FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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El Ejecutivo modifica el IBI para que los Ayuntamientos cumplan el objetivo de estabilidad
La Administración Local, como el resto de Administraciones, tendrá que reducir gastos y optimizar su gestión, pero dispondrá de un nuevo instrumento para aumentar sus ingresos y superar mejor los tiempos de ajuste que se avecinan. Dentro del paquete de medidas urgentes de orden económico y social aprobado en el último Consejo de Ministros de 2011, el Gobierno decidió incrementar el IBI de forma parcial y con carácter transitorio para dar un mayor respiro a los Ayuntamientos y facilitarles el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
No fue la medida más importante aprobada por el nuevo Gobierno en su segunda y última reunión del año, pero si la de mayor calado para las Entidades Locales, que también se ven beneficiadas por la moratoria de un año más para su incorporación al mercado libre de la electricidad o la que les permitirá poder seguir prestando servicios a los más mayores, gracias a la prórroga del programa de teleasistencia domiciliaria, con el consiguiente beneficio para los directamente interesados, las personas más necesitadas.
El Real Decreto de medidas urgentes contempla una reducción del gasto en 8.900 millones de euros para paliar el nuevo cálculo de previsión del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas que estaría situado finalmente en el 8%, según los últimos informes de la Intervención General del Estado. Junto a esta reducción, el Gobierno prevé unos ingresos en torno a los 6.275 millones, provenientes fundamentalmente de la creación de un gravamen complementario en el IRPF, por encima de los 5.300 millones, y del incremento del IBI, que aportaría a las arcas municipales 918 millones. Con estos ingresos, los Ayuntamientos dispondrán de más recursos para garantizar la prestación de servicios básicos.
Incremento transitorio y progresivo del IBI
La aplicación transitoria y excepcional de un mayor tipo impositivo del IBI durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos, se realizará de forma progresiva en función de la antigüedad de la revisión catastral y, por tanto, a su adecuación al valor del mercado. En otras palabras, a mayor antigüedad del valor, mayor subida. Los porcentajes variarán entre el 10%, el 6% y el 4%.
Para evitar la penalización a las rentas más bajas, el Gobierno ha excluido de este aumento al 50% de las viviendas de menor valor de cada municipio, siempre que sus valores catastrales hayan sido actualizados después de 2011. Además estarán exentas de esta subida las viviendas cuyo valor catastral ha sido revisado en los años en que el valor de los inmuebles era más alto (2005-2007).
La medida afecta a 7.585 municipios, de los 8.116 que existen en toda España, y según explicó el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, estarán exentas de la subida la mitad de las viviendas de cada Ayuntamiento, es decir las que tengan menor valor que la media, al entender que sus propietarios son los que disponen de menor renta y patrimonio.
Los municipios que tienen un tipo del 4% son 1.254, entre otros, los de Madrid, Málaga, Oviedo, Segovia, Zamora, Burgos, Gijón, Soria, Mérida, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles.
Los responsables del Ministerio ponen como ejemplo que una vivienda valorada en 150.000 euros, cuyo valor catastral fue revisado antes de 2002, pagaba 150 euros de media. Con el incremento, pagaría unos 165. Si el valor catastral de esta misma vivienda hubiese sido revisado después de 2002, la reforma no supondría un incremento de la cuota. En el caso de una vivienda con valor de mercado de 300.000 euros, la subida sería de aproximadamente el doble, en el primer supuesto, o de entre 15 y 25 euros, si la revisión catastral se produjo entre 2002 y 2005.
Satisfacción de la FEMP
La subida temporal del IBI ha sido acogida con satisfacción por el Presidente de la FEMP, Juan Ignacio Zoido, y demuestra la “sensibilidad” del Gobierno de Rajoy hacia la complicada situación económica por la que atraviesan muchos Ayuntamientos, aunque reconoce que el incremento del gravamen supondrá un sacrificio para muchas familias.
El Alcalde de Sevilla recuerda, no obstante, que ese sacrificio se ve compensado por otras iniciativas aprobadas simultáneamente como la de destinar una partida de 30 millones de euros para prorrogar el programa de Teleasistencia Domiciliaria que prestan los Ayuntamientos, con el que saldrán beneficiados miles de personas mayores y con discapacidad.
