FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene como gran objetivo, en cumplimiento del Acuerdo de París de 2015, que España alcance antes de 2050 la neutralidad climática y que el sistema eléctrico esté basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable. 

 

Con relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética, esta norma establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto del año 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%; lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable, y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. 

 

En el preámbulo de la ley se asegura que la transición energética promovida por la nueva norma permitirá movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030. También señala que, como consecuencia de esa importante movilización inversora y como resultado de las mejoras de eficiencia energética del conjunto de la economía, el Producto Interior Bruto de España se incrementará anualmente entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año y el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo. 

 

El documento señala que las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su prevención. De igual forma, el Gobierno deberá revisar el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del sistema educativo de manera transversal. 

 

La nueva normativa tiene numerosas medidas que afectan a las Entidades Locales: 

 

 

Sobre el desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, el texto prevé que se adopten las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km establecidas conforme la normativa comunitaria. 

 

Además, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023, que introduzcan medidas de mitigación para permitir la reducción de las emisiones derivadas de la movilidad. (ver cuadro anexo) 

 

 

La ley contempla que el Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar la alta eficiencia energética y descarbonización a 2050. Por ello, en un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor del texto, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana (ver cuadro anexo). 

 

 

En cuanto al desarrollo rural, el despliegue de las energías renovables deberá llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, el Gobierno buscará revertir parte de la riqueza que se genere en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico. 

 

 

A partir de la entrada en vigor de esta ley no se otorgarán en España nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos. Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042.

 

 

En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios medioambientales y de sostenibilidad energética cuando guarden relación con el objeto del contrato, que deberán ser objetivos, respetuosos con los principios informadores de contratación pública y figurar, junto con la ponderación que se les atribuya, en el pliego correspondiente. 

 

 

El texto recoge que el Gobierno remitirá a las Cortes, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, un Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incluirá como uno de sus principales ejes el impulso a la economía circular, en la línea de lo establecido en la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, con el objetivo de contribuir a lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

 

 

El proyecto de ley también señala que el Gobierno promoverá acciones de impulso a la digitalización de la economía que contribuyan a lograr los objetivos de descarbonización, en el marco de la estrategia España Digital 2025. 

 

Entre dichas acciones se incluirá, por ejemplo: abordar estratégicamente los retos y oportunidades que genera la incorporación de la tecnología digital al sector energético, al sector de la movilidad sostenible, a la economía circular, a la gestión del capital natural, a las redes y ciudades inteligentes y, en general, a las actividades de lucha contra el cambio climático.