La FEMP sitúa la despoblación en la agenda política europea
El cambio demográfico y su consecuencia, la despoblación, adquieren por primera vez protagonismo como asunto de Estado en la agenda continental. El Parlamento Europeo ha aprobado una Resolución en la que, entre otras cuestiones, demanda más ayudas comunitarias a las regiones de la UE con población envejecida, baja natalidad y éxodo de jóvenes.
Los eurodiputados quieren un mejor uso de las políticas y fondos de cohesión así como una política demográfica europea que ponga el foco en todos los territorios que actualmente se enfrentan a desequilibrios demográficos. El objetivo es afrontar los principales motivos que explican la disminución de la población en muchas regiones europeas, como el envejecimiento, la reducida natalidad y la escasez de trabajadores cualificados, pero también la falta de perspectivas de empleo que hace que los jóvenes emigren.
La Resolución, adoptada con 506 votos a favor, 103 en contra y 77 abstenciones, fue elaborada por la Comisión encargada de la Estrategia Demográfica y defendida por la Presidenta de la delegación española del Grupo Socialista, Iratxe García. Gran parte de su contenido está basado en una propuesta de la FEMP.
El documento, que no tiene carácter legislativo, plantea que a la hora de definir y establecer esas políticas y las ayudas correspondientes se tengan en cuenta no sólo criterios económicos, como el PIB, sino también los demográficos, como la dispersión o envejecimiento de la población; y que se incluyan en los presupuestos partidas específicas contra la despoblación, en particular en materia de cohesión, empleo, agricultura, medio ambiente, sociedad de la información, I+D, empleo, educación, política social o transporte.
La eurodiputada Iratxe García, responsable del informe, defendió la propuesta ante el Pleno del Parlamento de Estrasburgo aduciendo que “el cambio demográfico resulta crucial para el futuro de la UE” y demandando “un marco legislativo para determinar con precisión qué regiones están afectadas por la despoblación y deben por tanto beneficiarse de un trato prioritario”. Al mismo tiempo, señaló que “debemos contar con créditos presupuestarios en todos los fondos estructurales, y el PIB no debe ser el único criterio”.
El texto de la Resolución considera que en el diseño de las políticas y del nuevo enfoque del cambio demográfico debe incluirse la participación de las autoridades regionales y locales; además de prestar una “atención particular” a las zonas rurales que afrontan estos problemas de una forma especialmente acuciante y de destacar la importancia de una “cooperación reforzada” entre las zonas rurales y las áreas urbanas.
En el documento, en suma, se pide a la Unión Europea una mayor coordinación de sus políticas, fondos estructurales e inversiones, con el fin de atajar de forma efectiva la despoblación que sufren algunos de sus territorios, en particular una parte importante de la geografía española. Según un estudio reciente del Parlamento Europeo, las áreas más afectadas por la despoblación se sitúan en Europa central, este de Alemania, sur de Italia y norte de España.
Las previsiones publicadas por Eurostat muestran una Europa que envejece, con una cuota de población activa que pasará del 65,5% de la población total en 2015 al 56,2% en 2080, mientras que el porcentaje de personas de más de 65 años aumentará del 18,9% en 2015 al 28,7% en 2080.
El documento aprobado en Estrasburgo, con vistas a su conversión en Directivas de la Comisión Europea, está basado en los informes que ha elaborado la FEMP a través de su Comisión de Despoblación, informes que son también materia de trabajo en la Comisión Nacional para el Reto Demográfico.
Demandas vitales
La FEMP considera que la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo incluye demandas vitales para el futuro a medio y largo plazo de los territorios y municipios afectados por la sangría de la despoblación, puesto que permitiría la llegada de fondos finalistas a los Ayuntamientos, la simplificación de los trámites, y la búsqueda de herramientas para facilitar la cofinanciación por parte de los pequeños municipios.
En concreto, el texto avala que los fondos estructurales (FEDER) y otros como el Fondo Social Europeo (FSE) sean finalistas y lleguen de forma directa a las autoridades locales y regionales, lo que permitirá a los Ayuntamientos acceder a las ayu das sin la intermediación de las Comunidades Autónomas, asegurando que la inversión europea cumple sus objetivos de acción. “La clave es que los fondos lleguen realmente donde se precisan y no se ‘perviertan’ por el camino”, ha explicado el Alcalde de Soria y Vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Carlos Martínez.
Precisamente, Carlos Martínez fue uno de los impulsores de esta iniciativa, asumida por el CMRE para defender ante la UE la igualdad de derechos de los ciudadanos de los territorios europeos más despoblados y que se les tenga en cuen ta a la hora de establecer el reparto de los fondos comunitarios.
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Iratxe Garcia