FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Hace treinta años
El 1 de enero de enero de 1986 España comenzó a formar parte de la Comunidad Económica Europea (CEE), la actual Unión Europea. La entrada de España junto con Portugal significó la tercera ampliación de la UE, pasando a estar formada por 12 socios, uniéndose a los seis países fundadores: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos e Italia. El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, lo hicieron en 1973 y Grecia, entró en 1981. Estas tres décadas transcurridas han estado acompañadas de cambios económicos, sociales y políticos en España, en los que en buena parte de ellos la pertenencia a la Unión Europea ha tenido una influencia decisiva. El mundo local también ha sido protagonista y testigo de esta transformación. Carta Local dedica estas páginas al 30 Aniversario de nuestra incorporación a Europa.
Desde mediados de los ochenta, España ha vivido una transformación profunda y sin precedentes de su estructura socio-económica. El producto interior bruto (PIB) de España se ha duplicado (en precios de mercado) desde la entrada en la UE, pasando de 476.400 millones en 1986 -año en que España entró en la UE - a los 1.041.160 millones de euros de 2015.
Durante estas tres décadas, España también ha recortado distancia con respecto al resto de integrantes de la UE en cuanto al PIB. Entró en la UE con un PIB equivalente al 72% de la media de la Unión y el 2014 se situaba en el 94%.
Las contribuciones financieras de los Estados miembros al presupuesto comunitario se reparten de forma equitativa conforme a los recursos. Cuanto mayor sea la economía de un país, más aporta, y viceversa. De esta forma, desde la entrada de España hasta 2013, el gasto total de la UE en nuestro país asciende a los 13.752 millones de euros (1,36% de la Renta Nacional Bruta de España).
En sentido contrario, la aportación total de España al presupuesto de la UE en ese mismo periodo fue de 10.376 millones de euros (1,02% de su Renta Nacional Bruta), lo que implica un balance positivo hacia España.
La política regional desarrollada en aras de la cohesión y desarrollo de las regiones europeas, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), ha posibilitado que España reciba, hasta 2014, un total de 150.000 millones de euros.
Carreteras, trenes de alta velocidad, aeropuertos y puertos marítimos ha sido el destino de la mayor parte de los fondos europeos que España ha recibido desde su integración. Hay que tener en cuenta que en 1986, España junto a Grecia y Portugal presentaba una de las redes de transportes más deficientes de toda Europa.
En materia de infraestructuras, España ocupa el primer lugar como país receptor de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), habiendo recibido 40.000 millones de euros para la mejora y modernización de la red de transportes.
Algunos de los ejemplos más llamativos son los recurso s que han financiado la modernización de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Islas Canarias o Baleares y la construcción de otros tantos en varias ciudades. Destacan los 2.400 millones de euros a la construcción de la Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas y los 1.100 millones de euros destinados a financiar la ampliación de El Prat de Barcelona.
Según los datos de la Comisión Europea, en el último período de programación 2007 – 2013, entre otros logros, el FEDER ha permitido a España la creación de aproximadamente 58.000 puestos de trabajo (la mayoría en pequeñas y medianas empresas), el apoyo a más de 43.000 negocios pequeños, la cofinanciación de casi 30.000 proyectos de I+D, la ampliación del acceso de banda ancha a 1,3 millones de personas o el suministro de agua a 1,7 millones de personas a través de proyectos cofinanciados así como mejorar los sistemas de gestión de aguas residuales para más de 2,2 millones de personas.
La FEMP de entonces
En mayo de 1985 se produjo la firma del Protocolo de Adhesión a la Unión Europea, unos meses después, la FEMP celebraba su tercera Asamblea General, en el mes de noviembre, en la que el Presidente hasta entonces, el Alcalde de Zaragoza, Ramón Sainz de Varanda, dejaría su cargo al Alcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños, que lo ostentaría hasta 1991.
Leyendo la Memoria de Gestión de la Federación de aquel año, es fácil darse cuenta de que, pese a la espectacular mejora de las infraestructuras y la calidad de vida en las ciudades y pueblos españoles, los grandes problemas estructurales que aquejaban a los municipios entonces siguen siendo los mismos.
Bien es cierto que1985 fue el año de la aprobación y entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el marco legal en el que han vivido los Ayuntamientos hasta la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de diciembre de 2013, muy cuestionada también por buena parte de los representantes locales españoles.
Aquel documento de la FEMP de 1985 apuntaba las tareas que debía afrontar la Federación, que no eran otras que la “presencia efectiva” del municipalismo en la estructuración del Estado de las Autonomías, la distribución de competencias entre Administraciones, las relaciones jurídicas y administrativas entre las Corporaciones Locales y las CCAA y el Gobierno de la Nación y, claro está, los “innumerables problemas que aquejan a las haciendas locales”.
Ramón Sainz de Varanda, en el texto de despedida al frente de la Federación expresaba que “uno de los grandes temas pendientes es de la financiación de las Corporaciones Locales”, porque “sin recursos suficientes es imposible que los Gobiernos Locales de España sean eficaces”. Leyendo estas frases, parece que no ha pasado el tiempo desde aquellos meses finales de 1985.
Tiempos de precariedad económica
Como le ocurría al conjunto de nuestro país, esos años previos a la entrada en la Comunidad Europea que, al mismo tiempo, fueron los primeros de vida de la FEMP, estuvieron marcados por la precariedad económica. La suficiencia financiera de los municipios que consagraba la Constitución era sólo sobre el papel.
En 1980 entraba en vigor la Ley sobre Presupuestos Extraordinarios de Liquidación de Deudas de las Corporaciones Locales y su Financiación y las leyes de Presupuestos Generales del Estado comenzaban a introducir partidas destinadas a las Entidades Locales.
Hasta la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, de 1983, no se alcanzó un mínimo de estabilidad. Esa Ley incluía la posibilidad de establecer un recargo sobre el IRPF que sería declarado inconstitucional en diciembre de 1985. Los Presupuestos de ese año ya incluyeron capítulos específicos de participación en los tributos del Estado. En ese ejercicio se aprobó una partida de 270.670 millones de pesetas para los Ayuntamientos y 17.171 millones para las Corporaciones Locales e Insulares.
No sería hasta tres años después, después de negociar con los ministros Miguel Boyer y Carlos Solchaga, sucesivamente, que se aprobó la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 1988. El entonces Presidente de la FEMP, Tomás Rodríguez Bolaños recuerda que aquella Ley “no satisfizo a nadie, pero fue la mejor posible”. La reivindicación sigue en pie y en estos momentos, como ya es sabido, está pendiente la esperada reforma en profundidad del sistema de financiación local.
Durante estas tres décadas, España también ha recortado distancia con respecto al resto de integrantes de la UE en cuanto al PIB. Entró en la UE con un PIB equivalente al 72% de la media de la Unión y el 2014 se situaba en el 94%.
Las contribuciones financieras de los Estados miembros al presupuesto comunitario se reparten de forma equitativa conforme a los recursos. Cuanto mayor sea la economía de un país, más aporta, y viceversa. De esta forma, desde la entrada de España hasta 2013, el gasto total de la UE en nuestro país asciende a los 13.752 millones de euros (1,36% de la Renta Nacional Bruta de España).
En sentido contrario, la aportación total de España al presupuesto de la UE en ese mismo periodo fue de 10.376 millones de euros (1,02% de su Renta Nacional Bruta), lo que implica un balance positivo hacia España.
La política regional desarrollada en aras de la cohesión y desarrollo de las regiones europeas, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), ha posibilitado que España reciba, hasta 2014, un total de 150.000 millones de euros.
Carreteras, trenes de alta velocidad, aeropuertos y puertos marítimos ha sido el destino de la mayor parte de los fondos europeos que España ha recibido desde su integración. Hay que tener en cuenta que en 1986, España junto a Grecia y Portugal presentaba una de las redes de transportes más deficientes de toda Europa.
En materia de infraestructuras, España ocupa el primer lugar como país receptor de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), habiendo recibido 40.000 millones de euros para la mejora y modernización de la red de transportes.
Algunos de los ejemplos más llamativos son los recurso s que han financiado la modernización de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Islas Canarias o Baleares y la construcción de otros tantos en varias ciudades. Destacan los 2.400 millones de euros a la construcción de la Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas y los 1.100 millones de euros destinados a financiar la ampliación de El Prat de Barcelona.
Según los datos de la Comisión Europea, en el último período de programación 2007 – 2013, entre otros logros, el FEDER ha permitido a España la creación de aproximadamente 58.000 puestos de trabajo (la mayoría en pequeñas y medianas empresas), el apoyo a más de 43.000 negocios pequeños, la cofinanciación de casi 30.000 proyectos de I+D, la ampliación del acceso de banda ancha a 1,3 millones de personas o el suministro de agua a 1,7 millones de personas a través de proyectos cofinanciados así como mejorar los sistemas de gestión de aguas residuales para más de 2,2 millones de personas.
La FEMP de entonces
En mayo de 1985 se produjo la firma del Protocolo de Adhesión a la Unión Europea, unos meses después, la FEMP celebraba su tercera Asamblea General, en el mes de noviembre, en la que el Presidente hasta entonces, el Alcalde de Zaragoza, Ramón Sainz de Varanda, dejaría su cargo al Alcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños, que lo ostentaría hasta 1991.
Leyendo la Memoria de Gestión de la Federación de aquel año, es fácil darse cuenta de que, pese a la espectacular mejora de las infraestructuras y la calidad de vida en las ciudades y pueblos españoles, los grandes problemas estructurales que aquejaban a los municipios entonces siguen siendo los mismos.
Bien es cierto que1985 fue el año de la aprobación y entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el marco legal en el que han vivido los Ayuntamientos hasta la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de diciembre de 2013, muy cuestionada también por buena parte de los representantes locales españoles.
Aquel documento de la FEMP de 1985 apuntaba las tareas que debía afrontar la Federación, que no eran otras que la “presencia efectiva” del municipalismo en la estructuración del Estado de las Autonomías, la distribución de competencias entre Administraciones, las relaciones jurídicas y administrativas entre las Corporaciones Locales y las CCAA y el Gobierno de la Nación y, claro está, los “innumerables problemas que aquejan a las haciendas locales”.
Ramón Sainz de Varanda, en el texto de despedida al frente de la Federación expresaba que “uno de los grandes temas pendientes es de la financiación de las Corporaciones Locales”, porque “sin recursos suficientes es imposible que los Gobiernos Locales de España sean eficaces”. Leyendo estas frases, parece que no ha pasado el tiempo desde aquellos meses finales de 1985.
Tiempos de precariedad económica
Como le ocurría al conjunto de nuestro país, esos años previos a la entrada en la Comunidad Europea que, al mismo tiempo, fueron los primeros de vida de la FEMP, estuvieron marcados por la precariedad económica. La suficiencia financiera de los municipios que consagraba la Constitución era sólo sobre el papel.
En 1980 entraba en vigor la Ley sobre Presupuestos Extraordinarios de Liquidación de Deudas de las Corporaciones Locales y su Financiación y las leyes de Presupuestos Generales del Estado comenzaban a introducir partidas destinadas a las Entidades Locales.
Hasta la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, de 1983, no se alcanzó un mínimo de estabilidad. Esa Ley incluía la posibilidad de establecer un recargo sobre el IRPF que sería declarado inconstitucional en diciembre de 1985. Los Presupuestos de ese año ya incluyeron capítulos específicos de participación en los tributos del Estado. En ese ejercicio se aprobó una partida de 270.670 millones de pesetas para los Ayuntamientos y 17.171 millones para las Corporaciones Locales e Insulares.
No sería hasta tres años después, después de negociar con los ministros Miguel Boyer y Carlos Solchaga, sucesivamente, que se aprobó la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 1988. El entonces Presidente de la FEMP, Tomás Rodríguez Bolaños recuerda que aquella Ley “no satisfizo a nadie, pero fue la mejor posible”. La reivindicación sigue en pie y en estos momentos, como ya es sabido, está pendiente la esperada reforma en profundidad del sistema de financiación local.
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