FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Actualmente, la ayuda regional representa 50.000 millones de euros anuales con los que se financian miles de proyectos para beneficio directo de los ciudadanos, desde trenes de alta velocidad hasta centrales de energía solar o programas de formación. La renegociación de cara a 2013 de las normas que rigen estos fondos ha llevado al Comité de las Regiones a llamar la atención sobre cuestiones que considera fundamentales para garantizar la cobertura de las necesidades de desarrollo de las regiones europeas.

 

Así, el pasado 1 de abril, en el marco de su 89 Sesión Plenaria, el Comité de las Regiones de la UE aprobó el dictamen oficial en el que ha quedado recogida su postura respecto al Quinto Informe de Cohesión, la propuesta de la Comisión Europea para reformar la política de cohesión a partir de 2013. Los Alcaldes y Presidentes regionales europeos que forman parte del Comité han pedido que las reformas que afecten a las ayudas regionales de la UE y al Fondo Social Europeo se realicen teniendo en cuenta que aun existen fuertes desequilibrios regionales; según su propuesta, las ayudas han de planificarse teniendo en cuenta las necesidades de regiones y ciudades y no sólo pensando en dar cumplimiento a los objetivos de la Estrategia Europa 2020. A su juicio, las prioridades han de definirse a escala local, tras analizar los puntos fuertes y débiles de la región o ciudad.

 

Para el Comité, además, la política de cohesión debería abarcar todas las regiones europeas, con especial atención en aquéllas menos desarrolladas; a estos efectos, desde el Comité se ha propuesto estudiar la creación de una nueva categoría “intermedia” de financiación para aquellas regiones cuyo PIB esté entre el 75% y el 90% de la media de la UE, sea cual sea su financiación actual. En su dictamen, el Comité reitera, además, un llamamiento para la incorporación al cálculo del PIB de más criterios de los considerados actualmente, criterios como los indicadores de desarrollo territorial, social y medioambiental, especialmente en la aplicación y evaluación de los programas.

 

El Comité es especialmente crítico con la propuesta de la Comisión de congelar las ayudas a los Estados miembros que incumplan las normas de la UE sobre déficit presupuestario. A juicio del CdR, se trata de una “condicionalidad externa” que castigaría sobre todo a los Entes Locales y Regionales por los errores de sus Gobiernos Nacionales.

 

Paralelamente, pide que se destine más presupuesto a cooperación territorial entes los Entes Regionales y Locales y un aumento de la asistencia técnica. La gestión de proyectos financiados por la UE resulta cada día más compleja y, por ello, el CdR insiste también en la necesidad de una mayor simplificación; para ello apunta cuestiones como el acortamiento de plazos para reembolsar a los beneficiarios, la creación de una serie de normas comunes de auditoría para proyectos transfronterizos y normas más sencillas para los proyectos que generen sus propios ingresos.

 

En cuanto al Fondo Social Europeo (FSE) –que representa 10.000 millones de euros anuales- los miembros del Comité destacaron que su carácter plurianual aporta una estabilidad “muy necesaria tanto a las comunidades locales como a los promotores de los proyectos”. Destacaron también sus normas de aplicación flexibles –más que las de otros muchos programas nacionales- lo que hace más fácil poner en marcha proyectos sociales o de formación. Para el Comité, el futuro Fondo Social Europeo “debería centrarse más en prioridades transversales, como la integración social, la lucha contra la discriminación por razones de sexo y edad y la protección de los grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidad, los inmigrantes y la población romaní”.

 

Respuestas comunes a la pobreza y la exclusión

 

En la sesión Plenaria el Comité también dio su aprobación a otro dictamen relativo a la lucha contra la pobreza y la exclusión social; el mensaje principal del citado dictamen puede resumirse señalando que el objetivo europeo de sacar de la pobreza a veinte millones de personas sólo podrá alcanzarse si los Entes Locales y Regionales desempeñan un papel relevante en el desarrollo de programas nacionales y si Europa está dispuesta a respaldar a las autoridades nacionales, regionales y locales en sus esfuerzos mediante la aportación de una financiación suficiente a cargo del FSE.

 

A juicio de la ponente del dictamen, la Comisión Europea ha de asegurar la participación local, regional y nacional para alcanzar los objetivos de esta iniciativa emblemática europea porque la política social es un ámbito en el que Europa no tiene competencias específicas; así, “la Comisión tendrá que trabajar de otra manera para garantizar que sus objetivos se cumplen, por ejemplo, asegurándose que el Fondo Social Europeo se amplía para abarcar tanto proyectos relacionados con el empleo como otros diseñados para hacer frente a la pobreza y la exclusión”

 

La elaboración de este dictamen ha tomado en consideración las aportaciones realizadas por Entes Locales y Regionales a través de la encuesta que llevó a cabo la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020 del Comité de las Regiones. Según señala el propio Comité, un asunto clave identificado por la gran mayoría de participantes en esta encuesta es en qué medida la inversión en programas diseñados par hacer frente a la pobreza y la exclusión debería ser obligatoria para los Entes Locales y Regionales en futuros programas de la Unión Europea; algunos de los participante matizaban, sin embargo, que esta obligación podría limitar el uso de fondos europeos para inversión en otras áreas prioritarias. El dictamen emitido, finalmente, incluye la sugerencia de que la financiación para cuestiones de exclusión social debería ser obligatoria en el futuro.

 

La cuestión que despertó un amplio consenso fue la relativa a que el Comité de las Regiones animase a la Comisión a adoptar un enfoque más activo para abordar la pobreza infantil. A juicio de la ponente del dictamen, la Comisión no ha sido especialmente ambiciosa en este asunto, y ha llegado el momento de actuar de forma urgente, sin esperar a 2012; por el contrario, sí que tuvieron valoración favorable las recomendaciones europeas de cara a abordar la exclusión de los gitanos y a reducir el problema de las personas sin hogar, dos cuestiones sobre las que el CdR ya se había pronunciado en dictámenes recientes y en relación con aspectos en los que los Entes Locales y Regionales desempeñan un papel clave.