FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Parlamento andaluz ya ha comenzado los debates de las dos leyes que, según la Junta, servirán de referencia para el resto de Comunidades Autónomas. Todavía no hay acuerdo total entre el Gobierno autonómico, los municipios y los partidos políticos, pero la voluntad de los impulsores de estas iniciativas es que el consenso sea máximo. Así lo ha expresado el Consejo de Gobernación, Luis Pizarro, en una entrevista concedida a esta revista.

El caso de Extremadura parece, en principio, más proclive al consenso. Su Presidente,  Guillermo Fernández Vara, y el Presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Ramón Díaz Farias, firmaron recientemente un texto de Pacto Local, que, según manifestaron, marcará "un antes y un después" en el municipalismo regional y sentará las bases de la llamada segunda transformación de Extremadura.

El Gobierno extremeño elaborará la Ley en un plazo de seis meses, al mismo tiempo que ha anunciado la consolidación del actual Fondo Regional de Cooperación Municipal y su transformación en un sistema de financiación local reglada y permanente, mediante la participación en los ingresos tributarios de la comunidad.

Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana elaboró la pasada Legislatura el Libro Blanco que dio lugar al Anteproyecto de la Ley Básica del Gobierno y la Administración Local, una iniciativa que quedó  paralizada en 2006. Mientras tanto, ha aprobado el Anteproyecto de Ley Valenciana de Régimen Local, “una iniciativa que apuesta por el municipalismo, en especial, los pequeños Ayuntamientos, que son una gran mayoría en la Comunidad”, según el Consejero, Rafael  Blasco. La Ley cuenta en principio con el apoyo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Cataluña

Cataluña está tramitando, en la recta final de esta Legislatura, tres normas que constituirán la piezas clave de la nueva organización territorial catalana: el Proyecto de Ley del Consejo de Gobiernos Locales, el Proyecto de Ley de Veguerías y el del Área Metropolitana de Barcelona.

La Federación de Municipios de Cataluña (FMC) ha solicitado que estas leyes se tramiten con el máximo consenso posible con los municipios y que la Generalitat tenga en cuenta a las Entidades Locales como primeros y directos interlocutores en todos aquellos asuntos que les afecten directa o indirectamente. También ha pedido al Gobierno central y al autonómico el reconocimiento de una posición más sólida de los Gobiernos Locales ante las decisiones que les afectan y el establecimiento de procedimientos e instrumentos normativos más idóneos para proteger y garantizar las competencias locales.

Otras Comunidades han anunciado modificaciones parciales del régimen local, como el caso de Castilla y León, que ha anunciado  la regulación del Consejo de Cooperación y la inminente aprobación del Decreto que regulará el funcionamiento de las comisiones mixtas recogidas en la Ley de Transferencias a las Corporaciones Locales.

En Asturias, el Gobierno del Principado quiere consensuar con la Federación Asturiana de Concejos (FACC) la futura Ley autonómica de Administración Local, una normativa inexistente hasta ahora en esta región.  

Castilla La Mancha, por su parte, aprobó en febrero un Decreto que modifica el porcentaje del Fondo Regional de Cooperación Local 2010, destinado a financiar gastos de carácter incondicionado para los municipios de esta región; y su Gobierno ha tenido en cuenta a la Federación de Municipios y Provincias de esta región y a las Diputaciones Provinciales a la hora de firmar, con los agentes sociales, el denominado Pacto por Castilla-La Mancha, para salir de la crisis económica.

 

En Galicia, la Xunta aprobó el pasado mes de noviembre un Fondo dotado con 126,5 millones de euros, que fija la participación de los municipios en los ingresos de esta Comunidad, pasando del 2,75% en 2009 al 3,45% en 2010.

 

 

Francisco Toscano Sánchez. Presidente de la FAMP

Cooperación y consenso

Con la llegada al Parlamento de la Ley de Autonomía Local (LAULA) y de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, Andalucía está asistiendo a un momento histórico en el que los municipios van a alcanzar, por fin, unos derechos ampliamente demandados por generaciones anteriores durante los 30 años de existencia de los Ayuntamientos democráticos. Nuestro papel en este momento, como Alcaldes, pasa por defender, apoyar, e incluso mejorar una legislación como ésta que respeta y protege al municipalismo andaluz y da voz a nuestros ciudadanos a través de sus Ayuntamientos.

Las dos leyes, novedosas en el ámbito español, establecerán que municipios y provincias constituyen un mismo nivel de gobierno y refuerzan la idea de descentralización como fórmula para solucionar los problemas y las necesidades de los ciudadanos. Así, los municipios pasarán a tener capacidad para ejecutar políticas propias y se les asignarán más competencias de las que, hasta ahora, se recogen en la Ley de bases de Régimen Local.

Dotar de más autonomía y de una financiación de calidad a los municipios es un deseo ya presente en el Estatuto de Autonomía y que se complementará con la nueva Ley de Régimen Local propuesta por el Gobierno de España y que empezará a desarrollarse en los próximos meses. Estas leyes, en su búsqueda de la transparencia presupuestaria, mejorarán así la calidad de vida de los andaluces y escuchará las peticiones de los Alcaldes de nuestra Comunidad que, con independencia de sus ideas políticas, han apostado por un cambio en los modelos de actuación y relación.

Es comprensible pensar que estas leyes son necesarias ya que los Ayuntamientos son, en la mayoría de los casos, las instituciones más cercanas a los ciudadanos y las que más ampliamente conocen sus necesidades y carencias; así, al dotarlas de la capacidad de autoorganizarse, se les permite la posibilidad de luchar contra los problemas reales de sus municipios para que puedan ofrecer mejores servicios a sus vecinos y agilicen los trámites que suponen la gestión municipal.

Aspectos como la eficiencia a la hora de desarrollar las políticas municipales, equidad o lealtad institucional cobran mayor relevancia en momentos como los actuales en los que los municipios están asistiendo a profundas e inevitables situaciones provocadas por la situación económica que vive el país.

Se hace necesario, en este momento, que evitemos los partidismos ya que la cooperación y el consenso serán fundamentales para que la aprobación de estas leyes, antes del verano de 2010, supongan un gran avance del municipalismo andaluz.