FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Objetivo prioritario para el año nuevo: la financiación local
La FEMP exige la apertura inmediata de una mesa de negociación para la financiación local. 2017 se cierra en la FEMP con demandas de tipo económico, algunas ya conocidas, como la flexibilización de la regla de gasto o el destino del superávit, y otras también conocidas, pero con matices más concretos. La demanda de una normativa de financiación local que se negocie y elabore de forma paralela y simultánea a la financiación autonómica llevó a la Federación a pedir la apertura inmediata de una mesa de negociación y la convocatoria de una CNAL; y en el marco de urgencias, las plusvalías: la FEMP ya remitió los nuevos puntos de su propuesta y pide solución rápida.
El pasado 19 de diciembre, en el marco de la Junta de Gobierno y del Consejo Territorial de la Federación, el Presiden-te, Abel Caballero, lamentaba que los avances que se van produciendo en la financiación autonómica no se produzcan al mismo ritmo en el ámbito local cuando, desde el primer momento, existió el compromiso de trabajar en ambas materias al mismo tiempo. Y en consecuencia, anunció, la FEMP solicitaba al Ministerio de Hacienda y Función Pública una reunión, antes de que acabe el año, para constituir “de manera inmediata” una mesa negociadora de la nueva financiación local.
“Tenemos que ir todos juntos porque si no, nos quedaremos fuera”, insistió el Presidente ante los órganos de Gobierno de la Federación que, sobre esta materia, acordaron además pedir la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para abordar esa futura ley de Financiación que, según destacó Caballero, es el principal objetivo de las Entidades Locales para 2018.
Esta norma ha sido objeto de un extenso trabajo a lo largo de 2017, año en el que el Grupo creado al efecto y constituido por diez expertos (cinco propuestos por la FEMP y otros tantos por el Gobierno) ha avanzado las líneas de lo que podría ser ese futuro modelo, líneas que deberán trabajarse ahora con la Federación de cara a elaborar una ley que recoja de forma real y adecuada los recursos con los que cuentan los Consistorios para dar cobertura a los servicios y competencias que tienen asignados. En todo caso, y a la par que las propuestas de los expertos, el principal objetivo es, vuelve a ser o sigue siendo, una mayor participación de los Ingresos del Estado: aquella reivindicación no satisfecha y constantemente reiterada del 50-25-25.
Plusvalías: la propuesta FEMP
Esa futura nueva ley de financiación también ha de regular otras cuestiones, una de ellas, quizá la más urgente, la relacionada con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Impuesto sobre plusvalías.
La Sentencia emitida hace unos me-ses por el Tribunal Constitucional declaraba “inconstitucionales y nulos” varios artículos del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en la medida que sometían a tributación por plusvalías “situaciones de inexistencia de incrementos de valor”, y urgía al legislador a corregir esta situación con la incorporación de las reformas nor-mativas correspondientes.
Para los Ayuntamientos, la primera consecuencia fue la indefinición sobre si aplicar o no el impuesto y cómo hacerlo, las pérdidas recaudatorias que podría ocasionar, la ausencia de pautas sobre si existía o no obligación de devolver a los contribuyentes la cantidad cobrada… Por todo ello, desde la FEMP se urgió al Gobierno a poner en marcha el proceso de modificación de la Ley. La Federación aportó dos propuestas al respecto y ha venido manteniendo su disposición a colaborar para dar solución en el plazo más breve posible a esta cuestión.
De hecho, esta cuestión ha sido una de las presentes con mayor frecuencia en el Orden del Día de las diversas reuniones de la Junta de Gobierno y del Consejo Territorial. Tras las de 19 de diciembre, la Federación entregó al Ministerio de Hacienda y Función Pública su última propuesta y solicitó mantener un encuentro para cerrar “cuanto antes” una solución “que permita a Ayuntamientos y contribuyentes salir de la situación de indefensión en la que se encuentran” a la hora de afrontar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, según subrayó el Presidente, Abel Caballero.
La propuesta de la FEMP destaca, entre otros aspectos, los siguientes:
“Tenemos que ir todos juntos porque si no, nos quedaremos fuera”, insistió el Presidente ante los órganos de Gobierno de la Federación que, sobre esta materia, acordaron además pedir la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para abordar esa futura ley de Financiación que, según destacó Caballero, es el principal objetivo de las Entidades Locales para 2018.
Esta norma ha sido objeto de un extenso trabajo a lo largo de 2017, año en el que el Grupo creado al efecto y constituido por diez expertos (cinco propuestos por la FEMP y otros tantos por el Gobierno) ha avanzado las líneas de lo que podría ser ese futuro modelo, líneas que deberán trabajarse ahora con la Federación de cara a elaborar una ley que recoja de forma real y adecuada los recursos con los que cuentan los Consistorios para dar cobertura a los servicios y competencias que tienen asignados. En todo caso, y a la par que las propuestas de los expertos, el principal objetivo es, vuelve a ser o sigue siendo, una mayor participación de los Ingresos del Estado: aquella reivindicación no satisfecha y constantemente reiterada del 50-25-25.
Plusvalías: la propuesta FEMP
Esa futura nueva ley de financiación también ha de regular otras cuestiones, una de ellas, quizá la más urgente, la relacionada con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Impuesto sobre plusvalías.
La Sentencia emitida hace unos me-ses por el Tribunal Constitucional declaraba “inconstitucionales y nulos” varios artículos del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en la medida que sometían a tributación por plusvalías “situaciones de inexistencia de incrementos de valor”, y urgía al legislador a corregir esta situación con la incorporación de las reformas nor-mativas correspondientes.
Para los Ayuntamientos, la primera consecuencia fue la indefinición sobre si aplicar o no el impuesto y cómo hacerlo, las pérdidas recaudatorias que podría ocasionar, la ausencia de pautas sobre si existía o no obligación de devolver a los contribuyentes la cantidad cobrada… Por todo ello, desde la FEMP se urgió al Gobierno a poner en marcha el proceso de modificación de la Ley. La Federación aportó dos propuestas al respecto y ha venido manteniendo su disposición a colaborar para dar solución en el plazo más breve posible a esta cuestión.
De hecho, esta cuestión ha sido una de las presentes con mayor frecuencia en el Orden del Día de las diversas reuniones de la Junta de Gobierno y del Consejo Territorial. Tras las de 19 de diciembre, la Federación entregó al Ministerio de Hacienda y Función Pública su última propuesta y solicitó mantener un encuentro para cerrar “cuanto antes” una solución “que permita a Ayuntamientos y contribuyentes salir de la situación de indefensión en la que se encuentran” a la hora de afrontar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, según subrayó el Presidente, Abel Caballero.
La propuesta de la FEMP destaca, entre otros aspectos, los siguientes:
- Promover la reforma del impuesto a la mayor brevedad posible, para acabar con la inseguridad jurídica en la que se encuentran Ayuntamientos y ciudadanos. Respecto del tipo de norma para tramitar la reforma, “Proyec-to de Ley” o “Real Decreto Ley”, en el caso de optar por este último el texto normativo debe ser consensuado con la FEMP.
- Solicitar al Gobierno una nueva reunión, que debe ser definitiva, para terminar de ver si hay alguna posibilidad de que se establezcan unos coeficientes máximos que afecten menos a la recaudación municipal.
- Establecer un régimen transitorio para dar respuesta a las situaciones de inexistencia de incremento de va-lor producidas antes de 15 de junio de 2017, y que sean susceptibles de ser revisadas.
- Compensar a los Ayuntamietnos que a la fecha de publicación de la Sentencia estuvieran gestionando el impuesto, por la pérdida global de recaudación derivada de la aplicación de la Sentencia.
Regla de Gasto y superávit
La flexibilización de la Regla de Gasto ha sido otro de los asuntos abordados en la Federación a lo largo de este año y otros anteriores. Se trata de una demanda formulada reiteradamente que, de manera sencilla, se resume en la propuesta de que el techo de gasto para un ejercicio se calcule sobre el presupuesto aprobado en el ejercicio precedente y no sobre el finalmente ejecutado, tal y como se viene haciendo. Esta dinámica de cálculo, ha subrayado el Presidente en repeti-das ocasiones, “penaliza el ahorro y la buena gestión” de los Consistorios, y les limita a la hora de confeccionar su presupuesto.
Sobre esta cuestión, Abel Caballero valoró positivamente la moción aprobada el pasado 30 de noviembre en el Pleno del Congreso de los Diputados relativa a la regla de gasto y la utilización del superávit de las Entidades Locales. La moción, propuesta a iniciativa del PSOE, contó con el apoyo de Unidos Podemos, y plantea “promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea”.
La reforma a la que se refiere contem-pla eximir de la aplicación de la regla de gasto a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas, y plantea, además, que esas Entidades saneadas puedan destinar el superávit “a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de igualdad, políticas de juventud”.
Al respecto, desde la FEMP se insistió en que las decisiones de racionalización de techo de gasto se tomen ya y se tomen en función de la eficiencia. El Presidente exigió al Gobierno que “haga caso al Parlamento y aplique lo contemplado en el texto, tal y como llevamos meses y meses reclamando desde la FEMP y desde todos los Ayuntamientos. Queremos que en 2018 es-tas decisiones se pongan en marcha”.
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