FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El retorno a la normalidad constitucional e institucional es también el objetivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en nuestra política local. La crisis económica y sus consecuencias institucionales, expresadas esencialmente en la modificación que se llevó a cabo en la anterior legislatura con la LRSAL y su aplicación, han marcado profundamente los últimos años que se han configurado como una auténtica situación de excepcionalidad en el ámbito local, una excepcionalidad marcada por la limitación a las posibilidades sobre todo de actuación desde el ámbito local y por su sometimiento a múltiples controles y condicionantes especiales. Es verdad que la situación económica, la crisis económica, exigía y sigue exigiendo esos controles, pero creo que el excesivo vaciamiento de capacidades sobre todo de los Ayuntamientos está poco justificado. Desde ese punto de vista, creo que es hora de superar esa excepcionalidad que, afortunadamente, el Tribunal Constitucional, y algunas actuaciones autonómicas relativizaron desde el primer momento. Por eso, estamos impulsando la modificación de LRSAL.

Es hora de recuperar las capacidades de actuación autónoma de los municipios y Diputaciones y de volver a empoderar a nuestros Alcaldes y Alcaldesas porque eso significa volver a empoderar, al final, a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, de cada municipio, en función precisamente de sus propias prioridades políticas. Lo he dicho muchas veces, lo decía hace pocos días en mi comparecencia en el Senado: creo que los Ayuntamientos han demostrado durante estos 40 años de democracia que son una Administración, a veces pequeña, a veces con limitaciones económicas, pero desde luego son una Administración madura, mayor de edad y, por tanto, con plena capacidad para hacer política y para llevar a cabo proyectos políticos.

Se trata de una tarea que obedece a la necesidad de aprovechar las capacidades de los Gobiernos Locales para impulsar la actividad de los ciudadanos y sus dinámicas de crecimiento y para responder, sobre todo, a las necesidades de apoyo de aquellos ciudadanos que se encuentran en situaciones más difíciles. Al final sois los que salís a la calle y tenéis que mirar a los ojos a vuestras vecinas y vecinos y decirles que no podéis resolver un problema porque, simplemente, no tenéis esa capacidad. Estoy segura que eso para todos vosotros y para todas vosotras es duro.

Han sido precisamente los municipios quiénes han asumido esta tarea siempre en nuestro país, lo han hecho a lo largo de estos años de democracia, con éxitos además muy considerables que después hemos podido generalizar en sus Comunidades Autónomas, o incluso en toda España. Han sido, habéis sido, los Alcaldes y Alcaldesas quiénes han expresado más claramente el dinamismo y el avance de vuestras ciudades, de vuestros pueblos.

Todos conocéis el contenido fundamental de la reforma que pretendemos, que hemos tenido ocasión de exponer y que además ha sido objeto de trabajos conjuntos entre gente del Ministerio de Política Territorial y la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Se trata de una reforma pensada para que los Municipios y Diputaciones que surjan de las elecciones del próximo 26 de mayo puedan aplicarla de inmediato. Eso quiere decir, por tanto, que debemos tener como objetivo, aprobarla antes de que se produzca este comicio electoral. Una reforma, por ello, limitada a aquellos aspectos de urgente necesidad y que, por tanto, no pretende reabrir cuestiones tradicionalmente polémicas sobre nuestro modelo local. Queremos evitar que la reforma naufrague en esos grandes debates.

Somos perfectamente conscientes desde el Gobierno de España de que hace falta una nueva ley de Régimen Local, y que, asociada a ésta, hace falta también una nueva ley de Financiación Local que necesariamente deben ir de la mano. Pero también éramos conscientes que en una legislatura corta, en una legislatura que nosotros cogíamos a medias y con unas características muy particulares, era poco realista marcarse como objetivo esa reforma en profundidad, pero sí lo era, en cambio, abordar algunas cuestiones de mayor urgencia.

Nuestro objetivo inmediato, el objetivo de la reforma, se concreta en los siguientes aspectos:
 

 

En tercer lugar, también, para atender a las necesidades específicas de contratación de los pequeños municipios que se encuentran hoy con considerables problemas para aplicar las normas generales de contratación. Este tema ha salido en otras reuniones que hemos mantenido con Alcaldes, en el marco de la CNAL.

Al margen de estos tres grandes objetivos, la reforma incluirá modificaciones, igualmente urgentes y fruto de la demanda municipal, referidas al incremento de la información a los miembros del Pleno, las posibilidades del voto telemático de los Concejales en caso de enfermedad o paternidad, o la adecuada contemplación de razones que permitan imponer límites locales a determinadas actividades económicas, ámbito en el que hay un margen todavía de corrección, de adaptación, sin por supuesto vulnerar la legislación europea.

Asimismo, estamos trabajando también en la situación financiera de los Gobiernos Locales y la superación de algunos límites a su actuación que hoy plantean resultados disfuncionales. Yo también soy consciente de que éste seguramente es uno de los temas que más os preocupan y, desde luego, del que más traslado recibimos nosotros, y me imagino que el Ministerio de Hacienda todavía más, porque es el Ministerio competente. Precisamente el Ministerio de Hacienda ha planteado ya el estudio de alternativas a la actual configuración de la regla y el techo de gasto, mediante la configuración de un grupo de trabajo con ese objeto en el seno de la CNAL financiera, es decir la CNAL que corresponde al Ministerio de Hacienda.

Igualmente, el acuerdo presupuestario cerrado por el Gobierno y el Grupo de Unidos Podemos planteaba la flexibilización de las inversiones financieras sostenibles para ampliar el margen de decisión local, en cuanto al destino del superávit de los Gobiernos Locales, y ese compromiso esperamos que pueda plasmarse en torno a los Presupuestos de 2019 y, en todo caso, si eso no fuera posible, el Ministerio de Política Territorial va a trabajar para que los términos del acuerdo se puedan plasmar en la iniciativa legislativa que estamos impulsando desde el propio Ministerio.

Hay otras iniciativas, otras demandas, actuaciones vinculadas con la situación generada por la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre las Plusvalías, por ejemplo, que también creo que son importantes de abordar y que espero que, también en paralelo y con el trabajo que Federación Española de Municipios y Provincias pueda desarrollar con el Ministerio de Hacienda, podamos avanzar algunas cuestiones.

Éstas y otras alternativas en estudio tienen en común la apertura, un aumento de la implicación local en el impulso económico y en atención a los derechos y servicios sociales que prestan los Gobiernos Locales. Al final, es adaptar una legislación que tuvo que modificarse en gran medida por una coyuntura de crisis económica, a una nueva coyuntura dónde, efectivamente, no han desaparecido. Los efectos negativos que esa crisis económica provocó: una crisis social. Pero desde luego hay un cambio y una evolución de la situación económica, y eso también hace necesariamente que tengamos que volver a adaptar esas capacidades de la Administración Local, de los Gobiernos Locales, para que den respuesta a las necesidades sociales.

En las próximas semanas nuestro objetivo es poder concretar el modo de abordar estos aspectos en la reforma local, o bien en vía presupuestaria, o bien en normas y reformas específicas, sobre todo vinculadas como os decía a la reforma de LRSAL.