FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Junto a ello, 2010 llega con el desafío de hacer frente a la confianza que de nuevo ha depositado el Gobierno en los Ayuntamientos con la aprobación del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, cuyos primeros proyectos ya han sido aprobados. Hay que destacar también las actividades que las ciudades y pueblos de España realizarán con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea, una circunstancia que coincide, además, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la revisión de la Estrategia y con la adaptación de la normativa local a la Directiva de Servicios, una vez incorporada al ordenamiento jurídico español la “Ley Ómnibus”, aprobada a finales de diciembre por el Parlamento.

 

Sin embargo, estas cuestiones de primer orden, a buen seguro que  no son las únicas que centrarán la atención de los Alcaldes y Alcaldesas ni de los Presidentes y Presidentas de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, representados en la FEMP, ya que, para muchos, el reto más importante será poder mantener el nivel de calidad de los servicios básicos municipales por la caída de los ingresos, que han provocado un ajuste en los presupuestos municipales. Con esos medios tendrán de ejercer esa función que se espera de ellos como dinamizadores de la economía, como motores de desarrollo y como generadores de empleo, para ayudar a recuperar el pulso de la economía.

Nueva Ley de Gobierno Local

La nueva Ley del Gobierno Local tiene que iniciar su andadura parlamentaria en el primer trimestre de 2010. Así lo ha venido afirmando el Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en numerosas ocasiones y en distintos foros. Se trata de un texto que, por su calado y proyección sobre el actual entramado institucional territorial, tiene ha de contar con el máximo apoyo político. De hecho los partidos ya han iniciado contactos para explorar la inclusión de determinadas cuestiones en el articulado; del mismo modo, la FEMP espera que el texto que el Gobierno remita al Congreso cuente con el visto bueno de los representantes locales.

 

Sin duda, una de las claves de la nueva Ley será la adecuación de las competencias locales a la nueva realidad nacida del Estado de las Autonomías y, sobre todo, por la evolución de los servicios y los sistemas de relación con los ciudadanos. La FEMP pondrá sobre la mesa el consenso logrado en el borrador anterior que no llegó a ver la luz en la pasada Legislatura y, sobre todo, pedirá que el nuevo marco competencial que se defina recoja más fielmente las responsabilidades reales que en la práctica asumen ya los Gobiernos Locales. Unas responsabilidades que, además, deberán contar con la correspondiente financiación

 

2010 será también el año en que las Entidades Locales puedan trasladar a su normativa particular los contenidos del Código del Buen Gobierno Local, aprobado por unanimidad, por la Comisión Ejecutiva de la FEMP en su última reunión. A buen seguro, muchos de sus contenidos serán recogidos por el texto de reforma del actual régimen local, que data de 1985, cuando el “Estado autonómico” empezaba a desarrollarse.

Un nuevo modelo de financiación

El nuevo modelo de financiación local entrará en el Parlamento a lo largo de este año. En principio, el compromiso es que sea aprobado por el Consejo de Ministros en el primer semestre. El objetivo es que el nuevo sistema de financiación local, suficiente y estable, corrija no solo las deficiencias del actual sino también que cubra las competencias reales y los servicios que prestan los Gobiernos Locales, muchos de los cuales se prestan en la actualidad sin tener obligación ni la cobertura de financiación, porque son competencia principalmente de las Comunidades Autónomas.

En consecuencia, los ejes del nuevo sistema siguen siendo los mismos: un sistema de Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que cuente con recursos adicionales, un sistema garantizado por el Estado de participación de los Gobiernos Locales en los Ingresos Tributarios de las Comunidades Autónomas (PICAs) y un sistema fiscal propio, con mayor capacidad de gestión y más autonomía. Todo ello bajo los principios de suficiencia global, autonomía, corresponsabilidad fiscal, transparencia y lealtad institucional.

Algunos de estos principios ya han sido reconocidos por el Gobierno, en las negociaciones que la FEMP ha venido manteniendo para la reforma del sistema. Sin embargo, faltan las dos piedras angulares sobre las que ha de basarse el nuevo modelo: recursos adicionales del Estado y garantía de aplicación de las PICAs

Ambas cuestiones son determinantes. Si ha habido capacidad para aprobar un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, con recursos adicionales, deberá producirse un proceso  similar para el caso de los Gobiernos Locales. Y, por otro lado, habrá que encontrar la fórmula de aplicación del precepto constitucional incluido en el artículo 142, en relación con la obligación de las Comunidades Autónomas de contribuir a la suficiencia financiera de los Gobiernos Locales. El Estado no puede desentenderse de la existencia y efectiva dotación de ese recurso financiero local.

Ley de Economía Sostenible

 

También va a ocupar la atención de los Gobiernos Locales el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluye reformas que afectarán  directamente a las competencias y áreas de gestión de los Gobiernos Locales. A lo largo de este mes, un grupo de trabajo específico creado por la FEMP en el seno de la Comisión de Haciendas Locales, emitirá un informe y propuestas a la Comisión Ejecutiva para el posicionamiento de la Federación.

 

Europa

Además, durante  el primer semestre del año, coincidiendo con la Presidencia Española de la Unión Europea, en la que las ciudades van a tener un protagonismo especial, asistiremos a la continuación del debate sobre la construcción europea, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En este año no sólo se van a empezar a aplicar las reformas, sino también se va a cerrar la Estrategia EU2020, el instrumento que marcará el camino del crecimiento sostenible de la UE,  cuyos objetivos serán más fáciles de alcanzar si se potencia el papel de los Gobiernos Locales.