FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

La Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Vocal de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP, Mónica García Molina, intervino con una ponencia sobre la regulación del agua urbana desde la óptica de la Administración Local, en el marco de las jornadas de trabajo acerca de las distintas alternativas de gestión del ciclo integral del agua y la próxima regulación de esta materia que prepara el Gobierno.

Aunque la FEMP no ha fijado postura oficial sobre esta cuestión y, en concreto, sobre la existencia de un regulador de la transparencia y calidad de los servicios del ciclo integral del agua urbana, la representante de la Federación puso de manifiesto que el objetivo básico de las Administraciones Locales españolas es garantizar el acceso al agua potable de todos los ciudadanos, de forma que se satisfagan las necesidades básicas del uso del agua de toda la población, en condiciones adecuadas de cantidad y calidad.

Junto a este objetivo, los Ayuntamientos deben contribuir a la protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos y terrestres,  a través de una política eficiente en la prestación de los servicios públicos de gestión del agua y, finalmente, garantizar un correcto tratamiento de este recurso a un precio asequible, con independencia del lugar donde se resida.

Mónica García explicó que la prestación del servicio de abastecimiento de agua es responsabilidad de los 8.116 municipios de España y que las Corporaciones Locales lo prestan directamente o a través de una empresa pública o entidad local, lo que actualmente representa el 47% de la cuota de mercado, a través de concesiones a una sociedad mixta pública-privada (13%), o indirectamente a través de una empresa privada (36%) u otras formas (4%).

Es decir, casi la mitad de la población española recibe servicios de aguas a través de compañías privadas o mixtas público-privadas que operan con contratos de concesión con los municipios. Sin embargo, en los diferentes modelos de gestión privada del agua, los activos nunca se venden o transfieren a las empresas privadas que los prestan, por lo que “no se puede decir que en España exista, en realidad, un mercado privatizado sino un mercado de colaboración con participación público – privada”, comentó.

La Concejal de Pozuelo puso de manifiesto que en nuestro país, debido a que los servicios de abastecimiento de aguas son de competencia municipal, no existe un modelo de regulación de precios centralizado impuesto por un regulador nacional y que, por tanto, no hay uniformidad en el modelo de precios y el proceso de revisión de precios y tarifas a escala nacional, “lo que no impide la existencia de unos buenos niveles de eficacia en el sector”.

De hecho –subrayó- las concesiones de los servicios de abastecimiento de agua que se realizan por los municipios constituyen un duro proceso competitivo, donde la eficiencia y la excelencia operativa son claves y el contrato constituye, en sí mismo, un marco regulador en términos de desempeño, determinación de costes eficientes, modelos de tarifas, retorno de la inversión, asignación de riesgos. etc.

Modelo descentralizado

En definitiva, tal y como expuso Mónica García, España tiene un modelo descentralizado para la prestación de los servicios del ciclo integral del agua, donde las infraestructuras y las políticas de ajuste de precios son competencia de las Administraciones Municipales y Autonómicas;  a diferencia de otros países donde los reguladores nacionales establecen los planes de negocio para los operadores del sector del agua. Aquí, es el mercado de la competencia el que establece los objetivos del servicio y proporciona soluciones a la medida de los municipios.

En este escenario, apuntó la posibilidad de que, para no duplicar o crear nuevos organismos, fuera la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia la que asumiese las funciones de supervisión y control de la transparencia y de la calidad de los servicios y de las entidades prestadoras, con el fin de velar por el correcto funcionamiento de un mercado del ciclo integral de agua competitivo, transparente y de calidad, en beneficio de los ciudadanos.

Con independencia de lo centralizado o descentralizado del modelo,  “lo importante es que existan marcos regulatorios que garanticen los niveles de inversión requeridos, para que los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas mantengan unos niveles de calidad del servicio óptimos, que se basen en la innovación y el desarrollo, y que promuevan un uso sostenible del agua”, concluyó la representante de la FEMP.

Soluciones a las políticas del agua

En el Seminario se habló sobre la necesidad de regular el servicio de agua urbana y dieron a conocer las diferentes apuestas y experiencias que al respecto han adoptado algunos países de referencia, con intervenciones del Secretario de Estado del MAGRAMA, Federico Ramos, y del Presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Roque Gistau, entre otros; y sobre los modelos de regulación que existen en el mundo, con las experiencias de Portugal, Inglaterra, Gales, Dinamarca, Alemania y América Latina, expuestas por representantes de estos países.

En la Mesa sobre el futuro de la regulación en España, además de Mónica García, que habló en nombre de la Administración Local, intervinieron representantes y expertos de los diferentes sectores que participan de la gestión del agua: la Administración Central y CCAA, empresas del sector y organizaciones de consumidores.

 La intención de la reunión celebrada en la Universidad Politécnica de Valencia fue poner encima de la mesa los pros y contras de las diferentes alternativas que se barajan, antes de tomar decisiones importantes y partiendo del reconocimiento de que no existen soluciones mágicas que den respuesta a los retos inmediatos que plantea de la gestión integral del agua.

 Las sesiones de trabajo pusieron de manifiesto los problemas a los que la política del agua debe dar una respuesta satisfactoria, entre ellos el suministro de agua a los ciudadanos, así como la creciente complejidad de una tarea cuya última responsabilidad la tienen los Ayuntamientos.

 De ahí, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente esté estudiando la posibilidad de elaborar una Ley sobre el Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, que ayudaría a homologar la gestión del agua urbana en España, regulando la competencia del servicio de agua urbana  detentada por las Administraciones Locales y/o Regionales, al tiempo que trataría de solventar los actuales problemas de renovación de infraestructuras hídricas urbanas o heterogeneidad de la estructura tarifaria, entre otras cuestiones.

 Esta es la solución por la que han optado algunos  países, creando agencias reguladoras del servicio de agua urbano. En otros, sin embargo, son las empresas distribuidoras las que, a través de sus asociaciones, se imponen a sí mismas objetivos y mecanismos de control que garanticen un suministro de agua acorde con estándares de calidad propios de este siglo.