FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Los asistentes analizaron los resultados de la encuesta de base realizada por la Plataforma de Seguimiento EU2020 del Comité de las Regiones y debatieron sobre la futura Estrategia UE2020, cuya prioridad es alcanzar una economía de mercado sostenible, más inteligente y más respetuosa con el medio ambiente.

El Diálogo Territorial para el Crecimiento Sostenible y el Empleo es una Conferencia anual que organizan conjuntamente el Comité de las Regiones y la Presidencia de turno de la UE; se trata de un acto que brinda a los miembros del Comité la oportunidad de debatir la aplicación de la Estrategia Europea de Crecimiento y Empleo con representantes de alto nivel de la Unión.

 

En esta ocasión, los participantes pudieron analizar el futuro de esta Estrategia habida cuenta de la crisis económica actual y del nuevo marco EU2020 con el Comisario Europeo de Política Regional, Pawel Samecki. En Palma de Mallorca también estuvieron presentes, entre otros, el Ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y el Presidente del Comité de las Regiones, Luc Van den Brande.

 

Este encuentro se ha celebrado pocas semanas antes de la cumbre extraordinaria, prevista para este mes de febrero, y del Consejo Europeo de primavera –a celebrar en marzo-, donde los líderes europeos examinarán su respuesta conjunta a la crisis.

 

 

Los esfuerzos realizados por Europa para abordar la crisis económica requieren una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y una actuación más rápida sobre el terreno; así se extrae, al menos, de la valoración que Entes Regionales y Locales de toda Europa hicieron el pasado año en la Consulta sobre el Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE) formulado por el Comité de las Regiones. El PERE, lanzado en diciembre de 2008, es la herramienta con la que la Unión Europea y sus Estados miembro pretendían emprender una acción coordinada para luchar contra los efectos de la crisis.

 

Para los Entes consultados, la falta de coordinación entre las distintas instancias gubernamentales y la lenta aplicación del PERE menoscabarán la imagen del Plan en el ámbito regional; de hecho, el PERE es poco conocido y sigue siendo limitada la percepción que se tiene de sus efectos contra la crisis; el Plan avanza despacio en la UE fundamentalmente porque prevalece la idea de que existe un desfase entre la recuperación económica y otra que ofrezca oportunidades de empleo digno; además, la percepción de descoordinación entre las instancias de Gobiernos Locales y Regionales, Nacionales y de la Unión Europea es muy evidente, y ello, a pesar de que muchos de los actuales planes de acción anticrisis de ámbito local y regional se ajustan al PERE. Por otro lado, se observa mucha lentitud entre la aplicación de las acciones y el momento en el que se manifiestan sus repercusiones en el nivel regional.

 

Éstos y otros resultados de esa Consulta, que se dieron a conocer en la Conferencia de Palma muestran un panorama preocupante. Para empezar, el 84% de las autoridades públicas informaron sobre una disminución de la actividad económica en sus regiones y ciudades a lo largo de 2009, y otro porcentaje similar vio caer sus ingresos fiscales. Alrededor del 75% de los municipios participantes registraron un aumento del desempleo, dos tercios se vieron obligados a aumentar el gasto social y los servicios asistenciales; tan sólo una cuarta parte de ellos espera que la economía se recupere este año. La crisis está repercutiendo de manera desigual en los distintos sectores y regiones, lo que refleja la diversidad del potencial económico y las diferencias territoriales en la amalgama de sectores económicos; con todo ello, las perspectivas para 2010 en el ámbito de la economía y el empleo son muy pesimistas.

 

Según muestra la consulta, el 85% de los Entes participantes han introducido medidas anticrisis; de ellos, algo más de la mitad ha adoptado estrategias o planes de acción anticrisis de carácter global (a escala regional o local), mientras que otros han recurrido a instrumentos políticos ya existentes.

 

En su mayor parte, la preocupación de los Entes consultados por el aumento del desempleo se ha traducido en medidas urgentes para mantener el empleo existente o proporcionar apoyo a las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, algunos Entes Locales y Regionales han ido más allá de esta urgencia y han adoptado medidas estructurales, como proyectos a largo plazo relacionados con la innovación o la eficiencia energética. De manera generalizada, se ha recurrido al Fondo Social Europeo y al Fondo de Desarrollo Regional para prestar apoyo económico a las medidas locales y regionales; las medidas complementarias del PERE se han orientado en mayor medida a la financiación de proyectos de infraestructuras de banda ancha y otras inversiones extraordinarias en el ámbito rural.

 

De cara a 2010, en la consulta se destaca que este año será de vital importancia para regiones y ciudades y se destaca la necesidad de la gobernanza multinivel para aplicar el PERE y promover la recuperación de la UE; de hecho, la cooperación entre los Entes Locales y Regionales, así como la asociación entre estas instancias y el sector privado se ha mostrado con frecuencia como de gran utilidad para elaborar planes políticos urgentes contra la crisis.

 

 

Para el Presidente del Comité de las Regiones, Luc Van den Brande, los resultados de la encuesta vienen a demostrar con claridad que los responsables políticos han de trabajar conjuntamente para volver a encauzar la economía europea. A su juicio, aunque algunas regiones se vean más afectadas que otras, la crisis representa un problema europeo que requiere una respuesta igualmente europea. Sin embargo, no podrá lograrse una recuperación sostenible mediante decretos de instancias superiores, ya que un enfoque “de arriba abajo” no surtirá efecto alguno sobre el terreno. Es necesario un amplio diálogo sobre los próximos pasos. Ante la constante disminución de los ingresos públicos, muchos Entes Locales y Regionales atraviesan dificultades graves para mantener los servicios de primera línea que precisan los ciudadanos, servicios como la educación, la asistencia sanitaria o la gestión de residuos, entre otros muchos. Por ello, añadió Van den Brande, “deben participar de manera adecuada en la preparación de los planes nacionales y de la UE si se quieren contrarrestar los efectos de la crisis”.

 

El Vicepresidente Tercero del Gobierno, Manuel Chaves, Ministro de Política Territorial, señaló al respecto que “el reto al que nos enfrentamos es desarrollar políticas para salir de la crisis y simultáneamente comenzar a introducir cambios en nuestras economías para que la recuperación sea estable y duradera”. En su opinión, los cambios que ha experimentado el mundo antes y, sobre todo, después de la crisis, “nos muestran que las cosas ya no son iguales, aunque los objetivos y los valores que defendamos no han variado”.

 

Desde su punto de vista, la recuperación del empleo y el bienestar de los ciudadanos han de seguir estando “en el centro de nuestras políticas y debemos abordarlos en una situación más difícil porque hemos de sostener unas finanzas públicas que se han deteriorado”. En estas condiciones, dijo también, “el papel de la política es fundamental en todos sus niveles, el europeo, el nacional, el regional y el local, por eso la Presidencia española se plantea la necesidad de no debilitar ninguno de esos frentes, al contrario, reforzar la coordinación entre los distintos niveles para que la política sea más eficaz”.

 

 

En Palma de Mallorca también se debatió sobre la Estrategia UE2020 que, si así se aprueba en el Consejo Europeo de primavera, marcará las líneas que vengan a relevar a la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, que comenzó en 2000 y acabará este año.

 

La Estrategia a seguir a partir de 2010 ha sido objeto de una consulta promovida desde el Comité; los resultados de esa consulta han servido de base para elaborar la Estrategia UE2020.

 

UE2020 se impone como una necesidad ya que, según muestran las respuestas a la consulta, existe una impresión general de que la Estrategia de Lisboa ha aportado valor añadido a la Unión, pero no ha cumplido las expectativas y, en consecuencia, es precisa una Estrategia renovada. Para estar más próxima a la vida de los ciudadanos, deberá plantearse de forma sostenible con los objetivos sociales y ambientales tanto como con los de competitividad, teniendo en cuenta los valores de la ciudadanía europea, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Pero, sobre todo, es importante que incluya un rediseño de los diferentes ámbitos de gobierno, en vista de la necesidad de una acción coordinada; se hace preciso implantar una auténtica gobernanza multinivel.

 

En este marco, los Entes Locales y Regionales son agentes clave que deben participar plenamente en la gobernanza de la nueva Estrategia con el fin de velar que tenga debidamente en cuenta las especificidades territoriales. El Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, por su parte, deben establecer orientaciones y objetivos estratégicos que aseguren la coherencia de las políticas nacionales con los intereses de la UE en su conjunto. Los Estados miembros han de reforzar su compromiso de cumplir con los objetivos de la nueva Estrategia y de incorporar a su aplicación a los niveles de gobierno infranacionales y otras partes interesadas. El Parlamento Europeo, El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social también tienen su papel en UE2020, ya que mejoran su protagonismo en el diseño y la aplicación de la nueva Estrategia.

 

Por otro lado, la nueva Estrategia ha de ser más concreta y permitir que la actuación de los diferentes niveles de gobierno sea más coordinada e integrada y que contribuya también a reducir y simplificar el conjunto de objetivos que han de ser comunes a toda la Unión e incorporarse a las políticas nacionales. UE2020 ha de contar con objetivos realistas y flexibles, coherentes con las prioridades europeas, teniendo en cuenta las diferencias territoriales; de esa forma se promovería la cohesión territorial y la armonización de los objetivos de crecimiento y cohesión.

 

Simplificación administrativa, inclusión de nuevos indicadores, mayor inversión pública “inteligente” –tanto en el ámbito comunitario como en el nacional, especialmente en educación, I+D e innovación- y una duración que se corresponda con los plazos de la acción política general de la UE (quizá con la Legislatura europea) son otras de las particularidades con las que está dotada la Estrategia UE2020.