FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

La FEMP aprobó por unanimidad en la última Comisión Ejecutiva, celebrada a finales de junio, una resolución en la que pedía que la prohibición de endeudamiento en 2011 no afectara a los proyectos ya iniciados, los cofinanciados con otras instituciones u organismos autónomos y los que tengan carácter plurianual, así como los gastos de reposición, una petición que afecta al artículo 14.2 del Real Decreto Ley 10/2010 sobre medidas extraordinarias para reducir el déficit público.
Esta reclamación quedó redactada en una moción que la FEMP trasladó en julio a todos los Gobiernos Locales para que la aprobaran en sus plenos y, posteriormente, remitirla al Gobierno y los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado. La intención es que estos acuerdos lleguen al debate parlamentario de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El texto de la moción que está siendo respaldada y asumida por los Ayuntamientos y las Entidades Locales provinciales e insulares pone de manifiesto, en primer lugar, que éstos se comprometen a coadyuvar a la reducción del déficit público y al control del crecimiento de la deuda pública, y por eso asumen la necesidad de controlar el crecimiento de la deuda local, en función del volumen de deuda de cada uno de ellos en el momento actual.

En segundo lugar, toma como referencia el stock de deuda de cada entidad a 31 de diciembre de 2010, calculado conforme a los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo aplicados por el Banco de España y por el Banco Central Europeo, para proponer que las Entidades Locales no inicien nuevas inversiones en 2011 financiadas con endeudamiento, pero sí que puedan financiar con este recurso la ejecución de los contratos, incluidos los  plurianuales, que hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del Real Decreto. “Sólo en el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos a la Entidad Local, podrá acudirse a su financiación con endeudamiento, con independencia de cuál sea  su fecha de adjudicación”, apunta a continuación.

La moción acaba reivindicando una “financiación justa y suficiente” para las haciendas locales, que permita mantener el nivel y calidad de los servicios que prestan en beneficio de los ciudadanos.

Grandes Ayuntamientos y capitales de provincia, como Madrid, Zaragoza, Ferrol, Toledo, Gijón, Ávila, Badajoz, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián de los Reyes, Móstoles o Salamanca, entre otros ejemplos, ya han aprobado la moción de la FEMP, en todos sus términos. También numerosos Ayuntamientos de mediano y pequeño tamaño, así como varias Federaciones de Municipios, como la asturiana o la riojana. Entre las Diputaciones Provinciales que han hechos suya esta propuesta se encuentran las de Almería, Lugo, Badajoz, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Girona, Lleida o Tarragona, además de todas las de Castilla y León que han anunciado su intención de hacerlo.

En la inmensa mayoría de los casos, la moción aprobada se corresponde íntegramente con el texto remitido por la FEMP; en otros, incorporan la solicitud de medidas, como el aplazamiento de las devoluciones de las entregas a cuenta de la PIE o la puesta en marcha de la línea de crédito ICO, contemplada en la reciente Ley sobre morosidad, que también ha sido solicitada por la FEMP.

Argumentos FEMP

La FEMP deja patente en el texto de la moción que las medidas concretas recogidas en el Real Decreto-Ley suponen una llamada al compromiso de los diferentes niveles territoriales de la Administración y que este llamamiento ha sido plenamente asumido por los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, “que han hecho suyo el objetivo de estabilidad para 2010, así como la estimación de déficit para el conjunto de las Corporaciones Locales en los próximos ejercicios y el umbral de déficit por debajo del cual no será precisa la presentación de un Plan Económico Financiero”, propuestos por el Gobierno.

Sin embargo, a juicio de la FEMP, la responsabilidad que se exige a las Entidades Locales “no puede suponer, en ningún caso la vulneración de la autonomía local, garantizada por nuestra Carta Magna, ni puede suponer una restricción a la actuación de las mismas proporcionalmente muy superior a la asumida por el Estado y por las Comunidades Autónomas”. Concretamente, el artículo 14.2 del Real Decreto-ley prohíbe a las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, endeudarse a largo plazo a lo largo de 2011, sin que exista ninguna limitación similar ni para las Comunidades Autónomas ni para la Administración General del Estado, que seguirán incrementando su endeudamiento a lo largo del citado ejercicio.

La moción también argumenta que si en 2011 está previsto que el conjunto de las Corporaciones Locales alcance un déficit máximo del  0,8%, no parecen existir razones que justifiquen la imposibilidad de que puedan incurrir en un endeudamiento por un importe equivalente, ya que en caso contrario estarían abocadas a liquidar sus presupuestos, en la mayoría de los casos con Remanente de Tesorería negativo, generando importantes tensiones de tesorería y el consiguiente perjuicio para el conjunto de la economía.

La FEMP advierte, a continuación que, dado el escaso peso de la deuda municipal en el conjunto de la deuda de la Administración Pública española, la variación de la misma -tanto si se incrementa como si se reduce- “resulta muy poco relevante”, máxime si se tiene en cuenta los incrementos de deuda previstos por la Administración General del Estado para 2011. Desde un punto de vista práctico, la reducción del stock de deuda que se derivaría de la citada prohibición, sería prácticamente irrelevante, aduce la FEMP.

Por el contrario, la aplicación de la citada prohibición en sus términos actuales no afectaría sólo a las nuevas inversiones proyectadas para el futuro, sino también a todas aquellas que actualmente se encuentran en ejecución, de forma que se generarían importantísimos costes adicionales derivados tanto de la obligación de indemnizar a los contratistas como del deterioro físico que sufrirían las obras en curso durante el tiempo de su interrupción.

A estas razones habría que añadir, según expresa la FEMP, la pérdida económica que se derivaría de la imposibilidad de acometer o concluir proyectos cofinanciados con recursos externos a la Entidad Local, viéndose algunos Ayuntamientos incluso en la obligación de devolver los importes ya percibidos al no poder justificar la liquidación del proyecto en el plazo autorizado.

Reuniones con el Ministerio

La propuesta contenida en la moción y su justificación fueron enviadas en su día al Ministerio de Economía y Hacienda. La Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales ya ha transmitido a la FEMP su disposición a convocar próximamente un grupo de trabajo para tratar los términos y detalles de esta propuesta.

La petición de reconsideración de la prohibición de endeudamiento de las Entidades Locales coincide además con el avance de las entregas a cuenta de la PIE que el Gobierno ha hecho llegar a la FEMP, contenidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado (ver información en páginas siguientes). Junto a estos datos, el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho públicas las cantidades que las Entidades Locales deberán comenzar a devolver en 2011, correspondientes a la liquidación del ejercicio 2008. Para tratar sobre estas cuestiones, la FEMP ha solicitado una reunión de la Subcomisión de Régimen Económico, Fiscal y Financiero de la CNAL que podría celebrarse en el mes de septiembre.

El Presidente de la Comisión de Haciendas y Financiación Local, Pedro Arahuetes, ha declarado que la FEMP trabajará para conseguir que el Gobierno levante la restricción de endeudamiento en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado. De no ser así, “los Ayuntamientos lo van a pasar mal” y se verán obligados a paralizar inversiones, asegura el Alcalde de Segovia. También ha insistido en que el conjunto de la deuda municipal “es una cifra asumible” y recuerda que no ha crecido excesivamente en los últimos años, sobre todo si se la compara con la de otras Administraciones.

Arahuetes pronosticó que los presupuestos municipales tendrán que ajustarse mucho en 2011, reduciendo gastos e inversiones, pero aseguró que los Ayuntamientos harán el esfuerzo de mantener los servicios básicos porque son “muy responsables” a la hora de desarrollar sus competencias.