FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Cada año, más de 600.000 mujeres sufren maltrato en España; a lo largo de los tres últimos años, una media anual de 134.000 se atrevió a denunciar su situación; alrededor de 70 fueron asesinadas. La FEMP, motor del servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), heredero del servicio de Teleasistencia Móvil, y de otras iniciativas desarrolladas en el ámbito local, ha formulado, junto con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género una propuesta de intervención integral local, una nueva herramienta de trabajo contra este tipo de violencia.

 

La propuesta, fruto de la colaboración entre la FEMP y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha sido realizada por un grupo de personas expertas y recoge posibles líneas de actuación contra la violencia de género a desarrollar desde el ámbito local, así como las pautas a tener en cuenta para su planificación y puesta en marcha.

 

Los contenidos de esta Propuesta de Intervención Integral Local contra la Violencia sobre la Mujer quedan articulados en cinco grandes bloques que muestran y explican los conceptos básicos sobre la violencia de género, una descripción detallada del fenómeno, el marco legal y las actuaciones jurídicas relacionadas con este tipo de violencia, los recursos –jurídicos, sanitarios, de seguridad o asistenciales- disponibles, y, finalmente, las líneas de trabajo posibles en el ámbito local.

 

La Administración Local, actor indispensable

 

La responsabilidad de las Administraciones Públicas y el papel relevante de la Administración Local en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género pueden extraerse de normativas que van desde la propia Constitución Española o la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, hasta textos más específicos, como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (de 2004 y 2007, respectivamente).

 

La necesidad de adoptar medidas transversales para paliar este grave problema social obliga a actuar a todas las áreas de las distintas Administraciones Públicas en función de las competencias asignadas a cada una de ellas. Así, según se señala en  la citada propuesta, a la hora de emprender una estrategia local de intervención integral contra la violencia de género, es preciso tener “un claro conocimiento de la normativa, tanto estatal como autonómica vigente y, en su caso, de los planes y protocolos de coordinación interinstitucional y de actuación de aplicación”.

 

Abordar una intervención integral desde el ámbito local exige, además, conocer la magnitud del problema y la complejidad de las causas que lo alimentan. Por ello, las medidas de intervención que se pongan en marcha deberían encaminarse hacia la prevención mediante acciones que sensibilicen a la ciudadanía sobre la gravedad del problema, una educación basada en la igualdad y la no discriminación.

 

Como líneas prioritarias para una intervención integral, se propone, por un lado, reforzar las acciones de sensibilización que permitan denunciar y abordar las causas de la violencia de género y las creencias que la perpetúan; y por otro, la realización de acciones concretas dirigidas a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas; todo ello, sin perjuicio de otras medidas dirigidas a la sanción del delito.

 

En la propuesta se destaca, además, que para impulsar una intervención integral desde la Administración Local es preciso tener en cuenta una serie de principios básicos (compromiso político, multidisciplinariedad, coordinación, especialización, transversalidad, accesibilidad y participación social) y también atender lo que en el texto se denominan “condiciones básicas”, que han de ser consideradas tanto desde el punto de vista organizativo como desde la atención integral a las víctimas.

 

Cómo elegir la estrategia de intervención

 

Según se destaca en la propuesta, las estrategias de actuación que han de ponerse en marcha deben ser múltiples, coordinadas y adecuadas a la realidad de cada entidad local, a las especificidades de determinados colectivos, y a las distintas fases por los que atraviesan las mujeres víctimas en el proceso de recuperación integral. Así, la Entidad Local tendrá que valorar, entre otras cuestiones, el tamaño, la disposición y la tipología de la población del territorio; las estrategias para un pequeño municipio rural o para uno periurbano no pueden ser las mismas, por ejemplo.

 

También es preciso tener en cuenta los colectivos en los que se quiera incidir; los mensajes para la población joven han de ser distintos a los dirigidos a población adulta, como también lo son los que se dirigen a una mujer maltratada en función del momento en el que se encuentre, o los que se dirijan a los hijos e hijas de las víctimas.

 

La elección de la estrategia considerará, igualmente, los objetivos que se persigan y el plazo que se fije para la obtención de resultados; las estrategias serán diferentes si se trata de abordar una emergencia social que si el fin es crear las condiciones para un cambio de valores sociales.

 

En cualquier caso, la propuesta intersectorial recomienda hacer un diagnóstico de la situación de partida, contar con un buen equipo de profesionales de distintas áreas y de las Administraciones con competencias y presencia en el territorio y, finalmente, adoptar una estrategia de intervención, que puede consistir en incluir un apartado específico en los programas de igualdad, la elaboración de programas específicos de violencia contra las mujeres o el desarrollo de protocolos de coordinación interinstitucional.

 

En el informe se apuntan algunas ideas y propuestas para el desarrollo de planes específicos de intervención y se recomienda el establecimiento de protocolos de actuación ya que, según se detalla, “además de los planes de intervención en materia de violencia de género, también es importante elaborar y consensuar algunos protocolos de actuación”; se trata de procedimientos escritos en los que se establece lo que ha de hacer una Entidad Local para identificar y responder de forma apropiada a las víctimas de la violencia de género; los protocolos son una herramienta para la sistematización y coordinación del trabajo, cuyos contenidos y pautas de elaboración aparecen recogidos en la propuesta de la FEMP.

 

Actuaciones concretas en el ámbito municipal

 

Las actuaciones que se pueden desarrollar en el ámbito local –señala el texto- “han de ser reorganizadas desde un enfoque de género y pueden ser impulsadas desde las Concejalías o centros de mujer, que pueden definir y coordinar las actuaciones sociales, de protección y preventivas a desarrollar en el territorio”.

 

El texto insiste en que, salvo medidas legislativas y procedimentales, sanitarias y las relacionadas con algunos aspectos educativos en los que la Administración Local carece de competencias, la actuación local puede establecerse en torno a tres niveles de intervención: prevención y sensibilización, atención y apoyo a las víctimas y, finalmente, coordinación municipal y extramunicipal.

 

Según lo establecido en la propuesta, sensibilización y prevención son las piedras angulares sobre las que ha de articularse cualquier programa orientado a erradicar la violencia de género. Son dos áreas complementarias que contemplan actuaciones que, en algunos casos, podrían tener un impacto presupuestario significativo o exigir una inversión importante; en este sentido, se contemplan actuaciones que pueden desarrollarse sin excesivo gasto.

 

Así, en materia de sensibilización e información, se propone la utilización de todos los canales de comunicación del Ayuntamiento para informar sobre la violencia de género, sobre los derechos de las víctimas y los recursos existentes. Las páginas web y revistas, radios o televisiones municipales pueden actuar como canales principales. También se menciona la denuncia pública de todo tipo de actividades o comportamientos que impliquen cualquier clase de violencia, así como la elaboración de manuales, folletos o guías informativas dirigidas a mujeres jóvenes y a adultas con recomendaciones sobre cómo actuar ante diferentes manifestaciones de violencia; sobre la realización y posterior distribución de campañas de sensibilización, la propuesta sugiere que, ante el coste presupuestario que podría representar para la Entidad Local, ésta trate de difundir o utilizar campañas autonómicas o estatales.

 

En cuanto a la prevención, la otra piedra angular, las actuaciones previstas pasan por la colaboración con las áreas y servicios de políticas de juventud y de deportes, a efectos de revisar los modelos de información e intervención para jóvenes; también y de cara a este colectivo, se propone reforzar el trabajo en las redes sociales; arbitrar programas específicos para chicas, realizar talleres de prevención o elaborar guías para la detección, impartir cursos de formación y/o jornadas informativas, o elaborar publicaciones sobre los recursos existentes.

 

El segundo nivel, relativo al apoyo, atención y acompañamiento a las mujeres víctimas, es una de las fases clave de la intervención ya que, en muchas ocasiones, es el momento decisivo para que estas mujeres tomen la decisión de finalizar la relación de maltrato en la que viven. Por eso, se subraya la necesidad de contar con un equipo específico y especializado para atender a las víctimas y determinar qué y cómo ha de facilitarse esa atención en función de si se trata de una situación de crisis o de otra de violencia cronificada, por ejemplo.

 

En el ámbito de la atención y apoyo también es fundamental ofrecer asesoramiento jurídico a las mujeres agredidas, apoyo psicológico, asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo, acceso a la vivienda, acompañamiento –a través del servicio telefónico ATENPRO- y seguridad, cuya garantía es uno de los requisitos fundamentales y en los que es preciso tomar en cuenta el papel que puede desempeñar la policía local.

 

Finalmente, en lo que respecta la coordinación institucional e interinstitucional, la propuesta incluye la creación de una Estructura Municipal de Violencia contra las Mujeres en la que participen todas las áreas municipales que puedan tener un cierto grado de implicación en el problema –seguridad ciudadana, empleo, educación, cultura, juventud, etc.- y que sea el espacio en el que consensuar actuaciones, proponer intervenciones y protocolos y conocer datos sobre la violencia de género y su incidencia en el municipio.

 

Además es imprescindible y necesaria la coordinación e intercambio de información con otros servicios ubicados en el mismo territorio municipal, pero dependientes de las Administraciones Central o Autonómica, como los servicios de salud o de empleo estatal, fundamentales tanto en la movilización de recursos y prestación de servicios como en la detección.

 

Retos para las Administraciones Locales

 

El principal reto para las Administraciones Locales a la hora de plantear iniciativas integrales contra la violencia sobre las mujeres viene de la mano de la fuerte dispersión de la población en nuestro país: la mayoría de la población española vive en los casi 400 pueblos y ciudades con más de 20.000 habitantes; sin embargo, otra parte menor de la población se distribuye en los más de 7.000 por debajo de ese baremo de población; la mayor parte de ellos son pueblos pequeños donde los recursos municipales son escasos, el transporte deficiente y la información escasa, pero donde sí que existen víctimas de violencia de género cuya seguridad y derechos es preciso garantizar.

 

Además de éste, el texto de la propuesta recoge otra serie de retos (ver cuadro) y subraya que el principal desafío desde la perspectiva de las mujeres víctimas es que denuncien y, para ello “es necesario generarles confianza en la justicia y en que su protección y la de sus hijos e hijas estará asegurada. Por ello, es necesaria una figura permanente de apoyo psicológico y asesoramiento desde que la mujer muestre interés por denunciar. Esta puede ser –añade- una apuesta de los servicios municipales que aumentaría las posibilidades de que un mayor número de mujeres denuncie su situación y se pusiera a salvo.”