FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

2 Julio 2024

Desacuerdo de la FEMP con el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que, en este momento, se encuentra en trámite parlamentario, está ocasionando inquietud entre los responsables municipales. Por ello, la FEMP ha pedido una reunión urgente con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y con los grupos políticos con representación en el Senado para trasladar sus reivindicaciones



Así se acordó el pasado 25 de febrero en la Junta de Gobierno de la FEMP. La Federación pedirá reunirse con José Manuel Soria para trasladarle el sentir del mundo municipal sobre esta cuestión y también promoverá encuentros con los distintos grupos políticos de la Cámara Alta para trasladarles su desacuerdo con la actual redacción del Proyecto. Con ello, se pretende recabar los apoyos precisos para llevar adelante las propuestas de enmienda de la FEMP al texto, de manera que las reivindicaciones municipales sobre esta materia tengan reflejo en la futura regulación.

La FEMP considera preciso que en el Senado se atiendan varias de sus peticiones, ya que la actual redacción del Proyecto de Ley plantea unas cargas injustificadas sobre las Entidades Locales, e incluso discriminatorias respecto de las redes de autoprestación de las entidades privadas, por ejemplo. En este sentido, la actual redacción no incluye el concepto de autoprestación de servicios de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios públicos, vinculado al ejercicio de competencias municipales, ya sea para trabajadores públicos o para los usuarios de dichos servicios a través de las redes wi-fi municipales.

Otra cuestión que preocupa es el modo en que el Proyecto de Ley aborda las responsabilidades que tienen las Entidades Locales respecto de la utilización del dominio público. En este punto, las Administraciones Locales deberían de poder establecer las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público local en el marco de la normativa patrimonial básica estatal y propia de los Entes Locales.

 

Por último, la FEMP muestra su preocupación por el modo en el Proyecto de Ley incide sobre las competencias urbanísticas de las Entidades Locales. En este sentido, se pretende que el texto garantice la seguridad de las instalaciones, ya sea a través de la técnica de la licencia, o el régimen de comunicación, pero siempre con la presentación de un proyecto técnico firmado por personal competente que permita verificar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger, entre otros intereses, el impacto urbanístico que genera dicho despliegue.

Convocar una CNAL

La Junta de Gobierno también acordó instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a convocar, a la mayor brevedad posible, una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que contribuya a resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de la reforma local que más dudas están generando a los Ayuntamientos.

A juicio de la FEMP, en la CNAL, además, se deberán aclarar también ciertos aspectos relacionados con la inversión del superávit de los Ayuntamientos. En la reunión de la Junta de Gobierno, el Presidente trasladó a sus miembros la normativa publicada en el BOE de 22 de febrero en la que regulan las inversiones financieramente sostenibles, que permitirá la ejecución de inversiones por las Entidades Locales saneadas financieramente y que presentan un bajo nivel de deuda financiera y comercial (ver más información en las páginas anteriores).

Finalmente, en la CNAL se daría traslado también de la necesidad de revisar a la baja el tipo de interés de los préstamos que los Ayuntamientos que se acogieron al primero Plan de Pago a Proveedores están asumiendo, que se situó en un 5,9%. Para Íñigo de la Serna, los intereses que se están pagando por los préstamos vinculados a aquel primer plan de pago a proveedores resultan elevados en comparación con el que se han venido aplicando para planes posteriores. A su juicio, se trata de una petición “justa”, especialmente, si se tiene en cuenta que los Gobiernos Locales son la Administración más cumplidora con los objetivos de déficit y deuda establecidos.

Asimismo, para la institución que representa a las Entidades Locales resulta preciso convocar dicha reunión para tratar en su seno cuestiones como la posibilidad de ampliar de 10 a 20 años el plazo para devolver el principal de las cantidades que deben reintegrar los Ayuntamientos referidas al primer plan de pago a proveedores.

 
Carta Local nº 380, junio 2024.pdf