servirá de cauce para distribuir información de interés para las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), para transmitir criterios consensuados de actuación en el control de mercado y para establecer una red con herramientas informáticas que facilite la gestión de las actuaciones que se decidan en materia de protección de los consumidores.

Base jurídica

Las competencias sobre consumo en el Estado español están compartidas por tres administraciones (estatal, autonómica y local), lo que requiere que existan unos parámetros básicos de cooperación y coordinación entre ellas para garantizar una correcta protección de los derechos de los consumidores. Esta cooperación permanente se articula, en el ámbito de las relaciones Estado-Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Consumo y de la Comisión de Cooperación de Consumo.

En el ámbito de las relaciones entre el Estado y las Administraciones Locales no existía hasta ahora ningún órgano similar, pese a que la vigente Ley de Bases de Régimen Local autoriza la creación de órganos de colaboración, con carácter consultivo, entre las administraciones estatales y las correspondientes de las entidades locales.

La misma Ley ordena que el Gobierno, a través de la FEMP, deberá adoptar las medidas necesarias  “para hacer efectiva la participación de las entidades locales en la formación de la voluntad nacional en la fase ascendente del proceso de elaboración de todas aquellas políticas comunitarias que afecten de manera directa a las competencias locales”, entre las que ha de incluirse la de consumo.