FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Medidas para facilitar la rehabilitación y la renovación urbana
Armonizar la actual dispersión normativa y fijar el concepto de rehabilitación, por un lado, resumir y agilizar los trámites de obtención de licencias, y dotar de recursos económicos a la política de rehabilitación y regeneración urbana, por otro. Estas son algunas de las medidas propuestas por el grupo de trabajo que ha analizado el escenario actual de la rehabilitación urbana y sus oportunidades, desde la perspectiva de la gestión municipal.
Representantes del ámbito municipal, del Ministerio de Fomento y de la FEMP han trabajado conjuntamente en un documento que plantea medidas normativas, administrativas y de gestión, para la financiación y desarrollo de las operaciones, y de formación y comunicación. Además, orienta para la toma de decisiones de inversión de la ciudadanía, el sector público y las entidades financieras.
Este grupo de trabajo fue creado en el marco del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la FEMP para la difusión de un nuevo modelo urbano basado en la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbanas, firmado el pasado 29 de octubre de 2013, con el objetivo de identificar tanto las oportunidades como los problemas que plantean en el ámbito local este tipo de actuaciones.
Armonización normativa
La primera de las medidas avanzadas es la que plantea una armonización de la actual dispersión normativa en lo que se refiere a la intervención en el parque edificado, así como la clarificación del concepto de rehabilitación, un objetivo prioritario de la normativa municipal, tomando como referencia el RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, trasladándolo a sus distintas normativas y ordenanzas.
La dispersión normativa afecta también a la concesión de licencias y seguimiento del proyecto, ya que según el concepto de rehabilitación que se aplique se otorga el tipo de licencia correspondiente. Por ello, los redactores del informe señalan la necesidad de diferenciar los diferentes tipos de actuación en renovación urbana: actuaciones públicas en remodelación de barrios, actuaciones urbanísticas de renovación del tejido urbano con participación privada, y programas de ayudas y estímulos a la rehabilitación privada de barrios, edificios y viviendas.
Dentro de este apartado normativo, los técnicos recomiendan, entre otras cuestiones, la adaptación y flexibilización de la normativa estatal, autonómica y municipal a la normativa comunitaria en materia de rehabilitación; y la elaboración de un modelo de ordenanza de rehabilitación y eficiencia energética, que refleje -como se recoge en la reciente modificación del Código Técnico de la Edificación- que es el técnico que redacta el proyecto quien asume la responsabilidad del mismo.
Además, consideran necesario que las rehabilitaciones cumplan con los requisitos actuales marcados por el Código Técnico de la Edificación (CTE), incluso rechazando la concesión de licencia a cualquier proyecto que incumpla con alguno de ellos. Del mismo modo, piden la adaptación gradual en la normativa estatal, autonómica y local del modelo de informe de la Inspección Técnica del Edificio (ITE) al modelo de Informe de Evaluación de Edificios (IEE).
Medidas administrativas y de gestión
El documento del grupo de trabajo pasa a continuación a desgranar las propuestas en materia administrativa y de gestión, proponiendo una reducción y agilización de los trámites de obtención de licencias para la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, por un lado, y la existencia de oficinas de información y gestión que ofrezcan información a los ciudadanos, comunidades de propietarios y empresas, coordinando la actuación de las distintas administraciones y departamentos implicado, por otro.
De esta forma, concluyen que sería necesario crear un órgano de gestión que tenga atribuidas todas las funciones relacionadas con las actuaciones de rehabilitación y que la existencia de este ente instrumental “es una pieza clave para el éxito de este tipo de actuaciones”, puesto que la inmensa mayoría de los promotores de las obras de rehabilitación son comunidades de propietarios o propietarios aislados, carentes de experiencia profesional en la materia.
Este órgano tendría la misión de informar y asesorar a los agentes privados, fomentar las actuaciones de rehabilitación, acompañar a los promotores en todo el proceso y mediar en los conflictos o desacuerdos que se produzcan entre los agentes privados, en especial, en las comunidades de propietarios. También intervendría en la tramitación de ayudas públicas y en la elaboración de programas de intervención.
Además de esta cuestión, el informe apunta la posibilidad de introducir a posibles operadores de servicios energéticos como elementos de implantación de medidas de control, inspección y gestión, de forma coordinada con las Administraciones Locales; así como la conservación y fomento del parque de viviendas municipales para que puedan utilizarse en los programas de realojo.
Finalmente, el grupo de trabajo plantea la creación de una Plataforma de Ayuntamientos por la rehabilitación para la puesta en común de experiencias mediante la creación de mecanismos de colaboración, que propicien el intercambio de información.
Financiación
Llegados a este punto, los redactores del estudio, exponen que, independientemente de todas las medidas de simplificación, agilización y concienciación, es oportuno reflexionar sobre la dificultad de llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, si los propietarios deben aportar recursos económicos en las operaciones.
Por ello, consideran necesario que existan créditos subsidiados y préstamos a bajo interés para propietarios, usuarios de viviendas y comunidades de propietarios. Como es lógico, aquí es fundamental que las entidades financieras faciliten fórmulas de financiación, como la posibilidad de créditos avalados en función de las cuotas de la comunidad, respaldado por el ICO o por fondos específicos.
Por otro lado, se pide la aplicación de medidas fiscales, como la reducción del IVA y del Impuesto de Sociedades, el aumento de la desgravación en el IRPF o la reducción o exención de la tasa por licencia de obras o del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), junto a otras ventajas fiscales.
Asimismo, consideran que las CCAA deberían incluir los programas de rehabilitación en los programas europeos FEDER y FSE, que se arbitren ayudas a Ayuntamientos para el Programa Ciudades Sostenibles incluido en el Plan Estatal 2013-2016 y que se relacionen posibles subvenciones municipales con la creación de puestos de trabajo de sectores de población con mayor dificultad.
Información y comunicación
Un aspecto importante sería, también, hacer llegar a todos los niveles sociales y agentes implicados que la rehabilitación y eficiencia energética afecta a todo el parque residencial, no sólo a las áreas históricas o degradadas.
En concreto, se recomienda la realización de campañas de información sobre las ayudas existentes y de sensibilización y concienciación de los propietarios hacia la responsabilidad de mantenimiento de sus viviendas.
Para facilitar toda esta tarea informativa, los redactores del trabajo sugieren la creación de una Plataforma de Municipios por la Rehabilitación Urbana, auspiciada desde la FEMP con la colaboración del Ministerio de Fomento, así como otras entidades que quisieran colaborar.
La FEMP también estaría implicada en otras medidas propuestas de información y formación de la Administración Local, la publicación de “buenas prácticas” o en jornadas de difusión.
Sobre el contenido de los mensajes, el documento considera importante priorizar los aspectos sociales de la rehabilitación, la cultura del mantenimiento o los beneficios y el ahorro real que reporta la rehabilitación energética.
Estrategias de negocio
Las medidas para desarrollar estrategias de negocio del sector hacia la rehabilitación y la eficiencia energéticas, ponen una especial atención a las necesidades de las comunidades de propietarios.
En primer término, abogan por la formación y orientación de las empresas de construcción para que sepan aprovechar “un modelo de negocio eficiente, tecnológico y sostenible”, así como para que adapten su estructura hacia una reconversión del empleo del sector por medio de la especialización y diversificación profesional.
Una medida concreta sería la creación de una plataforma, por parte de la Administración, los Colegios Profesionales, empresas y entidades financieras, con el fin de potenciar las empresas de servicios de mantenimiento, reconversión y rehabilitación, ajustadas a las demandas del mercado.
En definitiva, se trata de persuadir a las grandes empresas con una trayectoria acreditada en materia de construcción, para que evolucionen hacia un cambio de modelo de negocio, con fórmulas “asumibles” de financiación, y de favorecer la reconversión de empresas promotoras-constructoras en “gestores integrales de rehabilitación”.
Este grupo de trabajo fue creado en el marco del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la FEMP para la difusión de un nuevo modelo urbano basado en la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbanas, firmado el pasado 29 de octubre de 2013, con el objetivo de identificar tanto las oportunidades como los problemas que plantean en el ámbito local este tipo de actuaciones.
Armonización normativa
La primera de las medidas avanzadas es la que plantea una armonización de la actual dispersión normativa en lo que se refiere a la intervención en el parque edificado, así como la clarificación del concepto de rehabilitación, un objetivo prioritario de la normativa municipal, tomando como referencia el RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, trasladándolo a sus distintas normativas y ordenanzas.
La dispersión normativa afecta también a la concesión de licencias y seguimiento del proyecto, ya que según el concepto de rehabilitación que se aplique se otorga el tipo de licencia correspondiente. Por ello, los redactores del informe señalan la necesidad de diferenciar los diferentes tipos de actuación en renovación urbana: actuaciones públicas en remodelación de barrios, actuaciones urbanísticas de renovación del tejido urbano con participación privada, y programas de ayudas y estímulos a la rehabilitación privada de barrios, edificios y viviendas.
Dentro de este apartado normativo, los técnicos recomiendan, entre otras cuestiones, la adaptación y flexibilización de la normativa estatal, autonómica y municipal a la normativa comunitaria en materia de rehabilitación; y la elaboración de un modelo de ordenanza de rehabilitación y eficiencia energética, que refleje -como se recoge en la reciente modificación del Código Técnico de la Edificación- que es el técnico que redacta el proyecto quien asume la responsabilidad del mismo.
Además, consideran necesario que las rehabilitaciones cumplan con los requisitos actuales marcados por el Código Técnico de la Edificación (CTE), incluso rechazando la concesión de licencia a cualquier proyecto que incumpla con alguno de ellos. Del mismo modo, piden la adaptación gradual en la normativa estatal, autonómica y local del modelo de informe de la Inspección Técnica del Edificio (ITE) al modelo de Informe de Evaluación de Edificios (IEE).
Medidas administrativas y de gestión
El documento del grupo de trabajo pasa a continuación a desgranar las propuestas en materia administrativa y de gestión, proponiendo una reducción y agilización de los trámites de obtención de licencias para la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, por un lado, y la existencia de oficinas de información y gestión que ofrezcan información a los ciudadanos, comunidades de propietarios y empresas, coordinando la actuación de las distintas administraciones y departamentos implicado, por otro.
De esta forma, concluyen que sería necesario crear un órgano de gestión que tenga atribuidas todas las funciones relacionadas con las actuaciones de rehabilitación y que la existencia de este ente instrumental “es una pieza clave para el éxito de este tipo de actuaciones”, puesto que la inmensa mayoría de los promotores de las obras de rehabilitación son comunidades de propietarios o propietarios aislados, carentes de experiencia profesional en la materia.
Este órgano tendría la misión de informar y asesorar a los agentes privados, fomentar las actuaciones de rehabilitación, acompañar a los promotores en todo el proceso y mediar en los conflictos o desacuerdos que se produzcan entre los agentes privados, en especial, en las comunidades de propietarios. También intervendría en la tramitación de ayudas públicas y en la elaboración de programas de intervención.
Además de esta cuestión, el informe apunta la posibilidad de introducir a posibles operadores de servicios energéticos como elementos de implantación de medidas de control, inspección y gestión, de forma coordinada con las Administraciones Locales; así como la conservación y fomento del parque de viviendas municipales para que puedan utilizarse en los programas de realojo.
Finalmente, el grupo de trabajo plantea la creación de una Plataforma de Ayuntamientos por la rehabilitación para la puesta en común de experiencias mediante la creación de mecanismos de colaboración, que propicien el intercambio de información.
Financiación
Llegados a este punto, los redactores del estudio, exponen que, independientemente de todas las medidas de simplificación, agilización y concienciación, es oportuno reflexionar sobre la dificultad de llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, si los propietarios deben aportar recursos económicos en las operaciones.
Por ello, consideran necesario que existan créditos subsidiados y préstamos a bajo interés para propietarios, usuarios de viviendas y comunidades de propietarios. Como es lógico, aquí es fundamental que las entidades financieras faciliten fórmulas de financiación, como la posibilidad de créditos avalados en función de las cuotas de la comunidad, respaldado por el ICO o por fondos específicos.
Por otro lado, se pide la aplicación de medidas fiscales, como la reducción del IVA y del Impuesto de Sociedades, el aumento de la desgravación en el IRPF o la reducción o exención de la tasa por licencia de obras o del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), junto a otras ventajas fiscales.
Asimismo, consideran que las CCAA deberían incluir los programas de rehabilitación en los programas europeos FEDER y FSE, que se arbitren ayudas a Ayuntamientos para el Programa Ciudades Sostenibles incluido en el Plan Estatal 2013-2016 y que se relacionen posibles subvenciones municipales con la creación de puestos de trabajo de sectores de población con mayor dificultad.
Información y comunicación
Un aspecto importante sería, también, hacer llegar a todos los niveles sociales y agentes implicados que la rehabilitación y eficiencia energética afecta a todo el parque residencial, no sólo a las áreas históricas o degradadas.
En concreto, se recomienda la realización de campañas de información sobre las ayudas existentes y de sensibilización y concienciación de los propietarios hacia la responsabilidad de mantenimiento de sus viviendas.
Para facilitar toda esta tarea informativa, los redactores del trabajo sugieren la creación de una Plataforma de Municipios por la Rehabilitación Urbana, auspiciada desde la FEMP con la colaboración del Ministerio de Fomento, así como otras entidades que quisieran colaborar.
La FEMP también estaría implicada en otras medidas propuestas de información y formación de la Administración Local, la publicación de “buenas prácticas” o en jornadas de difusión.
Sobre el contenido de los mensajes, el documento considera importante priorizar los aspectos sociales de la rehabilitación, la cultura del mantenimiento o los beneficios y el ahorro real que reporta la rehabilitación energética.
Estrategias de negocio
Las medidas para desarrollar estrategias de negocio del sector hacia la rehabilitación y la eficiencia energéticas, ponen una especial atención a las necesidades de las comunidades de propietarios.
En primer término, abogan por la formación y orientación de las empresas de construcción para que sepan aprovechar “un modelo de negocio eficiente, tecnológico y sostenible”, así como para que adapten su estructura hacia una reconversión del empleo del sector por medio de la especialización y diversificación profesional.
Una medida concreta sería la creación de una plataforma, por parte de la Administración, los Colegios Profesionales, empresas y entidades financieras, con el fin de potenciar las empresas de servicios de mantenimiento, reconversión y rehabilitación, ajustadas a las demandas del mercado.
En definitiva, se trata de persuadir a las grandes empresas con una trayectoria acreditada en materia de construcción, para que evolucionen hacia un cambio de modelo de negocio, con fórmulas “asumibles” de financiación, y de favorecer la reconversión de empresas promotoras-constructoras en “gestores integrales de rehabilitación”.
