FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Toledo acogió los días 10 y 11 de septiembre el primer encuentro de representantes de pequeños Ayuntamientos que se celebra en España, bajo el auspicio de la FEMP, con una participación masiva que puso de manifiesto la trascendencia de la convocatoria, en un momento que clave para estos municipios en plena fase de  aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y del Programa que la desarrolla, dotado con 2.580 millones de euros.

 

Durante dos días, los Alcaldes y Concejales que acudieron a la ciudad de Toledo debatieron sobre esta Ley, pero también sobre la calidad de los servicios sociales y el empleo en los pueblos rurales, sobre igualdad y la participación de la mujer en el gobierno local o el papel de las entidades de gobierno local intermedio, como Diputaciones y Mancomunidades de Municipios.

 

Los representantes de los municipios de menor tamaño mostraron su “apuesta decidida” por la correcta aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, como instrumento principal para elevar la eficiencia de las acciones públicas que se llevan a cabo en sus territorios. Un compromiso que debe ser correspondido por otras Administraciones, en especial las Comunidades Autónomas, a las que pidieron que recojan en sus Presupuestos para 2011 partidas equivalentes a la inversión asignada por el Estado en sus territorios para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

 

Otra de las preocupaciones de los Alcaldes y Alcaldesas de municipios pequeños, formuladas en el transcurso de los debates, es la de garantizar políticas sociales y de empleo en sus territorios; por ello apuestan por las Mancomunidades, argumentando que la diversidad y singularidad de cada territorio debe facilitar la constitución de esta figura asociativa, con el fin de posibilitar mayores y mejores prestaciones de servicios a los ciudadanos, con la mayor calidad y rentabilidad posible.

 

En lo que respecta al papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, el Congreso de Toledo puso de manifiesto que la provincia, como nivel intermedio entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, es “la verdadera garante del principio de subsidiariedad” y que, por tanto, se trata de una institución local, “no un instrumento de la Comunidad Autónoma”.

 

 

En materia de igualdad, las conclusiones de Toledo recogen el objetivo de suprimir las barreras socioculturales que impiden la participación equilibrada de hombres y mujeres en la vida política, económica y social de los pequeños municipios.

 

Presencia institucional

 

El Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y el Presidente de la FEMP, Pedro Castro, fueron los encargados de inaugurar el Congreso, junto con el Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño,  el Presidente de la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha, el Alcalde de Talavera de la Reina, José Francisco Rivas.

Gaspar Zarrías desveló a los asistentes que el Gobierno mantendrá los planes provinciales de obras y servicios y el fondo especial de ayuda para municipios de menos de 20.000 habitantes  en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, en una cuantía similar al Presupuesto de 2010. El representante del Ministerio de Política Territorial reiteró el compromiso de presentar la nueva Ley de Gobierno Local en este periodo de sesiones parlamentario y también el objetivo de dotar a los Ayuntamientos de una financiación justa y suficiente, si bien en este caso señaló que antes “lo prioritario es solventar el problema del déficit público”.

 

El Secretario de Estado transmitió al medio millar de asistentes al Congreso el agradecimiento por el esfuerzo que han hecho los Ayuntamientos en estos dos últimos años para ayudar a contener el déficit público, lo que ha posibilitado que el Gobierno haya tomado la medida de modificar las condiciones de endeudamiento a largo plazo de las Entidades Locales el próximo año.

 

El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, trasladó el “apoyo decidido” de la Federación a los pequeños municipios, cuyo futuro “pasa necesariamente por conseguir una estabilidad demográfica y por ser capaces de ofrecer condiciones de vida equitativas a quienes viven en ellos”.

 

Pedro Castro recordó que los municipios más pequeños son los que garantizan la conservación del patrimonio natural del país y que es necesario aplicar políticas sectoriales que favorezcan el mantenimiento de la población rural. Por ello, apuntó, hay que garantizar la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, a través del desarrollo de las estructuras y capacidades productivas, de los servicios, las infraestructuras y de los valores ambientales. Después afirmó que es imprescindible que el Estado y las Comunidades Autónomas mantengan el esfuerzo inversor que contribuya a aminorar los desequilibrios territoriales.

 

El Alcalde de Getafe también se refirió a la modificación de la prohibición de endeudamiento para los Ayuntamientos en 2011; una medida que, según dijo, a quién más va a beneficiar es a los pequeños municipios. A continuación, valoró de forma positiva el anuncio del mantenimiento del Fondo para municipios de menos de 20.000 habitantes, en los PGE, y mostró su convicción de que el papel de estos municipios es esencial en la recuperación económica y en el desarrollo sostenible de nuestro país.

 

Objetivos del Gobierno sobre desarrollo rural

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, coincidió con los representantes locales en buena parte de los objetivos expresados en el Congreso, al menos en lo que corresponde en la mejora de la situación socioeconómica de la población rural y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad. En su intervención, la Ministra recordó que el MARM trabaja para cambiar de forma radical la “forma de hacer y gestionar” políticas públicas en el mundo rural, desde una perspectiva integral. 

Elena Espinosa explicó el principio de “cohesión territorial” y su capacidad para poner en valor los territorios, evitando vacíos geográficos y asegurando la viabilidad social y económica de los pueblos. “Es un concepto que sirve de argumento para diseñar un futuro en donde las pequeñas poblaciones sean viables”. La Ministra expresó además la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en términos de condiciones y calidad de vida, de igual modo que la igualdad de perspectivas para el desarrollo de las empresas, cualquiera que sea el territorio donde se sitúen.

 

En este punto, llamó la atención de los congresistas y les exhortó a que se impliquen de forma decidida, como el resto administraciones, porque, en particular, la Administración Local debe ser la palanca para la puesta en valor de las potencialidades de los pequeños municipios y la ruralidad española. Al respecto, señaló que la Ley pretende que las iniciativas procedan del territorio y que los agentes territoriales sean los que asuman el protagonismo de la puesta en marcha de las actuaciones.

 

Sobre el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), dijo que es el instrumento base sobre el que se llevará a la práctica la nueva política rural española, “el mayor esfuerzo de planificación estratégica territorial rural desarrollado en España para mantener la cohesión territorial”, afirmó.

 

Mesa de partidos políticos

 

La superación de las diferencias entre partidos para responder a los objetivos que demanda la sociedad, la superación de la brecha histórica entre los pueblos y las ciudades, la independencia de los responsables políticos municipales para defender los intereses de los ciudadanos o el déficit de servicios sociales que se produce en las zonas rurales, fueron algunos de los temas que sacaron a colación los representantes de los partidos políticos en la mesa de debate del Congreso celebrada antes de su clausura.

 

En la mesa intervinieron la Alcaldesa de Villanueva de Tapia, Encarnación Pérez, en representación de IU; Joaquín Peribañez, Alcalde de Calamocha y portavoz del PAR en la Ejecutiva de la FEMP; Luis Partida, Alcalde de Villanueva de la Cañada y portavoz adjunto del PP en la FEMP; y Hugo Morán, miembro de la Ejecutiva del PSOE, responsable en materia de medio ambiente y desarrollo rural.

 

Joaquín Peribáñez pidió que las Administraciones apoyen el desarrollo de infraestructuras en el medio rural y, al mismo tiempo, que los partidos sean conscientes de que su obligación es gestionar los problemas de la sociedad y que para ello, en ocasiones, están obligados a actuar de forma coordinada, por encima de diferencias ideológicas.

 

La representante de IU, Encarnación Pérez, afirmó que en estos momentos no se respeta la autonomía de los Gobiernos Locales porque no disponen de una financiación suficiente. También puso de manifiesto el déficit de servicios sociales que se da en los municipios más pequeños y los problemas de incorporación de la mujer al mundo laboral y a los cargos públicos, que hacen “inviables” en la mayoría de los casos las políticas de igualdad en el ámbito rural.

 

Luis Partida aludió a la excesiva “dependencia” municipal de los partidos políticos, lo que lleva a veces a que “se nos utilice como grupo de presión”, y pidió al Gobierno que “desempolve” la nueva Ley de Gobierno Local y a los Ayuntamientos que la apoyen, pero  acompañada de una nueva financiación, “para que al día siguiente los Ayuntamientos sepan con qué recursos cuentan”. “Hay que saber qué tenemos que hacer, cómo y con qué recursos”, afirmó, añadiendo que los municipios necesitan más competencias, “no para tener más poder, sino para ser más competentes”.

 

El representante del PSOE reconoció que el mundo local lleva años reivindicando “y seguimos igual”, e hizo un llamamiento a los Alcaldes y Alcaldesas de los municipios rurales para que provoquen lo que denominó como una “rebelión cívica”. Hugo Morán, refiriéndose a la aplicación del Programa de Desarrollo Sostenible, animó a los ediles a que sean ellos los que tomen la iniciativa, de acuerdo con sus ciudadanos, y digan lo que tiene que hacerse en cada uno de los territorios -planes de zona- que determina la Ley. “No podéis esperar a que os llame la Comunidad Autónoma”, afirmó. Morán añadió que el objetivo es la superación de la brecha histórica entre ciudades y municipios y que la Ley de Desarrollo Sostenible es el instrumento para conseguirlo, pero para ello “hay que utilizarlo”.

 

Declaración de Toledo

 

La Declaración de Toledo, leída por el Presidente de la Diputación de esta provincia, José Manuel Tofiño, al final del Congreso, pone de manifiesto que la existencia de municipios de pequeño tamaño es positiva para el país y el entramado administrativo, porque  aporta valores como la preservación del medio ambiente o del acervo histórico y cultural en el medio rural.

 

El texto señala que desde la FEMP se propiciará el desarrollo en las zonas rurales y, prioritariamente, en las que padecen un grado mayor de atraso relativo, potenciando el desarrollo endógeno del territorio, de forma que se garantice una mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, a través de la mejora de las estructuras, de las capacidades productivas, de los servicios, de las infraestructuras y de los valores ambientales.

 

Para ello, es necesario que los Gobiernos locales participen activamente en el proceso junto con las demás administraciones, impulsando así una nueva forma de concebir el territorio y una nueva forma de cooperación y de planificación, propiciando que las grandes ciudades, las áreas metropolitanas y los municipios próximos, planifiquen el entorno de forma coordinada, compatibilizando el crecimiento con el desarrollo sostenible y la convivencia.

 

Los representantes locales de los pequeños municipios proponen, entre otras medidas, que se propicie  la ampliación, estructuración y mejora de los servicios públicos en el medio rural, y que se favorezca el mantenimiento de la población, potenciando unas infraestructuras, políticas de empleo y servicios públicos suficientes, equitativos y de calidad.

 

Por otra parte, demandan que se mantenga el esfuerzo inversor en el medio rural, para equiparar el nivel de vida y de acceso a las diferentes prestaciones entre los ciudadanos rurales y urbanos, y que se extiendan las tecnologías de la comunicación y las infraestructuras a todas las zonas rurales.

 

Además, quieren que se les reconozca y compense por su participación en la gestión y conservación de una parte muy importante del patrimonio natural y cultural del país y que potencie el turismo rural, como elemento dinamizador y fuente de empleo y de bienestar.

 

Los Alcaldes de los pequeños municipios defienden el papel de las mancomunidades y piden su fortalecimiento, al igual que el de las Diputaciones. Al respecto, señalan que las competencias que la nueva Ley básica atribuya a los municipios y que no puedan ejercitar los más pequeños por falta de capacidad administrativa o de gestión, deben ser ejercitadas por las Diputaciones Provinciales.