FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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La FEMP trabaja en una Ordenanza Tipo de Transparencia
La FEMP está trabajando en la elaboración de una Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información para ayudar a las Entidades Locales a cumplir en los plazos previstos las obligaciones que les confiere la Ley de Transparencia y a desarrollar sus principios inspiradores.
El anuncio fue efectuado por el Vicepresidente de la FEMP y Presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, durante su intervención en el III Foro de Transparencia y Buen Gobierno promovido por la Fundación Chile-España, y que se celebró en el Senado el pasado mes de enero. En el encuentro se abordaron las cuestiones relacionadas con el proceso de implantación de los contenidos de la Ley de Transparencia, a la luz de las experiencias llevadas a cabo en Chile, donde ya se viene aplicando desde mediados de 2008.
La transparencia al servicio de la eficiencia
Entre las conclusiones del Foro hay que destacar la de alentar un cambio cultural entre los responsables políticos, los empleados públicos y los ciudadanos y la comprobación de que la transparencia es un concepto que crea valor y que, por lo tanto, “debe ser un instrumento para aumentar la eficiencia de las Administraciones Publicas”, como señaló Martínez Maíllo. Buena prueba de ello es que, según el Foro Económico Mundial, Chile pasó de la posición número 40 en materia de eficiencia del gasto público el año 2009, a estar entre los 13 países más eficientes del mundo en su última medición del año 2013.
El Foro, en el que participaron expertos de distintas Administraciones Públicas, parlamentarios, profesores universitarios, juristas y directivos de organizaciones no gubernamentales, fue inaugurado por el Presidente del Senado de España, Pío García Escudero, en un acto en el que también participaron el Embajador de Chile en España, Sergio Romero Pizarro, y el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que pronunció la conferencia de apertura.
En su intervención el Presidente del Senado afirmó que la transparencia, además de estar al servicio del interés general de los ciudadanos, permite recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y “pone coto a cualquier subterfugio a la opacidad”, al tiempo que hizo un reconocimiento a la contribución de Chile al compartir con España la experiencia del desarrollo de la Ley de Transparencia de aquel país.
El foro estuvo estructurado en varias mesas redondas, en las que se fueron abordando los desafíos políticos, institucionales, de los Gobiernos Locales y de capacitación en el proceso de aplicación de la Ley de Transparencia. Las distintas visiones fueron analizadas por representantes de los dos países, desde el ámbito político parlamentario, el académico (con la participación destacada de las universidades Católica de Chile y de Alcalá de Henares), de los órganos de garantía y control de la transparencia y desde el ámbito jurídico.
La FEMP, en la vanguardia
El Vicepresidente de la FEMP intervino en la mesa sobre el desafío de los Gobiernos Locales, presidida por el Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, Jorge Jaraquemada; en la que también participaron el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Guevara; el Consejero de Administraciones Públicas de Extremadura, Pedro Nevado, y el Director de la empresa GUADALTEL (proveedor tecnológico de la Plataforma Transparencia de Chile), Kevin Guzmán.
Martínez Maíllo afirmó que habilitar procesos de transparencia "no va a ser fácil" y va a "suponer un tremendo desafío para las Entidades Locales". Por este motivo, indicó la importancia de unificar en un texto a modo de Ordenanza Tipo los criterios generales que sirvan de ayuda a los responsables municipales para cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley y a desarrollar sus principios inspiradores en sus Ayuntamientos. (La Ley establece un plazo de dos años para que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales se adapten a las obligaciones establecidas).
Asimismo, indicó que la FEMP se situó ya a la vanguardia en esta materia al haber aprobado su órgano rector en 2009 el denominado Código de Buen Gobierno cuyo contenido, en estos momentos, está en proceso de revisión para que pueda contribuir mejor a consolidar una ética pública común y exigente y servir para generalizar buenas prácticas en el sector público local.
El Vicepresidente de la FEMP puso de relieve, además, que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local también apuesta por la transparencia al obligar a las Corporaciones Locales a publicar anualmente el coste de los servicios que gestionan. Para Martínez Maíllo, esta fórmula permitirá a los ciudadanos poder evaluar la gestión municipal y servirá de acicate para que las Entidades Locales ofrezcan a sus vecinos unos servicios de más calidad.
Asimismo, el Presidente de la Diputación de Zamora calificó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de “muy exigente” y, en este sentido, señaló que los gestores públicos deberán “estar a la altura” de dichas exigencias y serán los ciudadanos quienes “les juzgarán”.
En este punto, recalcó que “hasta ahora las muestras de transparencia que podían verse en el sector público eran fruto de un ejercicio de voluntarismo”, mientras que, a partir de ahora, ha pasado a convertirse “en una exigencia legal”. Sin embargo, Martínez Maíllo matizó que han sido muchas las Entidades Locales que han puesto en marcha portales de transparencia en sus instituciones -tal y como ha hecho también la FEMP- por lo que, en su opinión, “la Ley ha entrado en vigor de facto antes de haber entrado en vigor de hecho”.
El Vicepresidente de la FEMP concluyó enfatizando que la Ley de Transparencia no debe, en ningún caso, ser vista por las Administraciones como una imposición carente de sentido sino que debe considerarse como “un instrumento para fortalecer las instituciones”.
Una conquista lenta
Los participantes en esta mesa coincidieron en que la implantación de la transparencia no se consigue de la noche a la mañana, sino día a día, mediante un cambio cultural que debe afectar al conjunto de la sociedad. El proceso es relativamente lento, porque exige adaptaciones técnicas y organizativas, así como campañas de sensibilización entre los ciudadanos, pero, a la vista de la experiencia chilena, supone un avance transcendental en la calidad democrática.
En diciembre de 2013, de los 345 municipios chilenos, 120 se habían incorporado ya, de forma voluntaria, al Portal Transparencia Chile, que se puso en marcha en abril de 2013. En él los ciudadanos pueden encontrar toda la información pública de los organismos regulados del país, solicitar información, hacer un seguimiento de sus solicitudes y reclamar ante el Consejo para la Transparencia –órgano que vela por el cumplimiento de la Ley- si un organismo no cumple los requisitos legales.
Para el Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y Alcalde de la Comuna de Lo Barnechea, Felipe Guevara, la diversidad existente entre las municipalidades chilenas está causando dificultades en la aplicación de la Ley, tanto de carácter técnico como económico y organizativo, porque cumplir sus requerimientos “exige detraer recursos destinados a otros fines”. Por tanto, a su juicio, es también un proceso caro, principalmente para las municipalidades de menos población.
Guevara se extendió en analizar otras dificultades como la instrumentalización política de la transparencia en periodos electorales o la no obligatoriedad de identificación a los demandantes de información que en momentos determinados pueden llegar a colapsar los servicios demandando información superflua. “El anonimato”, aseveró, “genera suspicacias”.
La identificación de los demandantes de información generó inquietud entre los participantes. Incluso, una de las mesas analizó algunos casos sobre los límites de la aplicación de la Ley de Transparencia en Chile y España, en la que participaron representantes de los municipios de Lo Barnechea y Madrid. Finalmente, quedó claro que las dudas a este respecto tendrán que resolverse en el desarrollo reglamentario de la propia Ley.
Felipe Guevara resaltó también que el Portal Transparencia se ha convertido en una fuente de información muy utilizada por los medios de comunicación que “continuamente establecen ránkings sobre cualquier cosa, pero no profundizan en lo que es la gestión global y lo que significa la transparencia”, dijo.
Convergencia normativa
Por su parte, el Consejero de Administración Pública de Extremadura, Pedro Nevado, aseguró que la transparencia está en la esencia de la democracia, y que ambos son los mejores agentes generadores de confianza entre los ciudadanos, algo importante, señaló, para evitar la “presunción de ilegalidad” que a veces se manifiesta en algunos grupos sociales.
Nevado se mostró partidario de la convergencia normativa en este asunto y por ello alabó la iniciativa de la FEMP de facilitar a los Gobiernos Locales unos criterios generales comunes para aplicarlos en sus ordenanzas.
Formación y capacitación
El último de los desafíos analizados fue el relativo a la formación y capacitación tanto de los empleados públicos como de los ciudadanos. En este sentido, el Director del Consejo para la Transparencia de Chile, Raúl Ferrada, explicó las resistencias que tuvieron que vencer para poner en marcha la Ley y las campañas realizadas, principalmente derivadas de la desconfianza de los ciudadanos hacia la información pública y su escasa conciencia sobre el derecho a la información. A pesar de todo, puede decirse que “los avances que se han producido han sido muy considerables”, afirmó. Los asuntos sobre los que se preocupan los ciudadanos chilenos son los relacionados con la educación, la vivienda y la salud.
Por su parte, el Director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, explicó los pasos ya dados por este organismo, entre otros, la inclusión de la transparencia en los planes de formación para empleados públicos, y la creación de un grupo de trabajo encargado de promover el cambio en las formas de abordar la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno entre los empleados públicos, y fomentar la confianza de los ciudadanos.
Arenilla anunció que ya está a punto el plan formativo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley y se está trabajando en la campaña informativa dirigida a los ciudadanos. Asimismo, anunció la incorporación del Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa al sector público estatal.
La transparencia al servicio de la eficiencia
Entre las conclusiones del Foro hay que destacar la de alentar un cambio cultural entre los responsables políticos, los empleados públicos y los ciudadanos y la comprobación de que la transparencia es un concepto que crea valor y que, por lo tanto, “debe ser un instrumento para aumentar la eficiencia de las Administraciones Publicas”, como señaló Martínez Maíllo. Buena prueba de ello es que, según el Foro Económico Mundial, Chile pasó de la posición número 40 en materia de eficiencia del gasto público el año 2009, a estar entre los 13 países más eficientes del mundo en su última medición del año 2013.
El Foro, en el que participaron expertos de distintas Administraciones Públicas, parlamentarios, profesores universitarios, juristas y directivos de organizaciones no gubernamentales, fue inaugurado por el Presidente del Senado de España, Pío García Escudero, en un acto en el que también participaron el Embajador de Chile en España, Sergio Romero Pizarro, y el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que pronunció la conferencia de apertura.
En su intervención el Presidente del Senado afirmó que la transparencia, además de estar al servicio del interés general de los ciudadanos, permite recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y “pone coto a cualquier subterfugio a la opacidad”, al tiempo que hizo un reconocimiento a la contribución de Chile al compartir con España la experiencia del desarrollo de la Ley de Transparencia de aquel país.
El foro estuvo estructurado en varias mesas redondas, en las que se fueron abordando los desafíos políticos, institucionales, de los Gobiernos Locales y de capacitación en el proceso de aplicación de la Ley de Transparencia. Las distintas visiones fueron analizadas por representantes de los dos países, desde el ámbito político parlamentario, el académico (con la participación destacada de las universidades Católica de Chile y de Alcalá de Henares), de los órganos de garantía y control de la transparencia y desde el ámbito jurídico.
La FEMP, en la vanguardia
El Vicepresidente de la FEMP intervino en la mesa sobre el desafío de los Gobiernos Locales, presidida por el Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, Jorge Jaraquemada; en la que también participaron el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Guevara; el Consejero de Administraciones Públicas de Extremadura, Pedro Nevado, y el Director de la empresa GUADALTEL (proveedor tecnológico de la Plataforma Transparencia de Chile), Kevin Guzmán.
Martínez Maíllo afirmó que habilitar procesos de transparencia "no va a ser fácil" y va a "suponer un tremendo desafío para las Entidades Locales". Por este motivo, indicó la importancia de unificar en un texto a modo de Ordenanza Tipo los criterios generales que sirvan de ayuda a los responsables municipales para cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley y a desarrollar sus principios inspiradores en sus Ayuntamientos. (La Ley establece un plazo de dos años para que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales se adapten a las obligaciones establecidas).
Asimismo, indicó que la FEMP se situó ya a la vanguardia en esta materia al haber aprobado su órgano rector en 2009 el denominado Código de Buen Gobierno cuyo contenido, en estos momentos, está en proceso de revisión para que pueda contribuir mejor a consolidar una ética pública común y exigente y servir para generalizar buenas prácticas en el sector público local.
El Vicepresidente de la FEMP puso de relieve, además, que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local también apuesta por la transparencia al obligar a las Corporaciones Locales a publicar anualmente el coste de los servicios que gestionan. Para Martínez Maíllo, esta fórmula permitirá a los ciudadanos poder evaluar la gestión municipal y servirá de acicate para que las Entidades Locales ofrezcan a sus vecinos unos servicios de más calidad.
Asimismo, el Presidente de la Diputación de Zamora calificó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de “muy exigente” y, en este sentido, señaló que los gestores públicos deberán “estar a la altura” de dichas exigencias y serán los ciudadanos quienes “les juzgarán”.
En este punto, recalcó que “hasta ahora las muestras de transparencia que podían verse en el sector público eran fruto de un ejercicio de voluntarismo”, mientras que, a partir de ahora, ha pasado a convertirse “en una exigencia legal”. Sin embargo, Martínez Maíllo matizó que han sido muchas las Entidades Locales que han puesto en marcha portales de transparencia en sus instituciones -tal y como ha hecho también la FEMP- por lo que, en su opinión, “la Ley ha entrado en vigor de facto antes de haber entrado en vigor de hecho”.
El Vicepresidente de la FEMP concluyó enfatizando que la Ley de Transparencia no debe, en ningún caso, ser vista por las Administraciones como una imposición carente de sentido sino que debe considerarse como “un instrumento para fortalecer las instituciones”.
Una conquista lenta
Los participantes en esta mesa coincidieron en que la implantación de la transparencia no se consigue de la noche a la mañana, sino día a día, mediante un cambio cultural que debe afectar al conjunto de la sociedad. El proceso es relativamente lento, porque exige adaptaciones técnicas y organizativas, así como campañas de sensibilización entre los ciudadanos, pero, a la vista de la experiencia chilena, supone un avance transcendental en la calidad democrática.
En diciembre de 2013, de los 345 municipios chilenos, 120 se habían incorporado ya, de forma voluntaria, al Portal Transparencia Chile, que se puso en marcha en abril de 2013. En él los ciudadanos pueden encontrar toda la información pública de los organismos regulados del país, solicitar información, hacer un seguimiento de sus solicitudes y reclamar ante el Consejo para la Transparencia –órgano que vela por el cumplimiento de la Ley- si un organismo no cumple los requisitos legales.
Para el Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y Alcalde de la Comuna de Lo Barnechea, Felipe Guevara, la diversidad existente entre las municipalidades chilenas está causando dificultades en la aplicación de la Ley, tanto de carácter técnico como económico y organizativo, porque cumplir sus requerimientos “exige detraer recursos destinados a otros fines”. Por tanto, a su juicio, es también un proceso caro, principalmente para las municipalidades de menos población.
Guevara se extendió en analizar otras dificultades como la instrumentalización política de la transparencia en periodos electorales o la no obligatoriedad de identificación a los demandantes de información que en momentos determinados pueden llegar a colapsar los servicios demandando información superflua. “El anonimato”, aseveró, “genera suspicacias”.
La identificación de los demandantes de información generó inquietud entre los participantes. Incluso, una de las mesas analizó algunos casos sobre los límites de la aplicación de la Ley de Transparencia en Chile y España, en la que participaron representantes de los municipios de Lo Barnechea y Madrid. Finalmente, quedó claro que las dudas a este respecto tendrán que resolverse en el desarrollo reglamentario de la propia Ley.
Felipe Guevara resaltó también que el Portal Transparencia se ha convertido en una fuente de información muy utilizada por los medios de comunicación que “continuamente establecen ránkings sobre cualquier cosa, pero no profundizan en lo que es la gestión global y lo que significa la transparencia”, dijo.
Convergencia normativa
Por su parte, el Consejero de Administración Pública de Extremadura, Pedro Nevado, aseguró que la transparencia está en la esencia de la democracia, y que ambos son los mejores agentes generadores de confianza entre los ciudadanos, algo importante, señaló, para evitar la “presunción de ilegalidad” que a veces se manifiesta en algunos grupos sociales.
Nevado se mostró partidario de la convergencia normativa en este asunto y por ello alabó la iniciativa de la FEMP de facilitar a los Gobiernos Locales unos criterios generales comunes para aplicarlos en sus ordenanzas.
Formación y capacitación
El último de los desafíos analizados fue el relativo a la formación y capacitación tanto de los empleados públicos como de los ciudadanos. En este sentido, el Director del Consejo para la Transparencia de Chile, Raúl Ferrada, explicó las resistencias que tuvieron que vencer para poner en marcha la Ley y las campañas realizadas, principalmente derivadas de la desconfianza de los ciudadanos hacia la información pública y su escasa conciencia sobre el derecho a la información. A pesar de todo, puede decirse que “los avances que se han producido han sido muy considerables”, afirmó. Los asuntos sobre los que se preocupan los ciudadanos chilenos son los relacionados con la educación, la vivienda y la salud.
Por su parte, el Director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, explicó los pasos ya dados por este organismo, entre otros, la inclusión de la transparencia en los planes de formación para empleados públicos, y la creación de un grupo de trabajo encargado de promover el cambio en las formas de abordar la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno entre los empleados públicos, y fomentar la confianza de los ciudadanos.
Arenilla anunció que ya está a punto el plan formativo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley y se está trabajando en la campaña informativa dirigida a los ciudadanos. Asimismo, anunció la incorporación del Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa al sector público estatal.
Fernando Martínez Maíllo. Foro Transparencia
