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Un nuevo modelo de gestión público-privado para las áreas comerciales urbanas
Cerca de cien expertos en comercio interior, convocados en Madrid por las Cámaras de Comercio, han propuesto la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de gestión para las áreas comerciales urbanas, basado en la cooperación público-privada. En concreto, piden un marco legal básico que garantice la cooperación de todos los agentes que intervienen en el desarrollo de esta actividad.
En España existen actualmente, según los datos manejados en este encuentro, cerca de 300 centros comerciales abiertos o urbanos que constituyen una “fórmula moderna y viable” para que el pequeño comercio mejore su capacidad de competir, tal y como expresaron muchos de los asistentes. Sin embargo, actualmente quedan por resolver algunos aspectos clave que, de hecho, provocan que muchas experiencias tengan graves dificultades para seguir avanzado.
Entre los problemas detectados destacan la ausencia de un marco legal que garantice la cooperación y participación de todos los sectores y agentes de la zona, un marco de financiación basado en el voluntarismo -insuficiente y demasiado dependiente de las aportaciones públicas- y una gerencia centrada en la gestión del “día a día”, con escasa capacidad de plantear proyectos estratégicos.
A todo esto, se añade un insuficiente nivel de representatividad, por el bajo nivel de asociacionismo y el descenso de las subvenciones públicas, provocado por las dificultades de financiación de las Administraciones Locales y Autonómicas.
El nuevo modelo de gestión
Los expertos, al menos los que participaron en el encuentro organizado por el Consejo de Cámaras de Comercio de España, consideran que el nuevo modelo de gestión de estos centros comerciales urbanos debe encaminarse hacia la autofinanciación, debido a la precariedad de las finanzas autonómicas y locales. Al mismo tiempo, ven necesario el planteamiento de iniciativas basadas en una visión estratégica común que involucre a lo público y lo privado.
Este planteamiento significa que, por un lado, las empresas deben tener un papel más activo en la mejora del entorno de sus negocios, como fuente de mejora competitiva. Por otro, el sector público debe ser capaz de orientar estos proyectos hacia el interés público y el bien común.
No obstante, estos mismos expertos afirman que el desarrollo de figuras de gestión con modelos de financiación privados no debe suponer una sustitución de los servicios públicos. Del mismo modo que las figuras organizativas sobre la que se asiente la gestión deben ser flexibles para poder ser adaptadas a las características específicas de cada realidad social y económica.
Las Cámaras de Comercio también jugarían un papel importante en el nuevo modelo de gestión, colaborando con las Administraciones en la definición de un marco legal básico, tanto a nivel estatal como autonómico, dando a conocer los modelos avanzados de gestión en zonas empresariales y participando en la puesta en marcha de estas iniciativas en zonas concretas, por medio de estudios de viabilidad, formación de gestores, asistencia técnica y con la supervisión de la gestión.
