FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

28 Noviembre 2020

Luz verde al uso de remanentes

Alrededor de 14.000 millones de euros es la cifra que casi 7.800 Ayuntamientos y numerosos Gobiernos Provinciales e Insulares han ahorrado desde 2012. Son remanentes de tesorería, un recurso depositado en bancos que, hasta ahora, los Gobiernos Locales no podían utilizar por incurrir en déficit. El 30 de septiembre el Gobierno anunció la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales dentro del capítulo de medidas extraordinarias frente a la pandemia, y una de las consecuencias de esa suspensión es que los Gobiernos Locales ya pueden recurrir a sus remanentes. Esos 14.000 millones entran en circulación para impulsar en 2020 y en 2021 la reconstrucción económica y social y mejorar la vida de los ciudadanos.



Los Gobiernos Locales podrán usar sus remanentes en 2020 y 2021. 14.000 millones de euros, aproximadamente, podrán ser utilizados por los Gobiernos Locales para impulsar en sus territorios la reconstrucción social y económica, para mejorar los servicios que ofrecen a sus ciudadanos. Una “magnífica noticia”, en palabras del Presidente de la FEMP, Abel Caballero, que realizaba una valoración muy positiva de la misma poco tiempo después de que la Ministra, María Jesús Montero, la hiciese pública.
 
El uso de los remanentes de tesorería, una demanda histórica de la FEMP y que ha venido cobrando especial relevancia durante la pandemia tal y como se reflejó en los sucesivos documentos de trabajo aprobados y remitidos el Gobierno, vendrá a aliviar la situación ocasionada por la COVID-19 en los casi 7.800 Ayuntamientos y un buen número de Gobiernos Provinciales e Insulares que cuentan con este recurso. Y la luz verde a su uso es el resultado de la suspensión de aplicación de las reglas fiscales decidida por el Ejecutivo que trae consigo otra serie de ventajas para las Entidades Territoriales.
 
Medidas extraordinarias
 
Suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y en 2021 implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en estos dos ejercicios. Dicha suspensión fue una decisión del Ejecutivo en línea con las acciones adoptadas en el ámbito de la Unión Europea (ver cuadro), y su objetivo general, según señaló Hacienda, es “dar a las Administraciones Públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las empresas”.
 
La medida adoptada supone que quedan suspendidos tanto los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, como los fijados para el período 2021-2023 aprobados por las Cortes Generales en marzo y que habían quedado desfasados en la situación actual. A pesar de ello, existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios, según detalla el Ministerio de María Jesús Montero.
 
De manera más concreta, dejar sin efecto los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020 y para 2021 implica que “deben considerarse superados” los Planes Económico Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales para los dos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019.
 
Queda también en suspenso la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aunque esta opción sigue considerándose deseable. Para las Entidades Locales, los objetivos de estabilidad ya no supondrán un límite al destino del superávit a la hora de financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).
 
El Ministerio señala que, en cualquier caso, “aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibro de las finanzas públicas“.
 
Y añade que “de hecho, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales. Así, se mantienen en 2020 los términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las CCAA y EELL, y se mantienen en vigor las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su cumplimiento”. A juicio del Ejecutivo, en la actualidad reducir los plazos de pago a proveedores es más importante que nunca y, por ello, se ofrecen facilidades para que Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales accedan a recursos.
 
Valoración muy favorable de la FEMP
 
El papel desempeñado por los Gobiernos Locales durante la pandemia ha sido ampliamente reconocido; sin embargo, ha representado un esfuerzo que, desde un primer momento, ha llevado a la FEMP a insistir sobre la necesidad del uso de los remanentes. Para Abel Caballero, la posibilidad abierta ahora implica que, durante los dos próximos años, “podremos utilizar nuestros remanentes sin ningún límite de regla fiscal, sin limitación por techo de gasto ni en términos de estabilidad presupuestaria. Podremos tener un déficit en tanto se financie con remanentes”. “Simplemente haciendo los proyectos y llevando adelante el gasto, una parte relacionada con los gastos de COVID y otra con la activación social y económica de los municipios”.
 
El Presidente manifestó que, tras el avance de los remanentes y de las demás cuestiones derivadas de la suspensión de las reglas fiscales, “el diálogo de la FEMP con Hacienda continúa para otros asuntos que están encima de la mesa, asuntos como las entregas a cuenta, la liquidación de 2018, que ha de aprobarse este año, y que es para todos los Ayuntamientos; y el fondo de transporte, entre otros”.
 
En su primera intervención tras el anuncio de la Ministra, Caballero aseguró que “entramos en una nueva etapa; hoy, de momento, disponemos de 14.000 millones de euros más”. 
 
Sala de reuniones Junta de Gobierno

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Carta Local nº 339, octubre 2020.pdf