FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Hablar hoy de Ayuntamientos, de Gobiernos Locales, es hablar del Estado porque somos Estado y queremos ejercer como Estado. Somos parte de un Estado complejo que establece su forma de actuación desde el principio de tres Administraciones: la Administración Central, que es el Gobierno de España y su administración; las Comunidades Autónomas; y las Administraciones Locales, Ayuntamientos y Diputaciones. Y la Constitución establece en el artículo 137 un sistema de funcionamiento en el que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas.

Municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Y todas ellas gozan de autonomía en la gestión de sus respectivos intereses. Es el Estado y la autonomía de cada una de las partes que lo integran. Autonomía en la gestión, en nuestra capacidad de llevar adelante nuestros proyectos y principios en políticas, porque cada una de estas tres Administraciones, cada uno de estos tres gobiernos tiene sus estructuras, sus competencias, su financiación, su proyecto político, sus elecciones, y constituyen una forma de gestionar intereses colectivos de los ciudadanos de acuerdo con los mandatos de la Constitución y de las leyes.

Se trata de algo de la mayor importancia porque no somos un sistema piramidal. No. Somos un sistema que proclama, desde la Constitución, la autonomía de cada una de las tres Administraciones. Con la dependencia de los controles administrativos, como corresponde, pero con autonomía para llevar adelante nuestras políticas.

Es la propia Constitución, en el artículo 140, la que enfatiza de forma tan notable ese principio con los Ayuntamientos. La Constitución, dice el artículo 140, garantiza la autonomía de los municipios. Su gobierno y administración corresponden a sus respectivos Ayuntamientos integrados por los Alcaldes y los Concejales.

Lealtad institucional

Dado que las tres Administraciones tienen su autonomía es fundamental la forma en la que se interrelacionan, porque las tres constituimos el Estado y las tres tenemos que tener lealtad con el Estado. Si no, algo no funcionará. Las tres Administraciones tenemos que actuar desde nuestra lealtad institucional, recíproca y mutua, porque hay tantos lugares de encuentro y tantas concatenaciones en la forma de desarrollar la política, que la lealtad institucional se erige como el pilar fundamental de la relación de Estado.

Y sobre eso pivota todo. Lealtad institucional entre el Estado Central y las Comunidades Autónomas, entre éstas y aquel; entre el Estado Central y las Corporaciones Locales, y también a la inversa; y entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, así como entre Ayuntamientos y Comunidades. Es un juego de tres partes que tiene que está presidido por la lealtad institucional. Porque compartimos muchas cosas, y hemos de compartir que el bien superior es el interés de los ciudadanos. No es el interés de cada una de las Administraciones y de cada una de las políticas. Por eso tiene que funcionar, y de forma exquisita, la lealtad institucional.

Y esa lealtad institucional se tiene que estar montando de forma continua porque todos tenemos los gobiernos, las competencias, la financiación y la acción. Pero cuando una Administración toma acción en función de interés político partidario en su relación con otras Administraciones, estará rompiendo la lealtad institucional, cualquiera que sea y de la forma que sea. Porque la lealtad institucional se rompe cuando alguien, desde una Administración, intenta tomar ventaja rompiendo la autonomía de otra en la acción política.

El futuro es de las ciudades

A día de hoy, siglo XXI, año 2018, vemos lo que está sucediendo estos días de noviembre en Madrid, que acoge un Foro en el que hay Alcaldes y Alcaldesas de muchos lugares del mundo hablando de ciudades. Y es que todo lo que sucede en las sociedades modernas sucede en las ciudades, elementos dinámicos en los que se produce la práctica totalidad de los eventos que dan progreso social. Vamos marcando una nueva dinámica, y con los tiempos, cada vez más intensa.

El futuro va a marcar todavía más el importante papel de las ciudades en el devenir social, en la articulación sociológica, en la articulación social, en la forma política, en la acción. El futuro es de las ciudades. Se está produciendo a velocidad exponencialmente acelerada. Las ciudades se constituyen en el lugar pero también en el objeto central de la regulación administrativa y política.

Cada vez más, el funcionamiento de la política se acrisola en las ciudades, en los municipios, ya no por la cercanía, sino por una nueva forma de hacer la política. Hay una nueva política total que es la política de la atención de las todas las necesidades desde el ámbito de la inmediatez. Una nueva demanda de los ciudadanos que quieren participar activamente en la política. Ya no vale solamente el voto ciudadano cada equis tiempo en las elecciones que corresponda. No. Ahora hay una demanda activa de participación continua en la política y la vía de esa nueva forma se llama “Gobiernos Municipales”, se llama Ciudades, se llama Municipios.

La Constitución, cuarenta años después

Los que desde este ámbito lo entienden están encontrando una respuesta excepcional en el propio devenir ciudadano. Se está conformando esa nueva forma de hacer política en la modernidad de las ciudades, en la modernidad de los municipios y en la forma de entendernos, acelerado todo ello de forma notable en los últimos cincuenta años. La Constitución Española tiene 40. Este fenómeno la cogió en su nacimiento y por eso no lo contempla todavía, porque se redacta y se escribe y funciona (extraordinariamente bien y en el mejor periodo de la historia de España) sin atender el fenómeno emergente de los municipios, de las ciudades, sin el papel determinante que tenemos que jugar.

Si hoy se redactase la Constitución tendría una portada y un capitulo nuevo dedicado a los municipios y a las ciudades, habría un reparto de competencias completamente diferente, porque la realidad está ahí, el mundo en el que vivimos con las demandas ciudadanas.

Por eso nosotros demandamos la reforma de la Constitución, y cuando digo nosotros, hablo del municipalismo de este país. Una reforma para cubrir ese vacío que dejó una Constitución que se escribía hace 40 años. Es fácil entenderlo simplemente con ver los elementos centrales de la acción y de atención a los ciudadanos, los elementos centrales que configuran la modernidad, y me refiero a la economía en cualquier ciudad.

En algo tan importante como la sanidad, tenemos un conjunto de valores compartidos mayoritariamente, como la importancia de la sanidad pública, de la atención que conforma uno de los grandes motores sociales. Pues cuando llegamos a la realidad y entramos en lo concreto de la sanidad, resulta que en su presencia y en la gestión de los hospitales no entran los Ayuntamientos. Los rectores de la demanda de los ciudadanos ante las carencias sanitarias, no estamos. Cuando las listas de espera superan un año y medio, dos años, o cuando los hospitales están insuficientemente atendidos, la demanda inmediata es a los Alcaldes y Alcaldesas. Y sin embargo, no hay un órgano en ese ámbito en el que nosotros tengamos presencia, no para entrar en la política sanitaria sino para configurar el funcionamiento y las prioridades.

Si nos cambiamos a la educación, tan importante, el segundo gran valor social de la modernidad, ¿qué sentido tiene que los Ayuntamientos no estemos presentes en la gestión total de toda la enseñanza infantil y primaria? La enseñanza infantil y primaria forman parte del ámbito municipal, pero somos simples arregladores de edificios y no tenemos la competencia cedida para gestionar. Sin embargo, todo aquello que funciona mal en educación acaba en los Ayuntamientos, acaba siendo una demanda ciudadana.

Si de ahí nos venimos a valores emergentes, como medio ambiente y cambio climático, debe haber paradojas como la de mi ciudad, donde tenemos una depuradora que costó más que la más importante depuradora del país y no tenemos ninguna competencia medioambiental. Tenemos kilómetros de playas y no tenemos ninguna competencia sobre playas. Tenemos un fenómeno extraordinario, que es una cuenca fluvial enteramente en el municipio, y no tenemos ninguna competencia en ríos. Medio ambiente, cambio climático… todo sucede en las ciudades, pero los Ayuntamientos no tenemos ninguna competencia para llevar adelante esta regulación.

En algo tan importante como la economía ¿qué competencias tenemos los Ayuntamientos y cómo gestionamos nuestro conocimiento de la economía? Me voy a centrar en el ámbito industrial. En mi ciudad está el sector naval privado más importante de Europa. Cada vez que este sector tiene que gestionar alguna cuestión relacionada con ellos, hablan con el Alcalde de Vigo, que no forma parte de ningún consejo para poder trasladar al gobierno autonómico o al gobierno de España lo que sucede en el sector naval privado más importante de Europa.

Esto son carencias importantes y graves porque estamos rompiendo la cadena de la información. En aspectos tan importantes como los que acabo de citar se está rompiendo algo fundamental, porque la demanda hoy es que esa información fluya de forma inmediata; y eso es lo que este sistema está rompiendo. Por eso queremos que esto se reforme.

Gobiernos Locales responsables y cumplidores

Cuando venimos a lo concreto aparece el músculo de la responsabilidad de los Gobiernos Locales. En los más duros momentos de la más terrible crisis de la humanidad, la que acabamos de vivir, muy por encima de la de los años 30, de todas las instituciones públicas solamente las Administraciones Locales cumplimos objetivos durante cinco años seguidos en España. Y no sólo cumplimos objetivos sino que alcanzamos superávit, fuimos capaces de hacer cumplir los requerimientos para el Reino de España en Bruselas durante los cinco años, fuimos determinantes en los equilibrios de esas cuentas, aportamos superávit para cubrir las deficiencias del Estado Central y de las Comunidades Autónomas, y esto nos da una inmensa fuerza moral.

Además cumplimos techo de gasto, cumplimos objetivos de deuda, algunos Ayuntamientos, incluso, estamos en deuda cero. Había Ayuntamientos con una deuda muy importante y en diez años lo transformamos en deuda cero y tenemos remanentes extraordinarios. ¿Por qué? Porque gestionamos con la responsabilidad de saber gestionar.

De aquí surge otra de las paradojas. Cuando una Administración incumple, se le señala con el dedo y se le requiere que cumpla. Cuando los Ayuntamientos y las Diputaciones cumplimos y tenemos superávit y disminuimos deuda y cumplimos techo de gasto, surge la peregrina teoría, y hablo de la AIReF, de que si tenemos superávit será porque nos sobra financiación. El mundo se vuelve abstruso, porque a los que incumplen no se les sanciona y a los que cumplen se les recrimina que cumplan. Es un modelo perverso en el que otra vez vuelve a no funcionar la lealtad institucional. Porque no sólo tuvimos que soportar aquellas críticas que criminalizaban a los Ayuntamientos como causantes de la crisis, sino que ahora, cumpliendo, tenemos que oír que nos sobran recursos.

Pues no. Nosotros queremos competencias y recursos. Y no por ansia de poder, las Corporaciones Locales no funcionamos así. Nos movemos por los servicios a los ciudadanos y estos servicios requieren de la financiación para ser llevados adelante; por eso los reclamamos. Creemos que es imprescindible para este país la modificación del ámbito de competencias que tenemos y la modificación de la financiación local de acuerdo con las competencias, algo sencillo y fácil de entender. Somos prestadores de servicios y los queremos seguir prestando con eficiencia, con economía, y queremos ser capaces de pagar a proveedores en el menor tiempo posible. Eso significa algo más: la simplificación de tramitaciones administrativas.

Los que formamos parte de las decisiones responsables queremos estar en los debates, queremos la reforma de la LRSAL, queremos la reforma de la financiación. Estaremos en la reforma de la Constitución y estaremos en lo que actualmente está pasando. Tras cinco años de planteamiento de demandas locales, con éxito escaso, ahora, con el cambio de Gobierno, estamos frente a un nuevo tiempo en el que ha cambiado el tono hacia los Ayuntamientos. Estamos centrando los problemas que nos afectan. Ya sabemos que vamos a entrar a discutir la regla de gasto en el presupuesto, que los Presupuestos que se deberían aprobar este año acometerán la utilización del superávit, una gran demanda municipal. Además sabemos que se va a ampliar el rango de las inversiones financieramente sostenibles. Esto lo acogemos con entusiasmo. Porque ese presupuesto que se debería aprobar contendrá, además de estos principios, otro no enteramente satisfecho, pero si en la buena dirección, sobre ampliación de las tasas de reposición.

Nos encontramos, por tanto, delante de tres realidades paralelas: el presente, acuciante e imperioso, en el que queremos tener respuestas que queden resueltas en el nuevo Presupuesto; el medio plazo, en el que tenemos que atender a lo que está pasando en las ciudades en España desde el propio reconocimiento legal; y un plazo más largo, en el que resultara imprescindible que la reforma de la Constitución atienda a los Ayuntamientos del año 2018, porque aquellas ciudades y aquellos pueblos que tenían los constituyentes en la cabeza, en el año 78, ya no son la realidad. La realidad son estas ciudades pujantes, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Vigo, Valladolid, Bilbao, y con ellas, también los pequeños Ayuntamientos que se tienen que encargar de evitar la despoblación.

Y esa es la nueva realidad en la que estamos viviendo y a la que obligadamente hay que dar respuesta desde el ámbito de España. Muchas gracias.