FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Casi 1.500 Ayuntamientos se acogen al plan de pago a la SGAE
Un total de 1.493 Ayuntamientos han pagado, o están en trámite de hacerlo, sus deudas pendientes con la Sociedad General de Autores, tras acogerse al acuerdo alcanzado en su día por la FEMP y la SGAE para el aplazamiento del pago de sus compromisos pendientes en concepto de derechos de uso de la propiedad intelectual.
La FEMP ha dado a conocer el balance del acuerdo alcanzado a finales de 2012 con la Sociedad General de Autores para el aplazamiento de dichos pagos y que corresponde al periodo enero 2013 – enero 2014. Durante este tiempo, un total de 2.964 Entidades Locales han podido adherirse a esta iniciativa y a las condiciones estipuladas en dicho acuerdo.
Las condiciones para aplicar el plan de pago acordado con la SGAE precisaban que las Entidades locales debían tener una deuda superior al año y que la cantidad total superase los 500 y 3.000 euros según el número de habitantes de cada una.
Según el balance común, el 66% de esas 2.964 Corporaciones Locales, es decir 1.493, han aceptado las condiciones planteadas para saldar la deuda y, en estos momentos, o bien han pagado, o bien tienen los acuerdos formalizados o terminados o se encuentran en la fase de gestión. (Ver cuadro 1)
Los datos del estudio muestran también que el 85% de las Entidades Locales afectadas respondieron al planteamiento formulado por la SGAE y la FEMP y que de todas ellas sólo un 19%, 566 Ayuntamientos, dieron una respuesta negativa.
Condiciones beneficiosas
La Junta de Gobierno de la FEMP, celebrada el 29 de enero de 2013, aprobó un Acuerdo Marco para el aplazamiento de pagos destinado a aquellas Entidades Locales que pudieran tener deudas pendientes con la Sociedad General de Autores. Una iniciativa que ya venía recogida en una Resolución aprobada en la X Asamblea General de la Federación que instaba a “articular acuerdos que consigan bonificaciones ventajosas para los Ayuntamientos” en el uso de derechos conexos con la propiedad intelectual.
Este Acuerdo Marco ha permitido la adhesión voluntaria de cada Entidad Local y ser utilizado como referencia que obligaba a ambas partes a respetar las condiciones estipuladas durante la negociación de cada Entidad Local afectada con la entidad de gestión de derechos.
La FEMP considera que este acuerdo ha permitido aliviar el impacto financiero de las cantidades reclamadas por la SGAE, como consecuencia del uso del repertorio protegido por el derecho de autor y, de esta forma y, al mismo tiempo, resolver más de un millar de los procedimientos jurídicos abiertos hasta esa fecha.
Contenido del acuerdo
Los contenidos y condiciones generales del acuerdo suscrito con la Sociedad de Autores, que la FEMP trasladó al conjunto de sus asociados a comienzos de 2013, señalaban que las bonificaciones previstas se aplicarían a todas las Corporaciones Locales, tanto si estaban adheridas al Convenio FEMP-SGAE como si no, siempre que suscribieran en ese momento su incorporación y la voluntad de hacer uso del plan de pago acordado.
En las condiciones pactadas también figuraba que en el caso de que hubiera un procedimiento judicial abierto, éste quedaría suspendido, asumiendo la SGAE las costas judiciales en las que hubiera incurrido.
Del mismo modo, no se cobrarían los intereses de demora por las deudas no satisfechas, ni se cargarían intereses de financiación por el aplazamiento en los pagos. Por último, se acordaba que los importes correspondientes a derechos no facturados a la fecha, por falta de información para facturar, podían acumularse al importe de la deuda y beneficiarse de este plan de pagos.
Las condiciones para aplicar el plan de pago acordado con la SGAE precisaban que las Entidades locales debían tener una deuda superior al año y que la cantidad total superase los 500 y 3.000 euros según el número de habitantes de cada una.
Según el balance común, el 66% de esas 2.964 Corporaciones Locales, es decir 1.493, han aceptado las condiciones planteadas para saldar la deuda y, en estos momentos, o bien han pagado, o bien tienen los acuerdos formalizados o terminados o se encuentran en la fase de gestión. (Ver cuadro 1)
Los datos del estudio muestran también que el 85% de las Entidades Locales afectadas respondieron al planteamiento formulado por la SGAE y la FEMP y que de todas ellas sólo un 19%, 566 Ayuntamientos, dieron una respuesta negativa.
Condiciones beneficiosas
La Junta de Gobierno de la FEMP, celebrada el 29 de enero de 2013, aprobó un Acuerdo Marco para el aplazamiento de pagos destinado a aquellas Entidades Locales que pudieran tener deudas pendientes con la Sociedad General de Autores. Una iniciativa que ya venía recogida en una Resolución aprobada en la X Asamblea General de la Federación que instaba a “articular acuerdos que consigan bonificaciones ventajosas para los Ayuntamientos” en el uso de derechos conexos con la propiedad intelectual.
Este Acuerdo Marco ha permitido la adhesión voluntaria de cada Entidad Local y ser utilizado como referencia que obligaba a ambas partes a respetar las condiciones estipuladas durante la negociación de cada Entidad Local afectada con la entidad de gestión de derechos.
La FEMP considera que este acuerdo ha permitido aliviar el impacto financiero de las cantidades reclamadas por la SGAE, como consecuencia del uso del repertorio protegido por el derecho de autor y, de esta forma y, al mismo tiempo, resolver más de un millar de los procedimientos jurídicos abiertos hasta esa fecha.
Contenido del acuerdo
Los contenidos y condiciones generales del acuerdo suscrito con la Sociedad de Autores, que la FEMP trasladó al conjunto de sus asociados a comienzos de 2013, señalaban que las bonificaciones previstas se aplicarían a todas las Corporaciones Locales, tanto si estaban adheridas al Convenio FEMP-SGAE como si no, siempre que suscribieran en ese momento su incorporación y la voluntad de hacer uso del plan de pago acordado.
En las condiciones pactadas también figuraba que en el caso de que hubiera un procedimiento judicial abierto, éste quedaría suspendido, asumiendo la SGAE las costas judiciales en las que hubiera incurrido.
Del mismo modo, no se cobrarían los intereses de demora por las deudas no satisfechas, ni se cargarían intereses de financiación por el aplazamiento en los pagos. Por último, se acordaba que los importes correspondientes a derechos no facturados a la fecha, por falta de información para facturar, podían acumularse al importe de la deuda y beneficiarse de este plan de pagos.
